La cumbre consta de dos pabellones identificados por colores (la zona azul y el sector verde). Sin embargo, de estos la agenda oficial de la COP está ubicada únicamente en el pabellón azul, mientras que la parte verde está destinada a la participación ciudadana.

La COP contará con más de 1.152 eventos académicos, 280 actividades culturales y cuatro rutas de acción ciudadana que tendrán lugar desde las comunas hasta los municipios aledaños a Cali, en donde también se realizarán eventos de la agenda paralela.

La agenda de la COP de la Biodiversidad fue presentada por la vicepresidenta, Francia Márquez, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Luis Gilberto Murillo.

“La realidad es que sí hay agenda. La agenda fue negociada por los países hace dos años. La COP en el corazón, en el centro, es una negociación entre Estados sobre la convención de biodiversidad. La agenda lleva negociándose dos años, se plantea dos años antes, se negocia durante dos años y en la siguiente COP se terminan de tomar las decisiones políticas, casi que la COP es la asamblea en donde todo ese trabajo de dos años se ratifica y se toman las decisiones. Muchos temas saldrán, otros temas no saldrán”, detalló la ministra Muhamad.

En la agenda de alto nivel se realizarán 9 foros con grupos de la sociedad civil y habrá 16 escenarios paralelos en los que el Gobierno espera que participen más de 5.400 personas por día, espacios que se desarrollan con el apoyo de universidades y centros culturales del país.

En el marco de la COP16 también se lanzará la Coalición Mundial de Paz con la Naturaleza y se estima que se cuente con la participación de delegaciones de 30 países solo dentro de la agenda del evento, sin contar el resto de delegados de los gobiernos que harán parte de la discusión.

La zona verde de la COP contará con 12 ejes temáticos que se abordarán con más de 96 eventos por día, para un total de 1.152 discusiones durante toda la semana que dura la cumbre (del 19 de octubre al 1 de noviembre). Paralelo a las conversaciones ambientales también se tendrá una agenda cultural.

La ministra de Ambiente aseguró que Colombia está trabajando en un programa paralelo de participación y acción de todos los actores sobre la biodiversidad, calendario que el Gobierno planea presentar el próximo martes 30 de junio para el que están analizando 1.500 propuestas de eventos que se presentaron en la convocatoria.

Agenda de la COP16 de la Bi... by Publicaciones Semana S.A.

En desarrollo...

De los ocupantes, custodiados por la UNP, siete fueron capturados. Se trata de Erilinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, cabecilla de la subestructura 18; Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, cabecilla de la estructura 36; Omar Delgado Novoa, alias Boyaco, cabecilla del frente John Linares del bloque comandante Jorge Suárez Briceño; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika, delegada del frente Carolina Ramírez; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla frente Rodrigo Cadete; Wender Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla comisión frente Raúl Reyes; y María Alejandra Ojeda Londoño.

Mientras que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del bloque Jorge Briceño, y Jesús María Restrepo Borja, alias Panda, político de la estructura 36, tenían órdenes de captura suspendidas.

Los otros ocupantes, que hasta el momento no registran orden de captura son: Óscar Javier Cuadrados Zea, alias Alejandro, segundo cabecillas de la estructura 36, y Viviancy Lopera Várelas, alias Sara, novia de alias Ramiro.

¿De dónde venían?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó desde el batallón de Bello, a donde fueron traslada la caravana de cabecillas disidentes detenidos por el Ejército nacional, que esos criminales venían en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección desde Tibú, Norte de Santander.

“Todo parece indicar que vienen de Tibú, que está muy cerca de los límites con Venezuela”, dijo el gobernador Rendón. De igual manera agregó que: “Aquí lo preocupante es que nosotros estemos con el contribuyente de los recursos de los colombianos protegiendo a delincuentes de esta magnitud. Es una muestra más de lo fallido que es la política de paz total que le permite a los bandidos embalentonarse y que le ata las manos a la Fuerza Pública”.

Por su parte, Andrey Avendaño, el comandante del Estado Mayor de las Farc, ratificó esta versión entregada por el mandatario regional. “Ellos retornaban de una reunión de comandantes que se desarrolló en Norte de Santander, donde deliberamos sobre los avances en el proceso de diálogo y trazamos los aspectos a abordar en nuestras regiones”, dijo.

“Si los camaradas presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política y jurídica del Gobierno nacional, ya que desde el pasado 17 de mayo de 2024 enviamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la solicitud de levantamiento de órdenes de captura. Anexamos un documento como soporte”, destacó.

• En días pares, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
• En días impares, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
• La restricción aplica en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa en Bogotá este 24 de julio

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor, este miércoles 24 de julio los carros con placas 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán pico y placa, y no podrán circular en el horario establecido. Pueden circular los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

En cuanto a los taxis, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Los que no pueden circular son el 5 y 6.

Pico y placa solidario

El pico y placa solidario es un programa que permite a los conductores elegir la periodicidad con la que desean poder circular libremente por la ciudad sin las restricciones del pico y placa tradicional, a cambio de una “contribución solidaria”.

Los bogotanos podrán pagar para obtener un permiso que les permita transitar sin el pico y placa por un día, un mes o un semestre. Las tarifas de estos permisos varían dependiendo de factores como el impacto ambiental del vehículo, la capacidad económica del propietario y si el automóvil está registrado en Bogotá o en otra ciudad.

Según la Alcaldía, los recursos recaudados por el pico y placa solidario se destinarán al sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Además, buscan incentivar un uso más racional del vehículo particular y promover conductas de “pilera, paciencia y prudencia” en las vías.

Las autoridades aseguran que esta medida solidaria no solo contribuye a descongestionar el tráfico, sino que también beneficia a quienes tienen menor capacidad económica y a los vehículos con menores emisiones contaminantes, al ofrecerles tarifas preferenciales.

En esos mismos vehículos iban alias Firu y alias Érika, quienes también fueron capturados dentro del batallón Pedro Nel Ospina del Ejército.

“Le genera mucho alivio al país, a la seguridad y a los colombianos. Le fortalece la moral a la fuerza pública y es la clara muestra que cuando ellos pueden actuar protegen con muchísimo valor a los colombianos y atacan al crimen”, aseguró Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, tras la captura de los integrantes de este grupo armado ilegal.

Atención: gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirma la captura de una tercera persona que se movilizaba en carros de la UNP. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1u1XxP1UM3

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Alias Érika y Firu, de las disidencias de las Farc

Alias Érika y alias Firu, ambos integrantes de las disidencias de las Farc, fueron capturados cuando iban en una de las siete camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección que transportaban a varios integrantes de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Y es que estos carros fueron requeridos por integrantes del Ejército Nacional en un retén que tenía instalado en el nordeste antioqueño, pero las personas que se encontraban en su interior se negaron a bajarse, por lo que los trasladaron hasta la unidad militar antes mencionada.

Luego de que las camionetas ingresaron al batallón, personal de la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional y el Ejército comenzaron la pesquisa de los vehículos y la identificación de las personas que allí iban.

En el reconocimiento de las personas, identificaron a alias Érika, quien delinque en el departamento del Caquetá. También estaba Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, quien es cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, y se señala que habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia para desterrar a otros grupos criminales para quedarse con negocios de narcotráfico y minería ilegal.

Alias Firu es recordado por las sanguinarias normas que imponía entre la población civil de los municipios de Guadalupe, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Amalfi, Anorí y Bajo Cauca (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza), cuyo objetivo sería “(…) aportar a la construcción de una verdadera paz con justicia”.

En primer lugar, las personas no tenían permitido el consumo de sustancias psicoactivas en las zonas urbanas y rurales de los pueblos señalados. Si era sorprendida, la multa era de $ 3.000.000. Los presuntos disidentes de las Farc advertían: “Seremos implacables con el microtráfico”.

Las invasiones de tierra tenían una sanción de $ 7 millones, los ‘amanecederos’ costaban $ 3 millones, las riñas $ 2 millones, “a los que les gusta destruir con la lengua” más de $ 1 millón, ingresar animales a los establecimientos comerciales y a menores de edad a sitios donde vendan licor tenía una penalidad de $ 1 millón.

Ahora bien, después de las dos de la mañana, la guerrilla restringió el tránsito de carros. Si el conductor no demostraba una emergencia, “debe incurrir en $ 3.000.000 y decomiso del vehículo por un mes. Todos aquellos deudores morosos han de realizar acuerdos de pago antes de un mes, de lo contrario, $ 1.000.000″.

De acuerdo con Manuel Gil, líder del gremio de taxistas en la capital del país, “la ilegalidad está desbordada. Entre motos y carros particulares nos están llevando a la quiebra, por eso nos unimos y nos solidarizamos en esta jornada de paro del 23 de julio”.

Minuto a minuto

7:00 p.m. Alcalde Galán confirma diálogos de este miércoles, y da balance del paro

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que este miércoles 24 de julio habrá diálogo entre taxistas y el Distrito. Además, reveló que el paro dejó 11 taxis afectados, 12 buses del SITP y TransMilenio pinchados, junto con un capturado.

6:10 p. m. Taxistas y Distrito llegan a acuerdo, y por hoy, levantan el paro

Los taxistas y el Distrito llegaron a un acuerdo, por lo que el paro se levantará por este martes. El miércoles habrá reunión con la Secretaría de Movilidad.

