Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, habla de los retos del sector eléctrico para este año

Iba a ser un año espectacular. En 2023 íbamos a llegar a los 3 billones de pesos en utilidades. Desafortunadamente, con la desgracia de Windpeshi –un parque eólico en La Guajira cuyo desarrollo se suspendió indefinidamente– Enel tuvo un mal año. Ahí se nos fue un dinero y llegamos a 2,7 billones. El grupo mantiene el dividendo y una gestión muy sana, pero iba a ser un año glorioso. Desafortunadamente, el país perdió uno de los proyectos más importantes de generación eólica en La Guajira, y el impacto fue inmenso. Más de un billón de pesos que se perdieron allá”.

La descripción la hace Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), al referirse a los resultados de esta organización el año pasado, que han estado enmarcados en áreas que, hoy por hoy, tienen retos significativos en el campo energético, en medio de la transición, con un intenso fenómeno de El Niño y tensiones sociales y ambientales que han dejado en evidencia la vulnerabilidad del sistema para los próximos años, reviviendo, además, los fantasmas de un apagón.

Ortega advierte que los proyectos industriales en el occidente de Bogotá, centros de distribución como el de Falabella y cerca de 37.000 viviendas nuevas no tienen garantizado el servicio de energía por los retrasos que hoy registran las líneas de transmisión que alimentan a la capital y a la sabana.

“En alguna medida, ya estamos en un racionamiento en Bogotá. Los proyectos industriales nuevos que se están haciendo en el occidente y en el norte no van a tener electricidad. No tenemos forma de traerla al centro del país, y lo que podemos generar, que es lo que tiene Guavio, la cadena del río Bogotá y Termozipa, no va a ser suficiente”, dice Ortega.

Explica que los grandes negocios en el mundo están alrededor de la tecnología –inteligencia artificial, monedas electrónicas, comunicación, datacenters–, que consumen mucha electricidad, “como nunca en la historia”. Y para ello se requiere no solo la generación, sino también la transmisión de la energía. “Es necesario que las comunidades entiendan que habrá torres por muchos lados porque requerimos un montón de electricidad. Es la única forma de poder lidiar con un cambio tecnológico que depende de la electricidad”, sentencia Ortega. Y advierte que la demanda está creciendo y las redes no son capaces de abastecer el interior del país.

Tres proyectos de transmisión para llevar la energía a Bogotá y al centro del país y que deberían haber estado listos en 2018, todavía no ven la luz. Se han registrado oposiciones de las comunidades y bloqueos que no han permitido el desarrollo de las líneas. Las demoras pueden llevar los proyectos a 2025 y 2026, si no se logran soluciones en forma rápida.

Mientras estas líneas de transmisión tienen dificultades, el GEB recibió hace pocos días una noticia agridulce. El grupo encabeza la realización del proyecto Colectora, la línea de transmisión que atravesará La Guajira y conectará la energía renovable de los proyectos eólicos y solares de esa región con el sistema integrado nacional. Son 400 kilómetros de línea, en dos tramos, con una inversión que supera los 270 millones de dólares. “Es mucho dinero, esos son proyectos costosos, y se han vuelto más costosos aún por todas las necesidades de llegar a consensos con la comunidad y la parte de la regulación ambiental. Los estudios de impacto ambiental para este tipo de infraestructuras están sobredimensionados y terminan siendo muy onerosos. Solo en la preparación del proyecto se están gastando cerca de 40 millones de dólares”, dice Ortega.

El proceso de desarrollo de Colectora ha sido complejo. Primero, con las consultas previas, 236 en cinco años, y una vez las culminaron, inició la solicitud de la licencia ambiental para la línea. A mediados de junio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció la aprobación de la licencia ambiental del proyecto Colectora. Esta obra es clave porque en esa región del Caribe se estima que puede haber hasta 100 gigavatios de potencia, cinco veces lo que tiene instalado el país.

Sin embargo, la noticia no fue completa. La Anla no autorizó fases clave en el desarrollo del proyecto, como dos torres que están cerca de un cementerio indígena o, así como, por inconvenientes con los cauces de unos ríos que se inundan en época invernal y están ubicados en la vía que comunica hacia la subestación. Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, interpondrá un recurso de reposición para aclarar estas particularidades del acto administrativo.

