Tres magistrados auxiliares habrían sido ‘chuzados’ por órganos del Estado; así se dieron cuenta de las presuntas interceptaciones

Durante una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, dio explicaciones sobre la grave denuncia que reveló en SEMANA alrededor de las chuzadas que habría sufrido contra sus comunicaciones, de las que también habrían sido objetivo algunos de los magistrados auxiliares de su despacho.

En dicha declaración, el magistrado Ibáñez aseguró que “tres de cuatro″ magistrados auxiliares de su despacho habrían reportado inconsistencias en sus comunicaciones. Lo que encendió más las alarmas al tener presente que el 75 % de esos funcionarios habrían sido objeto de escuchas.

“Al comienzo estábamos reportando algunas situaciones que podían dar lugar a problemas técnicos de un equipo, problemas técnicos de un aparato telefónico. Ya después de que hemos analizado una serie de situaciones que nos permiten concluir que son irregulares y que no son problemas de defecto técnico o de otra naturaleza, sino que es una situación distinta, eso nos permite acumular esa información y, con base en eso, ponerla en información de la Corte (Constitucional)”, explicó el magistrado Ibáñez.

El vicepresidente de la Corte Constitucional también explicó que –por prevención– se han tomado ciertas medidas con las comunicaciones de su esposa y de sus magistrados auxiliares. Pero por el momento, todos esos hechos están en manos de la Fiscalía General de la Nación, situación por la que no entregó detalles sobre cómo se habrían presentado las “situaciones irregulares”.

Ibáñez explicó: “Cuando se hace una intervención telefónica se hace en un momento y se levanta en segundos. Depende del medio tecnológico, aquí no requieren equipos sofisticados. A la gente le interesa intervenir las comunicaciones para romper la comunicación y saber uno qué esta hablando”.

Desde que Ibáñez denunció las irregularidades que estarían sucediendo con su comunicación, ni el director de la Dirección de Inteligencia, Carlos Ramón González, ni el presidente Gustavo Petro se han comunicado con el vicepresidente de la Corte Constitucional.

El togado explicó que desde hace varios meses tenía la sospecha de que estaba siendo monitoreado y sus conversaciones, escuchadas. Por esa razón, tomó la decisión de avisarle al magistrado José Fernando Reyes, el presidente de la Corte Constitucional, quien llevó el caso hasta la Fiscalía General de la Nación para que iniciaran las respectivas investigaciones.

La propia fiscal Luz Adriana Camargo se desplazó hasta el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, el pasado miércoles 19 de junio, para conocer de primera mano la delicada situación de la que estaría siendo víctima el magistrado Ibáñez y que hasta habría llegado a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Una semana después de que se conocieran las supuestas chuzadas a magistrados, el director de la DNI, Carlos Ramón González, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para hablar sobre las interceptaciones ilegales que hoy vuelven a poner tensión en la relación entre el Gobierno Petro y las altas cortes.

El líder de la Dirección Nacional de Inteligencia aseguró sobre el caso de las chuzadas que “son rumores. No hay una sola denuncia específica, solamente ahora el magistrado Ibáñez (vicepresidente de la Corte Constitucional) puso sobre la mesa unas informaciones que ya la Fiscalía está investigando y que seguramente va a dar resultados en los próximos días. Lo demás es el llamado que les hago a todos los magistrados que se sientan chuzados que, por favor, pongan en conocimiento de las autoridades de manera inmediata para que se pueda investigar y sancionar de manera drástica o como corresponde a los culpables”.

Así mismo, confirmó que el Gobierno nacional, las altas cortes y la fiscal general de la nación se reunirán para tratar el tema de las chuzadas. Así mismo, propuso crear una comisión que les haga seguimiento a las labores de inteligencia en el país.

“Creemos una comisión judicial para el seguimiento de las actividades de inteligencia, más allá de la competencia de los jueces para autorizar investigaciones. Que no sea un escándalo más, sino que se creen los controles efectivos para que esto no vuelva a pasar”, dijo González.

Pero lo delicado es que el propio director de la Dirección Nacional de Inteligencia advirtió que en la reunión que sostuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, en el Palacio de Justicia, este último le manifestó que varios togados de ese alto tribunal también tienen el temor de que sus comunicaciones estén siendo interceptadas.