5:00 p. m. Sigue el caos en la calle 13 con 35

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, “continúa manifestación del gremio de taxistas. Se ubican en la calle 13 con carrera 35 generando afectación de la calzada mixta, sentido occidente-oriente. Autoridades en el punto. Se mantiene el cierre vial desde la carrera 47 hasta la carrera 36″.

La entidad también indicó que “se presenta bloqueo en la carrera 5 con calle 15, sentido norte-sur (Procuraduría General de la Nación). Se genera afectación de la calzada. Se realiza desvió de los vehículos por la calle 17 al occidente”.

3:30 p. m. Taxistas mantienen bloqueada la calle 13 con carrera 35

Continúa manifestación del gremio de taxistas. Se ubican en la calle 13 con carrera 35 generando afectación de la calzada mixta y exclusiva, sentido occidente-oriente, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad. Autoridades hacen presencia en el punto y se mantiene el cierre vial desde la carrera 47 hasta la carrera 36.

“A los vehículos que transitan por la calle 13 al oriente, se sugiere tomar la carrera 43 al sur hasta la calle 6, y/o transversal 42 al norte hasta la calle 17A oriente”, indicó la Secretaría.

2:30 p. m. Advertencia del alcalde Galán a los taxistas

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo una advertencia a los taxistas que están bloqueando las vías en Bogotá: “No vamos a dialogar en medio de amenazas ni vías de hecho. En Bogotá respetamos la protesta, pero no permitiremos que se afecten los derechos de los bogotanos”, dijo

De acuerdo con el alcalde, hasta el momento se han reportado puntos críticos en la calle 80, la autopista Sur, la avenida Américas y en Yomasa.

“Se han afectado siete buses troncales, cinco buses zonales y una tractomula. Capturamos a una persona que agredió a una gestora de convivencia del Distrito. Han vandalizado siete taxis que no hacían parte de las protestas”, informó Galán.

No vamos a dialogar en medio de amenazas ni vías de hecho.

En Bogotá respetamos la protesta, pero no permitiremos que se afecten los derechos de los bogotanos.

Hasta el momento:

- Se han reportado puntos críticos en la Calle 80, Autopista Sur, Américas, Yomasa.

- Se han… pic.twitter.com/4Mc6bfR4RL

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 23, 2024

2:13 p. m. Se recupera la movilidad en la av. Boyacá con calle 12B

Un Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad “realiza gestión y control de tráfico, garantizando una movilidad segura a los usuarios de este corredor”.

1:14 p. m. TransMilenio restablece alimentación en el Portal 80

De acuerdo con TransMilenio, “comienza a restablecerse el servicio de alimentación en Portal 80. Servicio Dual 81 se restablece hasta Puente de Guadua y se cancela su retorno en Portal 80″.

#TMAhora
Actualización
1:14 p.m.

A la hora comienza a restablecerse el servicio de alimentación en Portal 80, Servicio Dual 81, se restablece hasta Puente de Guadua y se cancela su retorno en Portal 80 pic.twitter.com/ryI454RWbL

— TransMilenio (@TransMilenio) July 23, 2024

10:55 a. m. Manifestantes mantienen bloqueadas varias vías

Tránsito Bogotá informa que, a la hora, cuatro corredores viales están afectados:

• Calle 3 con NQS, sentido oriente-occidente
• Av. Boyacá con calle 38 sur, sur-norte
• Av. Centenario (calle 13) con av. Boyacá, occidente-oriente
• Calle 80 con carrera 120, oriente-occidente.

[10:55 a.m.] #AEstaHora se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

📍Calle 3 con NQS, Ori-Occ
📍Av. Boyacá con calle 38 Sur, S-N
📍Av. Centenario con Av. Boyacá, Occ-Ori
📍Calle 80 con carrera 120, Ori-Occ https://t.co/OWS6TIFCKQ pic.twitter.com/1KU5JIKLFu

— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 23, 2024

10:10 a. m. Sin operar las rutas alimentadoras del Portal 80

El último reporte de TransMilenio indica que, a la hora, siguen sin operar las rutas alimentadoras del Portal 80, el servicio L81 continúa retornando en Portal 80. En Usme, la ruta Chuniza comienza a retomar su servicio que estaba afectado por bloqueos en la zona.

#TMAhora

10:10 a.m.

Actualización novedades operativas por movilización ajena a la operación

👉🏼Portal 80:
A la hora siguen sin operar las rutas alimentadoras del Portal 80; el servicio L81 continúa retornando en Portal 80.

👉🏼Usme:
La ruta Chuniza comienza a retomar su… pic.twitter.com/KTiIsJYvTY

— TransMilenio (@TransMilenio) July 23, 2024

9:37 a. m. Advertencia de la Secretaría de Movilidad

A esta hora, la Secretaría de Movilidad informa que se presentan afectaciones viales en diferentes puntos de la ciudad:

• Av. Centenario con carrera 95
• Autopista Sur con carrera 63
• Calle 80 con carrera 120
• Y de Yomasa
• Calle 170 con Autonorte
• Calle 1 con carrera 29B.

9:00 a. m. Advertencia de la Secretaría de Movilidad

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, insiste en que “el bloqueo de las vías no está permitido y tiene sanciones”.

Díaz asegura, además, que “este año hemos realizado mesas de trabajo con el gremio de taxistas para atender un diálogo abierto y estamos haciendo controles a la ilegalidad del transporte”.

Secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, insiste en que "el bloqueo de las vías no está permitido y tiene sanciones". Además, asegura, "estamos haciendo controles a la ilegalidad del transporte". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zNZCVawjSE

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

8:48 a. m. Continúan afectaciones viales

De acuerdo con TransMilenio, se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

• Av. Centenario con carrera 110, sentido occidente-oriente
• Autosur con Av. Villavicencio, occidente-oriente
• Calle 80 con carrera 120, oriente-occidente
• Y de Yomasa
• Autonorte con calle 171, norte-sur
• Calle 1 con carrera 27, oriente-occidente

7:40 a. m. Manifestantes pinchan taxis que no participan de la jornada

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, en la autopista Norte se suspendió la etapa de diálogo ante la insistencia de los taxistas de seguir bloqueando y manifestándose.

La entidad distrital reveló que manifestantes han pinchado siete taxis que no están participando en la movilización.

7:25 a. m. Levantan los bloqueos en la calle 13

Luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán ordenara a las autoridades intervenir y levantar los bloqueos, uniformados del UNDMO intervinieron la avenida Centenario (calle 13) y lograron dispersar a los manifestantes.

No obstante, si bien los taxistas levantaron los bloqueos, empezaron un plan tortuga, por lo que la movilidad está colapsada en este punto de la ciudad.

#Reporte | En la Calle 13, a pesar de que la UNDMO desbloquea, continúa plan tortuga hacia el Oriente a la altura de la 132, lo que hace que se mantenga la congestión en esta vía.#EnDesarrollo pic.twitter.com/FLVnhYp2CY

— Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) July 23, 2024

7:10 a.m.: Continúa la afectación en puntos críticos

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, a la hora son cuatro los puntos críticos en la movilidad en Bogotá:

• Av. Centenario con carrera 136, occidente-oriente.
• Autosur con carrera 77, occidente-oriente.
• Calle 80 con carrera 120, occidente-oriente.
• Autonorte con calle 175, norte-sur

7:00 a.m. Se pronunció el alcalde Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que les dio la instrucción a las autoridades de levantar los bloqueos.

“Bogotá no puede ser bloqueada cada vez que los taxistas deciden protestar. La Policía y las autoridades de Tránsito tienen la instrucción de levantar los bloqueos cumpliendo todos los protocolos y, ante cualquier acto de vandalismo o violencia, estamos listos a responder con contundencia en el marco de la ley”, dijo.

El mandatario distrital agregó: “En Bogotá se respeta la protesta, pero esta no puede vulnerar los derechos de millones de personas que se dirigen al trabajo o a estudiar. Nuestro deber es garantizar los derechos de todos los ciudadanos, tanto quienes se manifiestan como quienes deciden no hacerlo”.

Así mismo, el alcalde puntualizó: “No vamos a aceptar vandalismo, bloqueos a la movilidad o al sistema de transporte público. Quien incurra en estas conductas será sancionado”.

Bogotá no puede ser bloqueada cada vez que los táxistas deciden protestar.

La Policía y las autoridades de tránsito tienen la instrucción de levantar los bloqueos cumpliendo todos los protocolos y, ante cualquier acto de vandalismo o violencia, estamos listos a responder con…

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 23, 2024

6:50 a.m. Taxistas pinchan buses del SITP

Taxistas que participan de los bloqueos y las manifestaciones en Usme, al sur de Bogotá, están pinchando buses del SITP.

Taxistas que se manifiestan en Bogotá están pinchando buses del SITP en Usme, al sur de la capital del país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Mr9MtEaCxY

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

6:30 a.m. Cinco puntos afectados

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, al momento son cinco los puntos que presentan complicaciones en la movilidad en Bogotá:

• Autosur con calle 65F sur, occidente-oriente
• Av. Centenario con carrera 136, ambos sentidos
• Calle 80 con carrera 120, oriente-occidente
• Carrera 1 este con calle 90 sur, occidente-oriente
• Autonorte con calle 175, norte-sur, avanzan

Este es el panorama en la Autopista Sur en la mañana de este martes 23 de julio en medio del paro de taxistas en Bogotá. TransMilenio se ha visto afectado y centenares de personas han tenido que bajarse a caminar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DEKbB7Iz3I

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

6:25 a.m. Autopista Sur colapsada

Centenares de personas se ven afectadas a esta hora de la mañana y prefieren bajarse de los buses de TransMilenio y empezar a caminar para poder llegar a sus lugares de destino.