Ortega se comprometió a que la obra, a partir del momento de contar con la licencia ambiental, será construida en cien semanas. Sin embargo, recientemente advirtió ante la Asamblea del departamento de La Guajira que ese tiempo se cumplirá si no hay bloqueos. “Ya hay rumores que hablan de que nos quieren bloquear para sacarnos más plata, y nosotros somos una empresa pública, lo cual indica que acá no puedo dar más dinero del que ya me comprometí. Estamos revisados por todas las ías”, insistió Ortega.

El presidente del GEB señala que el grupo es una empresa compleja, “casi una holding de inversiones en el sector energético, con un compromiso muy importante en el tema de transmisión”. Tiene inversiones en Perú, donde es socio de ISA; es el quinto inversionista en transmisión de Brasil; en Guatemala suma 800 kilómetros y está en la empresa Conecta, mientras en Colombia es el segundo operador detrás de ISA.

“Sin embargo, al considerar la realidad de América Latina y el impacto de la pobreza energética, queda claro que el gas es esencial. Si queremos que la gente tenga acceso a una energía competitiva a un precio razonable y reducir las huellas de carbono, dado que el consumo de madera y carbón es alto, el gas juega un papel crucial”, dice Ortega. El GEB es dueño de la distribución de gas en Lima; también al sur de ese país opera en ICA, y es socio de Vanti y Promigas. Es el dueño de TGI, la mayor transportadora de gas en Colombia con más de 4.000 kilómetros de gasoductos.

En el más reciente reporte de reservas de gas, si no hay nuevos hallazgos, el país tendría provisiones para cerca de seis años. Además, Ecopetrol advirtió que a partir de 2025 habrá un déficit y será necesario importar gas.

Ortega advierte que TGI se ha visto “muy afectada por un cambio regulatorio bastante desatinado durante el gobierno Duque y hasta que eso no se resuelva, no hay forma de invertir”. Según él, la regulación que expidieron para TGI señala que sus activos, “cuando pasan 20 años, ya no valen nada. Entonces, es como que a usted le digan que su carro, por ser usado, ya no vale nada, pero el carro funciona, presta servicio. Haga otro nuevo a ver si le sale gratis. La CREG ha reconocido que está mal, que eso fue un absurdo. Estamos en el proceso de que salga la nueva regulación. En el entretanto, uno está atado de pies y manos porque nadie va a invertir en una cosa que le dicen: ‘Usted invierte y después le digo que no vale nada’”, agrega.

Aunque advierte que están dispuestos a mirar la posibilidad de construir una planta de regasificación en el Pacífico, cuyo costo superaría los 700 millones de dólares, Ortega señala que no pueden invertir sin claridad en la regulación.

Explica que hay un fallo en la regulación, “muy desafortunado”, en el que el único que no puede integrarse verticalmente es TGI, con “argumentos supuestos” de protección a la competencia. “Pero en el sector de gas no hay competencia porque el monopolio es Ecopetrol. Entonces, ¿cuál es la discusión de competencia?”, dice Ortega.

Señala que el país tendrá retos, a finales de 2026, sobre cómo van a ser los suministros de gas. “Va a tocar importar ese gas, y la pregunta que se tiene que hacer Colombia es sobre el costo de tener que importar gas, que claramente sale más caro. ¿Quién lo va a pagar? El país tiene gas, pero la mayoría se lo va a poder vender Ecopetrol a él mismo. “¿Es esa la función de ese gas, o ese gas se le debería vender y mantener la estabilidad mientras que el país consigue más gas?”, cuestiona Ortega. Y advierte que no es factible pensar que en el corto plazo se pueda importar gas de Venezuela, porque es necesario construir un gasoducto importante, y una parte fundamental que puede traer el gas no está operativa. Calcula que la inversión del gasoducto dentro de Venezuela es de 100 millones de dólares.

En medio de este escenario, Ortega calcula que las inversiones del GEB para este año ascenderán a 300 millones de dólares. “Nosotros nos hemos enfocado en invertir en Brasil. Las reglas brasileñas son verdaderamente muy virtuosas. Tienen claro que estos proyectos son esenciales para el futuro del país y se hacen en tiempo. No se para ni se bloquea el desarrollo de una sociedad. Entonces, Brasil está haciendo inversiones de miles de millones de dólares en el sector eléctrico al año”, puntualiza.