Estos son los chats entre Sneyder Pinilla y funcionarios de los municipios que recibirían los $92.000 millones que costaron los votos de un grupo de congresistas

TAN PRONTO Sneyder Pinilla recibió la orden de Olmedo López de gestionar contratos por 92.000 millones de pesos para congresistas a cambio de sus votos a favor de las iniciativas del Gobierno Petro, entró en contacto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pinilla le pidió los números de tres contactos de los municipios mencionados para hablar con ellos y buscar una solución rápida y efectiva.

Así, Pinilla recibió en menos de cinco minutos los contactos del alcalde de El Salado, Juan Carlos Torres; del funcionario de la Alcaldía de Cotorra, Harry Bejarano, integrante del equipo técnico, y del contratista Camilo Díaz, de Saravena.

Acto seguido, como lo revelan los registros de WhatsApp en poder de SEMANA, Pinilla buscó obtener más información sobre los contratos. En estas conversaciones, los funcionarios le enviaron la documentación a Pinilla, quien se comprometió a darles el impulso que necesitaban.

En la oficina del subdirector de la UNGRD, como quedó reseñado en las conversaciones, se adelantaron varias reuniones con los delegados de las Alcaldías para ir cerrando la entrega de los contratos. Para cuadrar todo esto fue clave la participación de Jaime Ramírez Cobo, uno de los asesores de la Presidencia, que manejaba la agenda en el Congreso y convocaba las reuniones necesarias.

De su chat personal quedaron marcadas las reuniones con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El 21 de diciembre, la asesora del ministro le expuso al subdirector de la UNGRD su preocupación por el tema: “Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance?”. Pinilla le aseguró que ya “los tres municipios le enviaron algo de información”. “Se les está pidiendo corregir unas cosas”, esperando que lo enviaran antes de que se acabara el año.

El mensaje le dio un parte de tranquilidad a Benavides, quien le pidió a Pinilla confirmar todo: “¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimento? (sic)”, le preguntó la asesora, revelando así que Bonilla quería estar al tanto de todo. Frente a este interrogante, Pinilla le advirtió que ya estaba hablando con los “tres actores” y que estaba en curso todo aquello que tenía que ver con la parte técnica de los contratos.

“Y ya esta semana sale el CDP de los tres procesos”. Se trata de los certificados de disponibilidad presupuestal.“¿Cómo van los temas del ministro?”El 16 enero de 2024, las conversaciones entre María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla se reanudaron. En el primer cruce de mensajes, la asesora del ministro le puso de presente la preocupación por los tres proyectos.

El subdirector de la UNGRD le explicó la situación y aseguró que por las fiestas de fin de año hasta ahora se iban a reactivar las actividades en la entidad. “¿Qué le digo al ministro?”, le preguntó afanosamente la asesora. Siete días después, Benavides le escribió insistentemente a Pinilla para que la pusiera al tanto de la situación y le diera las novedades.

“¿Quería preguntarle cómo van los temas del ministro?”. Curiosamente, no obtuvo ningún tipo de respuesta del funcionario. El 14 de febrero, ya con más confianza y con los ánimos más calmados, la asesora le volvió a preguntar por el caso. “¿Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro?”, debido a que alguien les había dicho que desde diciembre “no se mueve nada”.

El subdirector de la UNGRD le entregó un detallado informe del contrato de Cotorra, a lo que la asesora le preguntó por los otros dos sin obtener respuesta. Al otro día, Benavides le volvió a escribir para recibir las novedades. “Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de El Salado y Saravena”.

Los tres contratos En la información que le compartió el mismo Olmedo López, entonces director de la UNGRD, a Pinilla quedó establecido el objeto de los contratos y los valores de cada uno. El de Cotorra, en Córdoba, tenía el objetivo de hacer obras de intervención correctiva para la recuperación del sistema integral del drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú hasta el casco urbano, por un costo de 50.000 millones de pesos.

El contrato de El Saldado, en Bolívar, buscaba la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento. El convenio tenía un costo de 12.356 millones de pesos.

Por último, en Saravena, Arauca, el contrato por 30.000 millones de pesos tenía como objetivo la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba. Sneyder Pinilla entregó todas estas evidencias a la Fiscalía, que investiga este escándalo de corrupción. Al igual que Olmedo López, espera un principio de oportunidad y le propuso a la Fiscalía cumplir una pena de cinco años, privativa de la libertad, en una guarnición militar.

El próximo jueves 25 de julio, la Fiscalía imputará a López y Pinilla los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Los dos testigos que se autoincriminaron esperan tener todas las garantías jurídicas y de seguridad para seguirles contando la verdad a la Justicia y al país sobre el peor escándalo de corrupción que hasta ahora ha sacudido al Gobierno Petro.