Panorama del paro de taxistas en la Autopista Sur. Centenares de usuarios se bajan de TransMilenio y empiezan a caminar para poder llegar a sus destinos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/OqeEUBZZ0l

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

6:20 a.m. Taxistas amenazan con bloquear el aeropuerto

Taxistas que participan del paro y las manifestaciones en los diferentes puntos de Bogotá en la mañana de este martes 23 de julio amenazan con bloquear el aeropuerto internacional El Dorado si las autoridades insisten en levantarles los bloqueos.

Taxistas amenazan con bloquear las entradas al Aeropuerto Internacional el Dorado en medio de las manifestaciones que se presentan este martes 23 de julio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7OnbDAwL58

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

6:15 a.m. Bloqueo en la vía al Llano

De acuerdo con TransMilenio y la Secretaría de Movilidad, a la hora en Usme se presenta bloqueo en la vía al Llano.

#BOGOTÁ. A esta hora (6:15 AM), reportan bloqueos en la localidad de usme, en la salida al llano, en medio de la jornada de movilizaciones de hoy. @JulianiMartinez pic.twitter.com/EddUQNUGyd

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 23, 2024

En la calle 80 continúa la afectación y se presenta la cancelación de la alimentación del Portal 80, retornos de la ruta dual D81 en el Portal 80 y se aplican desvíos para rutas zonales.

Así mismo, en la autopista Sur continúa el bloqueo de la vía. Hay retornos en el Portal del Sur y el cierre de las estaciones Bosa, La Despensa, Terreros Hospital CV y San Mateo C. C. Unisur. Rutas zonales y alimentadoras aplican desvíos.

Otro de los puntos afectados es la calle 13 con carrera 138. De momento no hay paso en la avenida Centenario. Se cancelan las rutas alimentadoras K300, TC6, la Estancia y Belén.

La entrada a Bogotá por la Calle 13 está totalmente colapsada por el paro de taxistas. Usuarios en las redes sociales reportan el caos que están viviendo en la mañana de este martes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/k6FjtDlwlb

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

5:50 a.m. Complicaciones en la operación de TransMilenio

En la calle 80, a la hora no presta servicio la ruta alimentadora 1-8 y ruta dual D81 retorna en el Portal 80. Rutas zonales afectadas: C102, C153, C154, C155, D208 y T21.

Por su parte, en la autopista Sur continúa el bloqueo de la vía, flota troncal realiza retornos en el Portal del Sur, deja de operar la ruta circular San Mateo. Se dejan de atender estaciones Bosa, La Despensa, Terreros Hospital CV y San Mateo C. C. Unisur.

Así mismo, las siguientes rutas alimentadoras están afectadas: 10-1 Av. Bosa, 10-2 Bosa Centro, 10-3 Albán Carbonel, 10-3 Alameda, 10-4 Laureles, 10-5 Terminal, 10-6 Perdomo. Y las zonales: G514 Bosa San José y GG524.

De otro lado, en Usme, en la calle 91 sur con carrera 5 este se presenta bloqueo en el sentido occidente-oriente. Rutas afectadas: 3-4 Alfonso López y 3-14 Uval.

5:17 a.m. Afectaciones en Autopista Sur y Soacha

Calle 80

A la hora no presta servicio la ruta alimentadora 1-8 y ruta dual D81 retorna en el Portal 80 debido a la manifestación ubicada en la calle 80 con carrera 106.

Autopista Sur

En límites entre Bogotá y Soacha, hay bloqueo de la vía, flota troncal realiza retornos en el Portal del Sur, deja de operar la ruta circular San Mateo. Se dejan de atender estaciones Bosa, La Despensa, Terreros Hospital CV y San Mateo C. C. Unisur.

4:50 a.m. Inicia manifestación en la calle 80

Por manifestación de taxistas en la calle 80 con carrera 120, flota dual realiza retornos en Portal 80. Rutas alimentadoras presentan retrasos por la congestión.

SEMANA conoció en exclusiva la Resolución 5920, con la que se decidió reubicar a Mario Andrés Burgos Patiño, de la Unidad Especial de Investigación a la Dirección Especializada para los Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

“Remitir por conducto de la Subdirección de Talento Humano, copia de la presente resolución, al despacho de la señora fiscal general de la nación, a la Unidad Especial de Investigación, a la delegada contra la Criminalidad Organizada, a la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, para los fines pertinentes”, se lee en el documento que puso a uno de los fiscales más reconocidos en casos penales de complejo calado, a investigar asuntos medioambientales.

Así, el reconocido fiscal Burgos, de quien estuvo pendiente todo el país para ver en una audiencia en directo cómo al mejor estilo CSI desbarataba el plan criminal de Jhonier Leal cuando decidió asesinar a su hermano Mauricio Leal y a su mamá Marleny Hernández, y que hace pocos meses fue condenado.

Sin embargo, el caso que más ha llamado la atención ha sido justamente el de Nicolás Petro, en el que el hijo del presidente ya estaba contra las cuerdas, había centenares de pruebas en su contra, entre chats, compras millonarias, transacciones, compra de bienes raíces, testimonios, viajes, pero con la llegada de la fiscal Camargo, el caso se hizo agua, y de la anunciada imputación que tenía los días contados, han pasado más de cinco meses y no ha pasado nada.

Tan contundente fue la investigación que hizo Burgos en este caso que, en agosto del año pasado, el hijo del presidente, ya sin argumentos para defenderse de haber recibido dinero para la campaña y que terminó quedándose con él, aceptó su responsabilidad y lanzó la sentencia: “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”.

Su colaboración se fue al piso luego de una visita de su papá, el presidente Gustavo Petro, a su casa en Barranquilla. Tras este encuentro, la intención de contar la verdad quedó en el limbo y casi un año después, aunque el país conoce las pruebas y las irregularidades, el caso sigue dormido, y la Fiscalía avanza a paso de tortuga.

La andanada de la actual administración de la Fiscalía contra Burgos ha sido dura. El 9 de julio, a través de la Resolución 0372 del 9 de julio de 2024, firmada por la delegada para la Seguridad Territorial, la fiscal Deicy Jaramillo, fue sacado de un plumazo del proceso contra Nicolás Petro.

Este documento llamó la atención de los expertos por la ausencia de argumentos y la constante copia de lo expuesto por la Comisión de Disciplina Judicial en el pliego de cargos contra el fiscal Burgos.

“La falta grave en la que se fundamenta la investigación disciplinaria contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño se relaciona con el presunto incumplimiento del conjunto de disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Este apunta a la protección de la intimidad, buen nombre, entre otros, aspectos fundamentales en el desarrollo de las actividades a cargo del funcionario”, señala la resolución de la Fiscalía.

Pero el asunto no paró ahí. Ayer, nuevamente, fue emitida otra resolución, esta vez con la determinación de acabar con el llamado Grupo de Tareas Especiales que justamente se conformó para adelantar las investigaciones derivadas de este escándalo.

El ente acusador aseguró que los procesos que estaban en manos del fiscal Burgos pasarán a un reparto en la dirección de Finanzas Criminales para que de allí salga el fiscal encargado de asumir los procesos contra el hijo del presidente de la República, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Advierte la Fiscalía que en aras de garantizar la transparencia y los procesos que se adelantan justamente contra el hijo del presidente de la República, se sometieron a reparto las investigaciones y será un fiscal de lavado de activos el responsable de asumir los procesos contra Nicolás Petro.

“En desarrollo de la Resolución n.° 0372 de 2024 de la Delegada para la Seguridad Territorial que declaró fundada la recusación formulada al fiscal 001 delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso someter a reparto el conocimiento de las actuaciones contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, señala un comunicado de la Fiscalía.

En la caravana, detenida por tropa del Ejército, viajaban alias Calarcá, Firu y Érika, estos dos últimos capturados por las autoridades y, luego de la inspección a los vehículos de la UNP, fueron hallados seis celulares, armas, 60 millones de pesos y dólares.

En la identificación de las personas reconocieron a alias Érika, quien delinque en el departamento del Caquetá. También estaba Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, que es cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, y se señala que habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia para desterrar a otros grupos criminales para quedarse con negocios de narcotráfico y minería ilegal.

“Todo parece indicar que vienen de Tibú, que está muy cerca de los límites con Venezuela”, dijo el gobernador Rendón. De igual manera agregó que: “Aquí lo preocupante es que nosotros estemos con el contribuyente de los recursos de los colombianos protegiendo a delincuentes de esta magnitud. Es una muestra más de lo fallido que es la política de paz total que le permite a los bandidos embalentonarse y que le ata las manos a la Fuerza Pública”.

Por su parte, Andrey Avendaño, el comandante del Estado Mayor de las Farc, ratificó esta versión entregada por el mandatario regional. “Ellos retornaban de una reunión de comandantes que se desarrolló en Norte de Santander, donde deliberamos sobre los avances en el proceso de diálogo y trazamos los aspectos a abordar en nuestras regiones”, dijo.

“Si los camaradas presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política y jurídica del Gobierno nacional, ya que desde el pasado 17 de mayo de 2024 enviamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la solicitud de levantamiento de órdenes de captura. Anexamos un documento como soporte”, destacó.

También “desmentimos el anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su cuenta de X donde hace aseveraciones falsas. Es el momento para llamar a las instituciones del Estado para entrar en concordancia con la política de paz que adelanta el Gobierno actual”.

Estos hechos –agregó– “fragmentan la confianza y lo construido. Aspiramos que este impase sea superado positivamente”.

Por su parte, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, recalcó que: “la caravana venía desplazándose desde una reunión de comandantes autorizada por el Gobierno, después del ciclo quinto a una reunión en Yarí, que tenemos de transformaciones territoriales. En esa circunstancias, nos han informado de la detención del comandante del frente 36, quien tiene su suspensión de captura en trámite, esperamos que salga próximamente”.

Agregó que espera que esta situación se solucione pronto para avanzar con la agenda de los diálogos de paz.

El ministro del Interior, Juan Fernando de Cristo, fue uno de los panelistas en la parte final del evento que tuvo a ministros, directivos de gremios, congresistas, entre otros.

En su intervención, habló en tono conciliatorio y dijo que habrá varios paquetes legislativos, entre ellos, el de la reactivación económica, el cual incluye la reforma tributaria. Además, mencionó proyectos de ley relacionados con el proceso de paz.

Cristo dijo que hay que dar los debates para concertar: “No se presentarán las reformas sin acuerdos con las bancadas”.

Aseguró que van a ir con calma con los proyectos legislativos y manifestó que “acá no habrá constituyente, ni fast track, ni ideas de reelección presidencial”. Agregó que una cosa es que salgan personas del Pacto Histórico y postulen, lo que catalogó como “normal”.

“Concentrémonos en lo que es y no en los miedos ni los demonios que cada uno tiene sobre el futuro”, fue la invitación que hizo Cristo.

Convocó a todos a avanzar para que en estos dos años que faltan se logre sacar adelante al país.

El error de no concertar

De las anteriores reformas sociales, dijo que fueron un desgaste, en parte, por el error de no concertar.

Generar consensos fue prácticamente el mantra que repitió el ministro del interior, mientras el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, dijo que ojalá no suceda lo mismo del “pastorcito mentiroso”, del cuento infantil, pues el consejo gremial, desde que empezó el gobierno, habló de su intención de construir a partir de acuerdos

¿Se darán acuerdos en esta ocasión?

El debate democrático se ha deteriorado enormemente. Celebro estos encuentros para ver cómo se construye más allá de la coyuntura, dijo el ministro Cristo.

Cristo señaló que lo tiene muy impactado la agresividad. “Las democracias viven eso y por ejemplo las campañas en Europa. Pero esas democracias se pueden dar ese lujo, en Colombia no. Porque ha sido atravesada por el conflicto”.

Agregó que hay que hacer un esfuerzo para bajar el tono del debate, sin caer en el unanimismo y señaló que le preocupa el clima de las elecciones de 2026 y que la violencia vuelva a ser protagonista.

En el marco de las Conversaciones por Colombia del Consejo Gremial, el ministro Cristo advirtió que con la llegada del Gobierno Petro, el “establecimiento”, registró un “temblor de alta intensidad con la elección del primer gobierno de izquierda, y estamos viendo las réplicas y haciendo los ajustes. Durante estos dos años le ha costado al establecimiento hacer oposición y a la izquierda ser gobierno”.

El que pondrá la cara en el Congreso de la República

Para Cristo, el país está en una etapa de normalización de la democracia colombiana. “Los ajustes se van dando para no volver un drama la alternancia de poder. Y que haya competencia y acostumbrarnos a ese ejercicio democrático. La llegada de un gobierno de izquierda ha sido sano para la democracia, más allá del ejercicio del gobierno”, aseguró, y dijo que es una democracia más plural y también para “darse cuenta lo difícil que es gobernar y ejecutar una política pública”.

Un acuerdo para la paz

Entre los participantes del panel en el que intervino Cristo, el ministro dijo que su tarea será buscar acuerdos en temas claves. Por ejemplo, en construir un acuerdo para la paz nacional, también en la figura de la prohibición a la relección que, dice, garantiza la alternancia del poder.

Finalmente, explicó las iniciativas que llevará el Gobierno al Congreso, bajo tres grandes paquetes: uno, un paquete de iniciativas de carácter económico, ley de estímulos tributarios, aunque reconoce que hay problemas fiscales y una agenda de reactivación. Dos, normas para implementar el acuerdo de paz. “No necesita una constituyente”, anticipa, pero advierte que hay decisiones por tomar.

En su escrito aseguran que durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro, siguió lanzando críticas y señalamientos a los generadores de energía en el país y que eso sencillamente genera una especulación en los precios que los harán tomar medidas drásticas.

“Dos motores especulativos: el de los arriendos y el de las generadoras eléctricas porque más bien no nos metemos a controlar el que no se produzca especulación inmobiliaria ni en la generación eléctrica que tiene como primera afectación el caribe colombiano”, dijo Petro y hacen referencia sobre estas palabras.

Por esa razón, la empresa revela que desde el lunes 22 de julio empezaron las suspensiones de energía en algunas regiones del Caribe, ya que no tuvieron más opción porque las alternativas que se trazaron no han servido. “Existe una deuda de más de 2 billones de pesos por parte de los usuarios, lo que en gran parte se debe a los altos costos que tuvimos que pagar en generación de energía”, dice Air-e en un comunicado.

Lo cierto es que Air-e enfrenta una crisis que amenaza con escalar aún más. El reciente aumento en los precios de la energía en el mercado ha llevado a la empresa a considerar más apagones que podrían afectar a usuarios en el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según datos reportados por XM, el valor promedio de la energía ha subido de $100 por kWh a $312 por kWh desde principios de julio, un incremento que pone una presión inmensa sobre las finanzas de la empresa y sus clientes.

En su comunicación aseguran que han tenido más de 15 reuniones y diferentes propuestas hechas al gremio de generadores de energía, pero que no han sido concretadas. Así mismo se cuenta que se denunció al exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por no controlar la especulación en la generación de energía y otras más ante la Superintendencia de Industria y Comercio por “cartelización vía paralelismo de estos agentes”.

Ante este panorama, Air-e ha decidido implementar el llamado “período de continuidad”, que implica suspensiones de hasta seis horas diarias en sectores con bajos índices de pago. La medida ha generado descontento en varios municipios, incluyendo bloqueos en Luruaco por parte de los residentes afectados.

“En todas estas acciones se resaltaron la volatilidad en los precios de la bolsa de energía, que caen abruptamente sin justificación técnica, sugiriendo manipulación. Por ejemplo, una visita de la Superintendencia de Industria y Comercio en octubre del 2023 provocó una reducción de precios de 800 pesos kilovatio hora, cayendo a 250 pesos kilovatio hora en menos de diez días, planteando preguntas sobre la facilidad con la que los precios pueden ser manipulados”, reiteran.

Así mismo recordaron que el presidente Petro ante el Congreso denunció la fórmula autorizada por la CREG para la tarifa de generación que no se basa en los costos reales sino en la eficiencia del generador menos eficiente, creando una “renta diferencial” que infla artificialmente los precios en la bolsa de energía. La CREG, según él, ha favorecido históricamente a las empresas generadoras en detrimento de los consumidores. El presidente señaló que estas prácticas de especulación están “ordeñando” al usuario colombiano.

“Logramos pasar el niño con los incrementos de más del 500% en la bolsa de energía. Llegamos a la niña pensando que los generadores ya iban a tener compasión con el usuario; no obstante, ahora están vertiendo agua con la que se podría generar energía y a su vez la bolsa se duplicó de precio en dos semanas. Necesitamos que los usuarios paguen para poderle pagar a los generadores, que los alcaldes también asuman su responsabilidad y que los generadores dejen de especular. Los usuarios más pobres de Colombia requieren que todos los actores relevantes se involucren”, dijo Jussy Zelaya vocero de Air-e.

Las decisiones tomadas tienen preocupados a los habitantes de la Costa Caribe que serán los directos afectados por los apagones.

La versión libre que tuvo que rendir Pizarro ante el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción, tiene que ver con la indagación preliminar que le abrieron en su contra y los otros 19 senadores del Pacto Histórico, para determinar si existieron irregularidades en la financiación de esas campañas para llegar al Congreso de la República.

María José Pizarro, la segunda senadora del Pacto Histórico que llega a responder a la Corte Suprema de Justicia. Declarará sobre la financiación de su campaña y será testigo en la investigación contra Iván Name por el escándalo de la UNGRD. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/3mcis4vc21

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

A su llegada a las instalaciones de la Corte, la congresista Pizarro aseguró que “tengo una relación con la investigación que adelanta la Corte Suprema con relación a la aerolínea Sadi que prestó servicios a la campaña del Senado del Pacto Histórico. Se indaga cómo se surtió el servicio que prestó la empresa y la Corte esta adelantando todas las investigaciones”.

Y es que fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que con esa investigación se trata de verificar todos los reportes de ingresos y gastos de campaña que reportó cada congresista al Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahí es donde se habrían presentado las supuestas irregularidades.

Así mismo, volvió a entrar en la mira de la justicia la cuestionada Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), salpicada en la campaña Petro Presidente, pero ahora se trata de determinar si tuvo alguna relación con las campañas de los senadores electos del Pacto Histórico.

Sin embargo, la senadora Pizarro reiteró que “lo dije desde el primer momento, nunca abordé esta aerolínea”.

En horas de la mañana de este martes 23 de julio, el senador Iván Cepeda también estuvo entregando su versión a la Corte sobre la financiación de su campaña al Senado a través del Pacto Histórico. A esta diligencia también llegarán otros congresistas de ese movimiento político como Aída Avella, Roy Barreras (actual embajador en el Reino Unido), María José Pizarro, Martha Peralta, Iván Cepeda y Pedro Flórez, quien ha sido señalado de ser aliado del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, entre otros.

El senador Iván Cepeda llegó a la Corte Suprema a responder por la investigación de financiación ilegal de la campaña al Congreso del Pacto Histórico. “No tuve ninguna participación en esa circunstancia”, dijo Cepeda sobre la empresa de aviación que se utilizó en esa campaña.… pic.twitter.com/dKOwucPCeI

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

La senadora Pizarro también explicó cuál será su papel frente al testimonio que rendirá por solicitud de la defensa del expresidente del Senado, Iván Name, quien terminó salpicado por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, al señalarlo de recibir 3 mil millones de pesos del contrato de los carrotanques, a cambio de apoyar las reformas del Gobierno Petro en el Legislativo.

“Como vicepresidenta del Senado de la República, supongo que me irán a preguntar. Asisto como testigo en calidad de vicepresidenta”. Además, manifestó que tendrá que explicar cómo se tramitaron las reformas del Gobierno: “seguramente los proyectos de ley y el curso que tuvieron proyectos en el Senado de la República”.

La senadora Pizarro fue la primera en la lista de testigos que pidió voluntariamente el senador Iván Name para que entreguen detalles sobre la gestión que adelantó cuando presidió la corporación.

En la lectura del fallo, el magistrado de la Sala Penal advirtió que existe suficiente evidencia documental y testimonial para inferir que, aprovechando sus contactos y poder dentro de la Corte Suprema de Justicia, Ricaurte Gómez se comprometió a desviar procesos que se adelantaban contra aforados constitucionales, todo esto a cambio de una contraprestación económica.

Ricaurte, quien ya había pasado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, tenía varios contactos dentro del alto tribunal con el fin de manipular pruebas, estancar el proceso, suspender las decisiones y buscar el archivo definitivo de los casos.

Una de sus piezas fundamentales en esta “empresa criminal” fue el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien se encargaba de contactar a los magistrados que tenían los procesos penales y ponerles de presente la situación, igualmente les presentaba la oferta económica. El otrora exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General estuvo en diferentes encuentros para repartir el dinero y hacerles seguimiento a los avances.

En el caso del senador Álvaro Ashton Giraldo, quien era indagado por sus presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la “organización” le exigió 1.200 millones de pesos para evitar la apertura de un proceso formal y una orden de captura.

Ashton le entregó a Moreno 400 millones de pesos como adelanto para evitar que el proceso siguiera su curso. Con este dinero se adelantó la manipulación de evidencia con el fin de archivar el proceso por parapolítica. Sin embargo, después de que estallara el escándalo del Cartel de la Toga, el proceso se reactivó y Ashton fue capturado.

“(Ricaurte) actuó de manera acomodada exigiendo un acuerdo previo”, precisó el magistrado de la Sala Penal al señalar que el exmagistrado tuvo conocimiento claro y una actividad permanente en el movimiento de los sobornos para torcer la administración de justicia.

El otro caso en el que el exmagistrado Ricaurte tuvo una participación activa fue en el que se adelantaba contra el senador Musa Besaile Fayad, quien era investigado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. En este proceso, por intermedio de Luis Gustavo Moreno, exigió dos mil millones de pesos para evitar la apertura de una instrucción y suspender la orden de captura.

En este caso, Moreno sostuvo varias reuniones con Besaile y sus abogados con el fin de cuadrar a entrega del dinero. En medio de la duda del congresista se conoció la detención del excongresista Julio Manzur Abdala –investigado por parapolítica- advirtiéndole que, de no cancelar la suma exigida, correría la misma suerte.

En el caso del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía se determinó que no se allegaron pruebas que permitieran evidenciar que Ricaurte participó activamente en la desviación de este proceso penal.

En el fallo de segunda instancia, el exmagistrado Ricaurte Gómez fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (entrega y recibimiento de sobornos) y utilización indebida de información oficial privilegiada.

El exmagistrado, quien actualmente se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, deberá pagar una multa de 229 salarios mínimos legales vigentes y tendrá una inhabilidad de 197 meses y seis días para ejercer funciones públicas.

En marzo de 2021, el juzgado 10 de conocimiento de Bogotá condenó a Ricaurte a 19 años y un mes de prisión. Con la decisión del Tribunal conocida este martes recibió una rebaja de tres años. Su defensa anunció que presentará el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Según señalaron, en el sitio fueron rescatadas dos personas con lesiones leves.

“Dos personas fueron rescatadas con lesiones menores por inhalación de humo, y a esta hora son valoradas por personal médico”, indicaron.

Bomberos de las estaciones Ferias, Bicentenario, Chapinero y el Equipo Técnico de Rescate atienden un incendio en una edificación de cuatro niveles, en la Calle 78A con Carrera 69T. Los primeros informes indican que hay una persona atrapada. En el momento, los bomberos realizan… pic.twitter.com/D3T2LUahOM

— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 23, 2024

“Nuestros bomberos controlan un incendio en una edificación de cuatro niveles, en la calle 78A con carrera 69T”, manifestaron en un mensaje inicial.

Incendio en éstos momentos, a media cuadra de la Av Rojas con calle 79. Explosión... Ya hace presencia Bomberos Bogotá. #incendio #lasferias #Bomberos @BomberosBogota pic.twitter.com/umYqGXT0yo

— William A. Gómez (@wagoso) July 23, 2024

De acuerdo con las autoridades, bomberos de las estaciones Ferias, Bicentenario, Chapinero y el Equipo Técnico de Rescate atendieron la emergencia. Tras controlar la conflagración, el grupo especializado de incendios dio inicio a una investigación para determinar las causas.

“Se activa nuestro Grupo Especializado de Investigación de Incendios para determinar las causas del incidente”, señalaron los bomberos.

Incendio en Suba

El pasado 3 de julio se registró otro fuerte incendio en los alrededores del portal de TransMilenio de Suba, en Bogotá. Según información de las autoridades, el hecho ocurrió en unos puestos de ventas ambulantes ubicados exactamente en la calle 145 con carrera 103F, frente al centro comercial Plaza Imperial, los cuales fueron consumidos por las llamas.

De acuerdo con los bomberos, al lugar fueron enviadas máquinas de las estaciones Suba y Bicentenario para atender la emergencia que fue, posteriormente, controlada.

El incidente dejó dos personas lesionadas que fueron atendidas por profesionales de la Secretaría de Salud de la capital del país.

“Bomberos de las estaciones Suba y Bicentenario controlan un incendio en casetas comerciales, en la calle 145 con carrera 103F. En el lugar resultan dos personas lesionadas, quienes son atendidas y entregadas al personal de Secretaría de Salud. El área se encuentra asegurada. Se activa nuestro Grupo Especializado de Investigación de Incendios para determinar las causas del incidente”, indicaron los bomberos.

Recomendaciones ante incendios

En vista de que este tipo de eventos pueden ocurrir inesperadamente, es clave que las personas conserven la calma y sigan el protocolo adecuado para controlar la emergencia. Las personas pueden comunicarse a la línea 123 para reportar la situación y solicitar las acciones de los organismos especializados.

En Bogotá, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá atiende varios tipos de incidentes relacionados con conflagraciones:

• Estructuras (industrial, viviendas, comercial y otras edificaciones).
• Forestales: quemas, conatos e incendios (áreas superiores a los 5.000 m²), los cuales pueden darse en vegetación de diferente naturaleza como nativa, bosques, cercados, matorrales, retamos espinosos, plantaciones, etc.
• Vehiculares.

Así mismo, para evitar accidentes, es conveniente acudir a profesionales para controlar este tipo de eventos.

Este hombre es recordado por las sanguinarias normas que imponía entre la población civil de los municipios de Guadalupe, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Amalfi, Anorí y Bajo Cauca (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza), cuyo objetivo sería “(…) aportar a la construcción de una verdadera paz con justicia”.

En primer lugar, las personas no tenían permitido el consumo de sustancias psicoactivas en las zonas urbanas y rurales de los pueblos señalados. Si era sorprendida, la multa era de $3′000.000. Los presuntos disidentes de las Farc advertían que “seremos implacables con el microtráfico”.

Las invasiones de tierra tenían una sanción de $7 millones; los “amanecederos” costaban $3 millones; las riñas $2 millones; “a los que les gusta destruir con la lengua” más de $1 millón; ingresar animales a los establecimientos comerciales y a menores de edad a sitios donde vendan licor tenían una penalidad de $1 millón.

Ahora bien, después de las dos de la mañana, la guerrilla restringió el tránsito de carros. Si el conductor no demostraba una emergencia, “debe incurrir 3′000.000 y decomiso del vehículo por un mes. Todos aquellos deudores morosos han de realizar acuerdos de pago antes de un mes, de lo contrario, 1′000.000″.

Supuestamente, por disposición de alias Firu, quien había estado enfilado en el Ejército Nacional, debía esperar dos años para retornar al territorio, contados a partir de la fecha en la que salió de la institución: “Si se les comprueba colaboración, serán declarados objetivo militar”, reseñaba Firu en comunicados.

Al parecer, “las personas foráneas” tenían la obligación de informar a las juntas de acción comunal sobre su visita, tener una carta de recomendación o portar un carné que los identificara como habitantes de la región, un método que ha implementado la organización criminal para tener el control del territorio.

Esto se suma a las restricciones que impusieron los frentes 18 y 58 de las disidencias de las Farc en el municipio de Briceño. Allí también hay normas que están condicionadas a millonarias sanciones. De momento, el Ejército Nacional y la Policía tratan de hacerle contrapeso a las amenazas e intimidaciones.

Alias Érika y Firu, de las disidencias de las Farc

Alias Érika y alias Firu, ambos integrantes de las disidencias de las Farc, fueron capturados cuando iban en una de las siete camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección que transportaban a varios integrantes de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Y es que estos carros fueron requeridos por parte de integrantes del Ejército Nacional en un retén que tenía instalado en el nordeste antioqueño, pero las personas que se encontraban en su interior se negaron a bajarse, por lo que los trasladaron hasta la unidad militar antes mencionada.

Luego de que las camionetas ingresaron al batallón, personal de la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional y el Ejército comenzaron la pesquisa de los vehículos y la identificación de las personas que allí iban.

En medio de la plena identificación de las personas, identificaron a alias Érika, quien delinque en el departamento del Caquetá. También estaba Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, que es cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, y se señala que habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia para desterrar a otros grupos criminales para quedarse con negocios de narcotráfico y minería ilegal.

Estos incidentes incluyen declaraciones despectivas del presidente Gustavo Petro contra el poder judicial y jueces individuales, denuncias de vigilancia ilegal por parte del Estado sobre el poder judicial y una propuesta de reforma constitucional por parte del presidente.

El IBAHRI ha manifestado su preocupación por las continuas declaraciones despectivas del presidente Petro hacia el poder judicial. Petro, en repetidas ocasiones, afirmó que era víctima de un golpe institucional por parte del entonces fiscal general, Francisco Barbosa, y ha acusado a la judicatura de llevar a cabo una guerra jurídica contra su gobierno.

“Los ataques verbales del presidente suelen darse en el contexto de rechazo a decisiones que afectan sus reformas propuestas o su mandato presidencial. Sin embargo, no se ha informado que las decisiones de las Altas Cortes de Colombia estén en contraste con el orden constitucional del país”, indicó el IBAHRI en su informe.

Precisamente, el instituto ha hecho un recuento de los hechos más polémicos en los que el mandatario ha puesto en tela de juicio la independencia y el actuar del poder judicial:

• 16 de noviembre de 2023: la Corte Constitucional anuló parte de una legislación de la reforma tributaria promovida por Petro. En reacción, Petro sugirió que el ministro de Hacienda podría recortar el presupuesto de los tres poderes públicos.
• 8 de febrero de 2024: la Corte Suprema de Justicia no logró una mayoría calificada para elegir un nuevo fiscal general, lo que llevó a Petro a llamar a sus seguidores a protestar, resultando en un asedio al Palacio de Justicia. El Gobierno negó haber alentado el asedio.

• 8 de mayo de 2024: el Consejo Nacional Electoral inició una investigación contra Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, a lo que Petro respondió llamando a sus seguidores a protestar.
• 10 de mayo de 2024: Petro criticó al Consejo de Estado después de que este declarara la nulidad de un decreto presidencial.

Denuncias de ‘chuzadas’ y reforma constitucional

El 21 de junio de 2024, el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, expresó preocupaciones sobre posibles interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, lo que llevó a iniciar investigaciones. Petro negó las acusaciones y aseguró que la inteligencia estatal no se usa contra la oposición, la prensa o los tribunales.

De otro lado, en marzo de 2024, Petro propuso una reforma constitucional después de que el Congreso, controlado por la oposición, no aprobara elementos de su agenda de reforma. El IBAHRI advierte que las reformas constitucionales deben ser consideradas con extrema precaución dada la naturaleza fundamental de los derechos afectados, y cuestiona la legalidad de la propuesta de Petro.

Ante la situación reiterativa, el IBAHRI insta al presidente Petro a “reflexionar sobre su deber de proteger la independencia del poder judicial” y a cesar sus ataques contra los jueces. Además, se le solicita “abandonar su propuesta de reforma constitucional”.

También insta a que todos los poderes públicos en Colombia respeten las decisiones judiciales y garanticen la independencia y seguridad del poder judicial. Además, dice que la Fiscalía General debe “realizar investigaciones serias y rápidas sobre la presunta vigilancia de inteligencia del poder judicial”.

La jefe del ente acusador aseguró que no se trata simplemente de un acto de fe, que aparezcan los implicados en procesos penales con la promesa de colaborar con la justicia, todo lo que digan tendrá que ser sometido a verificación, a la contrastación de los elementos de prueba y el repaso de los jueces de control de garantías.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, responde a la propuesta de Olmedo López y Sneyder Pinilla de pagar cinco años de cárcel por el escándalo de la UNGRD. "No es impunidad". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/a4tH1CSRTm

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

“Nosotros efectivamente llegamos ese proceso diálogo y negociación con estas personas, pero tenemos que llamar la atención porque estos procesos son muy complejos, porque independientemente de que dos personas digan ser culpables y quieran obtener unas rebajas, algunos beneficios judiciales a partir de la información que otorgan, la Fiscalía tiene que un deber indeclinable y es adelantar las verificaciones de rigor”, señaló la fiscal Luz Adriana Camargo.

La fiscal Camargo explicó que es apenas lógico que cualquier persona o procesado en una causa penal, busque algún acuerdo que lo beneficie a cambio de la colaboración que entregue la justicia. Nadie, en criterio de la jefe del ente acusador, acuerda para pagar apenas de 10 o 20 años de cárcel, todos buscan algún tipo de beneficio.

“Nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años, de 18, Ni de 10, naturalmente que el que se sienta a negociar quiere una rebaja significativa de pena, de eso se trata una sentencia preacordada, esa es la esencia de una sentencia preacordada y no es igual a impunidad”, explicó la fiscal general.

En su primer pronunciamiento, concreto sobre el proceso y la investigación de la UNGRD, la fiscal Luz Adriana Camargo insistió que el principio de oportunidad, que eventualmente se logre con los principales implicados en este escándalo, no puede confundirse con impunidad. Se trata de un proceso en el que se busca la reparación y castigar a los responsables a través de una negociación contemplada en la ley.

“Aquí la Fiscalía no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie, está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite y espero que sea una investigación que favorezca la verdad del país, la que tanta falta nos hace y se enmarque bastante bien en lo que precisamente queremos con el presidente de la Corte y es que sus mecanismos de terminación anticipada los procesos funcionen”, dijo la jefe del ente acusador.

La fiscal aseguró que un momento muy importante en el proceso se dará justamente durante la imputación de cargos en contra de Sneyder Pinilla, Olmedo López y el contratista Luis Eduardo López, que será presencial y donde el país podrá conocer en detalle cuáles fueron las pruebas y las actuaciones del ente acusador.

Lyons fue la persona encargada de mover el millonarios soborno para que la Corte Suprema de Justicia cancelara la orden de captura en contra del senador del Partido de La U, Musa Besaile, por parapolítica.

La Fiscalía General acusó a Lyons en el 2022 por el delito de cohecho por dar u ofrecer. La investigación señaló que en una reunión con el entonces abogado Luis Gustavo Moreno se fijó la entrega de dádivas para que se movieran todo tipo de influencias en la Sala de Casación Penal de la Corte para frenar la orden de captura.

El mismo Luis Gustavo Moreno, quien se convirtió en el testigo estrella, indicó que se fijó por la intermediación ilegal la entrega de dos mil millones de pesos, de los cuales se pagaron inicialmente 300 millones de pesos.

De esta manera, presuntamente, se garantizaban dilaciones judiciales y un fallo inhibitorio a favor de Besaile Fayat en el proceso por concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía aseveró que el dinero, supuestamente, fue distribuido entre Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla, y los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Enrique Malo Fernández. Por su parte, a Lyons España le habrían correspondido $150 millones.

De todo esto habría estado enterado el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien era la persona que por sus contactos en el alto tribunal e influencia iba a facilitar la dilación del caso.

Ricaurte, quien pasó por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, ya fue sentenciado a 16 años y seis meses por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (entrega y recibimiento de sobornos) y utilización indebida de información oficial privilegiada.

Recientemente, la Corte Suprema condenó a 81 meses de prisión al exsenador del Partido de la U, es decir, a más de seis años de cárcel por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación. Esto por la entrega de estos millonarios sobornos.

Los capturados iban en una de las siete camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaban a varios integrantes de ese grupo armado ilegal que están en diálogo con el Gobierno nacional.

Y es que estos carros fueron requeridos por parte de integrantes del Ejército Nacional en un retén que tenía instalado en el nordeste antioqueño, pero las personas que se encontraban en su interior se negaron a bajarse, por lo que los trasladaron hasta la unidad militar antes mencionada.

Luego de que las camionetas ingresaron al batallón, personal de la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional y el Ejército comenzaron la pesquisa de los vehículos y la identificación de las personas que allí se movilizaban.

En la identificación de las personas reconocieron a alias Érika, quien delinque en el departamento del Caquetá. También estaba Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, que es cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, y se señala que habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia para desterrar a otros grupos criminales para quedarse con negocios de narcotráfico y minería ilegal.

SEMANA conoció la orden de captura que estaba vigente en contra de alias Firu, quien sembraba el terror entre las comunidades, pues tenía reglas en la zona donde delinquía.

Y es que en uno de los vehículos que revisaron las autoridades dentro de la unidad militar en Antioquia hallaron por lo menos 60 millones de pesos en efectivo, así como también dólares, memorias USB y otros elementos que en estos momentos están en poder de las autoridades para ser analizados a profundidad.

Inicialmente, estos hechos los hizo públicos el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, a través de su cuenta en la red social de X, antes Twitter. En la publicación, se logra leer:

“En este momento tropas de la IV Brigada del @COL_EJERCITO adelantan un operativo en el nordeste del departamento. Tres cabecillas de las disidencias de las Farc están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Recogimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes”, indicó.

¡Atención!
En este momento tropas de la IV Brigada del @COL_EJERCITO adelantan un operativo en el Nordeste del Departamento. Tres cabecillas de las disidencias de las FARC están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Reconocimiento a los uniformados por su valor y a… pic.twitter.com/9BRuDNLdh8

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 23, 2024

Igualmente, el mandatario antioqueño habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y reveló que dentro de los vehículos de alta gama se encontraban Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, además de Jesús Orrego Arango, alias Firu, quien tiene una orden de captura vigente.

“Las tropas estaban realizando un control rutinario y allí retuvieron a siete vehículos de la UNP. Se pudo conocer que gran parte de los ocupantes eran de las disidencias de las Farc. Ahí estarían alias Calarcá y alias Firu, el cual es perpetrador de una masacre contra seis militares”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Estas personas se rehusaron a bajar de las camionetas, y llegó un representante de las Naciones Unidas. No vaya a ser que se le levante la orden de captura de manera exprés. Esta estrategia de la paz total ha desencadenado más violencia en Antioquia. Creemos que en los vehículos pueden llevar armamento y drogas”.

En ese lugar serán inspeccionados los siete carros de alta gama y se revelarán las identidades de las personas que están a bordo, pues se presume que varios de ellos tendrían órdenes de capturas vigentes.

El operativo es acompañado por el Ejército Nacional, la Policía y la Organización de Naciones Unidas. Las autoridades tendrán que descartar cuáles de los ocupantes tienen salvoconducto y cuáles tienen deudas con la justicia, pues algunos estarían blindados de detenciones por ser negociadores de paz.

En varios videos que se han conocido se logra observar los varios carros blindados que se dirigen hacia Bello, en Antioquia.

A esta hora avanza caravana de camionetas de la UNP con disidentes de las Farc hacia unidad militar en Bello, Antioquia. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/fnq47BVquI

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Inicialmente, estos hechos los hizo públicos el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, a través de su cuenta en la red social de X, antes Twitter. En la publicación, se logra leer:

“En este momento tropas de la IV Brigada del @COL_EJERCITO adelantan un operativo en el nordeste del departamento. Tres cabecillas de las disidencias de las Farc están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Recogimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes”, indicó.

¡Atención!
En este momento tropas de la IV Brigada del @COL_EJERCITO adelantan un operativo en el Nordeste del Departamento. Tres cabecillas de las disidencias de las FARC están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Recogimiento a los uniformados por su valor y a la… pic.twitter.com/Hi7aw9zxTG

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 23, 2024

Este suceso, como era de esperarse, provocó una gran controversia en el país. Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que los cabecillas se negaron a bajarse de las camionetas.

Igualmente, el mandatario antioqueño habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y reveló que dentro de los vehículos de alta gama se encontraban Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, además de Jesús Orrego Arango, alias Firu, quien tiene una orden de captura vigente.

“Las tropas estaban realizando un control rutinario, y allí retuvieron siete vehículos de la UNP. Se pudo conocer que gran parte de los ocupantes eran de las disidencias de las Farc. Ahí estarían alias Calarcá y alias Firu, el cual es perpetrador de una masacre contra seis militares”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Estas personas se rehusaron a bajar de las camionetas, y llegó un representante de las Naciones Unidas. No vaya a ser que se le levante la orden de captura de manera exprés. Esta estrategia de la paz total ha desencadenado más violencia en Antioquia. Creemos que en los vehículos pueden llevar armamento y drogas”.

¿Qué se sabe?

SEMANA conoció que, supuestamente, se trataría de un movimiento apoyado por la Unidad Nacional de Protección a los miembros del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central, que tienen esquema colectivo porque hacen parte de un proceso de conversaciones con el Gobierno que incluye chalecos, hombres (escoltas) y camionetas, debido a su alto riesgo.

Este brazo armado de las disidencias está cobijado con el cese al fuego de hostilidades que renovó el Gobierno nacional el pasado 16 de julio. Algunas versiones apuntan a que las camionetas las llevan a una guarnición militar sobre la que no se han dado más detalles por temas de seguridad.

En un video quedó registrado el fuerte cruce que se vivió entre las autoridades y los hombres de las disidencias de alias Calarcá en Antioquia. En el video se ve claramente cómo hombres armados y vestidos de civil le apuntan a un funcionario que les pide explicaciones. Los ocupantes de los vehículos se niegan a bajarse del carro.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Durante el balance, el alcalde afirmó que está abierto al diálogo con el gremio de los taxistas, como se ha trabajado con la Secretaría de Movilidad desde principio de año. Sin embargo, añadió que no se dará ninguna concesión bajo amenaza.

“Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero en medio de esta situación no. El Gobierno Distrital está listo para hablar, siempre y cuando no haya vías de hecho. Si hay bloqueos, no habrá diálogo”, puntualizó.

Así mismo, el mandatario distrital dijo: “En Bogotá se respeta y se garantiza la protesta, pero también tenemos que garantizar los derechos de quienes no se manifiestan”. Desde muy temprano, la Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana han trabajado para evitar que en los puntos de concentración de los taxistas se bloqueen las vías.

“Hemos tenido puntos críticos como la calle 80, la autopista Sur, Yomasa y las Américas. Se están dirigiendo a la Secretaría de Movilidad y estamos trabajando en conjunto con la Policía para garantizar que en estas vías haya la posibilidad de movilización para los ciudadanos que se están desplazando por Bogotá”, dijo Galán.

Por otro lado, el mandatario de los bogotanos confirmó que se han presentado afectaciones en siete buses troncales, cinco buses zonales y una tractomula. Además, una persona fue arrestada por agredir a una gestora del Distrito. También se han evidenciado daños en al menos siete taxis por parte de taxistas que critican a aquellos que no se suman a la manifestación.

El alcalde Galán insistió: “Vamos a garantizar la protesta, pero vamos a ser exigentes en hacer cumplir la norma, en que no se pueden afectar los derechos de los ciudadanos”. Cabe resaltar que la Policía y las autoridades de Tránsito tienen la instrucción de levantar los bloqueos cumpliendo con todos los protocolos.

No vamos a dialogar en medio de amenazas ni vías de hecho.

En Bogotá respetamos la protesta, pero no permitiremos que se afecten los derechos de los bogotanos.

Hasta el momento:

- Se han reportado puntos críticos en la Calle 80, Autopista Sur, Américas, Yomasa.

- Se han… pic.twitter.com/4Mc6bfR4RL

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 23, 2024

El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que desde la Mebog tienen disponibles 1.600 hombres y mujeres trabajando especialmente para atender la manifestación pública. “Contamos con 16 unidades de reacción, seis drones, un helicóptero y estamos activando al personal motorizado que estuvo en servicio”, agregó.

Sobre las 2:50 de la tarde de este martes 23 de julio, ingresaron a la unidad militar estos vehículos que serán inspeccionados tras una orden que emitió la misma Fiscalía General de la Nación.

Lo que tratan de establecer las autoridades con esta inspección es poder tener la plena identidad de los integrantes de este grupo armado ilegal que iban en esos vehículos.

Comienza la inspección en batallón del Ejército Nacional en Bello, Antioquia, de las siete camionetas de la UNP que transportaban a disidentes de las Farc. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/QtlLlpuekp

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Un equipo periodístico de SEMANA está en la zona y pudo corroborar el inmenso despliegue de seguridad que hay en todo este lugar y sus inmediaciones.

Lo último: llegan al batallón militar de Bello, Antioquia, las siete camionetas de la UNP que transportan a jefes de las disidencias de las Farc. La Fiscalía ordenó inspeccionar cada automotor. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/EaaMbqlNp7

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Así fue el retén del Ejército en Antioquia

Momentos de tensión se han vivido entre el Ejército y escoltas de la UNP asignados a las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Una gigantesca caravana de siete lujosas camionetas fue detenida en un puesto de control en Antioquia. En ellas se movilizaban cabecillas con órdenes de captura suspendidas por temas de la mesa de diálogos de paz con el Gobierno y alias Firu, un peligroso integrante de las disidencias que tendría orden de captura vigente, y quien debería ser detenido de inmediato por los militares.

Al parecer, los integrantes de la UNP y los ocupantes de las camionetas se han negado a entregar su plena identificación, lo que generó que el Ejército pidiera apoyo de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación.

Sobre alias Firu, según fuentes militares, se sabe que es un cabecilla que se ha escapado en varias operaciones militares y se le atribuyen acciones contra la fuerza pública en las que han muerto uniformados.

Sobre Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, se conoce que es cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, y se señala que habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia para desterrar a otros grupos criminales para quedarse con negocios de narcotráfico y minería ilegal.

Frente a la situación, desde el Ministerio de Defensa confirmaron que los ocupantes de las camionetas deben ser trasladados a una unidad militar y policial para su identificación. Así mismo, se indicó de parte del ministro de la Defensa, Iván Velásquez: “Estamos en el procedimiento. Los esquemas de seguridad tienen protocolos que deben cumplirse para la identificación de ocupantes de los vehículos blindados”.

La información que se ha recibido de fuentes militares indica que en desarrollo de un puesto de control realizado entre la vía Medellín-Anorí, en un sitio conocido como Puente Gabino, se hizo alto a una caravana de varios vehículos de alta gama para realizar una verificación, encontrando que esto se trataba de un movimiento apoyado por UNP de miembros de las Farc.

La orden de captura contra alias Firu es por el delito de concierto para delinquir agravado, “por su presunta pertenencia al grupo armado organizado GAOr-36, desempeñándose como principal cabecilla, quien ordena homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, actos terroristas”.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Los vehículos fueron retenidos en la vía Medellín-Anorí (Puente Gabino) por personal del Ejército Nacional. Sin embargo, una persona que se presentó como funcionario de la UNP confirma que está realizando el acompañamiento del proceso de negociación entre el gobierno y el ELN y un sector del EMC.

Tras conocer la situación, la Fiscalía General ordenó realizar un registro de los siete vehículos para obtener información pormenorizada. “Se ordena registrar todas las partes de los vehículos, maleta, motor, sillas, llantas de repuesto, si tiene caletas, todo lo que conforma el interior de los rodantes”, señala el documento conocido en exclusiva por SEMANA.

Con esta información se fortalecerá la investigación que ya cursa por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo; fabricación, tráfico y porte de armas de uso personal; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. “La orden de registro se considera necesaria, toda vez que la Fiscalía tiene el deber de investigar las conductas que revisten características de delito, y lograr hacer efectivas las órdenes de captura que se hayan impartido, y aquí es evidente que se transportan integrantes del Gaor 36 y 18″.

“Por eso -añade la comunicación- se requiere corroborar la situación para hacer efectivas capturas e incautar EMP y EV (...) el medio es idóneo para alcanzar el fin. Se concreta en hacer efectivas capturas para vincular a los presuntos indiciados a la investigación. Es proporcional en sentido estricto pues aquí prima el interés general sobre el particular”.

La Fiscalía General, teniendo en cuenta la información entregada por el Ejército Nacional, identificó los siete vehículos:

• FZL 359 TOYOTA 4 RUNER
• GCQ 277 TOYOTA 4 RUNER BOGOTA
• JET 777 TOYOTA 4 RUNER
• NFU 770 FUNZA MITSUBISCHI
• LUX 875 MITSUBICHI DE FUNZA
• LVW 415 MITSUCISHI DE FUNZA
• JXM 341 TOYOTA HILUX

Procedimiento UNP con respecto a retén de caravana en vehiculos en Antioquia

Hacia las 9 de la mañana de hoy el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se enteró del retén en la vía Medellín-Anorí (Puente Gabino) a un esquema colectivo de protección...

— Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) July 23, 2024

SEMANA conoció que, supuestamente, se trataría de un movimiento apoyado por la Unidad Nacional de Protección a los miembros del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central, que tienen esquema colectivo porque hacen parte de un proceso de conversaciones con el Gobierno que incluye chalecos, hombres (escoltas) y camionetas, debido a su alto riesgo.

Este brazo armado de las disidencias está cobijado con el cese al fuego de hostilidades que renovó el Gobierno nacional el pasado 16 de julio. Algunas versiones apuntan a que las camionetas las llevan a una guarnición militar sobre la que no se han dado más detalles por temas de seguridad.

En un video quedó registrado el fuerte cruce que se vivió entre las autoridades y los hombres de las disidencias de alias Calarca en Antioquia. En el video se ve claramente como hombres armados y vestidos de civil le apuntan a un funcionario que les pide explicaciones. Los ocupantes de los vehículos se niegan a bajarse del carro.

“El tema que hubo una filtración respecto de una versión que se dio en el marco de la investigación pues se repudia y se rechaza porque esas investigaciones por mandato de ley son reservadas y es un mandato tanto de la judicatura como de las partes intervinientes del proceso conservar y ser leales y mantener la reserva”, explicó.

Hoy por hoy se están adelantando las respectivas indagaciones para establecer cómo se realizó la respectiva filtración “y determinar quiénes fueron los autores de esa violación a la reserva”.

El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, rechazó la filtración del interrogatorio de Olmedo López y anunció que ya se pidió identificar a los responsables. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pOCdIptXMl

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

El magistrado Chaverra aseguró que las investigaciones contra los aforados por los hechos de corrupción en la UNGRD siguen su curso. “La Sala de Instrucción ha venido de manera muy rigurosa y juiciosa adelantando estas investigaciones conforme a la solicitud y compulsa de copias que hizo la Fiscalía General”.

En una rueda de prensa, en la que estuvo presente la fiscal General, Luz Adriana Camargo, el magistrado aseveró que se “está trabajando con el fin de aclarar esos hechos y adoptar las respectivas decisiones”.

“Independientemente de lo que pasó la seguridad y garantías que se le da al país es que en el marco de esas investigaciones que están dirigidas contra un grupo de congresistas la Corte viene trabajando con rigor, independencia, mucho juicio, sin pausa tratando de esclarecer los hechos para tomar las respectivas decisiones”, precisó el magistrado.

El pasado 11 de julio, la Fiscalía General compulsó copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue la presunta participación de nueve congresistas en los actos de corrupción en medio de la celebración de millonarios contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Visiblemente molesta, la fiscal Luz Adriana Camargo respondió que el motivo de la salida del fiscal Mario Burgos de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se dio por la investigación disciplinaria contra Burgos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9MggLgBnoV

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En la lista estaba encabezada por Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal). También se compulsaron copias contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador).

Esto, tras las declaraciones dadas en sus respectivos interrogatorios ante la Fiscalía General por el exdirector UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quienes están en la búsqueda de un principio de oportunidad parcial. Fueron los exdirectivos los que entregaron los nombres de los congresistas vinculados.

Este es el listado completo:

• Liliana Esther Bitar Castilla
• Julián Peinado Ramírez
• Juan Diego Muñoz Cabrera
• Iván Leonidas Name Vásquez
• Andrés David Calle Aguas
• Karen Astrith Manrique Olarte
• Julio Elías Chagüi Flórez
• Wadith Alberto Manzur Imbert
• Juan Pablo Gallo Maya

En la actualidad, el despacho del magistrado Francisco Javier Farfán adelanta la indagación preliminar contra Name y Calle por presuntamente recibir cuatro mil millones de pesos como soborno tras la firma del polémico contrato firmado en octubre de 2023 y que tuvo un costo por 67 mil millones de pesos para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a varias regiones de La Guajira.

La apertura de la investigación preliminar se abrió tras la revelación exclusiva de Sneyder Pinilla con SEMANA en la que reveló que por orden directa de Olmedo López, entonces director de la UNGRD, se realizó la entrega del dinero en efetivo.

Al parecer, los integrantes de la UNP y los ocupantes de las camionetas se han negado a entregar su plena identificación, lo que generó que el Ejército pidiera apoyo de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación.

Sobre alias Firu, según fuentes militares, se sabe que es un cabecilla que se ha escapado en varias operaciones militares y se le atribuyen acciones contra la fuerza pública en las que han muerto uniformados.

Sobre Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, se conoce que es cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, y se señala que habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia para desterrar a otros grupos criminales para quedarse con negocios de narcotráfico y minería ilegal.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

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Frente a la situación, desde el Ministerio de Defensa confirmaron que los ocupantes de las camionetas deben ser trasladados a una unidad militar y policial para su identificación. Así mismo, se indicó de parte del ministro de la Defensa, Iván Velásquez: “Estamos en el procedimiento. Los esquemas de seguridad tienen protocolos que deben cumplirse para la identificación de ocupantes de los vehículos blindados”.

La información que se ha recibido de fuentes militares indica que en desarrollo de un puesto de control realizado entre la vía Medellín-Anorí, en un sitio conocido como Puente Gabino, se hizo alto a una caravana de varios vehículos de alta gama para realizar una verificación, encontrando que esto se trataba de un movimiento apoyado por UNP de miembros de las Farc.

La orden de captura contra Firu es por el delito de concierto para delinquir agravado, “por su presunta pertenencia al grupo armado organizado Gaor-36, desempeñándose como principal cabecilla, quien ordena homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, actos terroristas”.

Así mismo, señala la orden de captura que otros delitos por los que debe responder alias Firu son: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, utilización ilegal de uniformes e insignias, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, terrorismo, hurto calificado y agravado, entre otros.

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, aseguró que las disidencias de las Farc de Mordisco, se deben concentrar en zonas específicas de los departamentos de Antioquia, Magdalena, Bolívar. Son 1.799 hombres los que estarían en dichas zonas.

“Van a estar en sectores de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander. Se deben concentrar. La mesa de diálogo que ha venido trabajando esas semanas logró llegar a ese acuerdo, que es importante, porque eso no lo hemos logrado ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo, cuando tuvimos cese al fuego con ellos”, dijo el almirante Cubides.

Igualmente, el concejal Leandro Castellanos reveló qué pasó la noche en la que falleció la joven y aseguró que este triste hecho dejó en evidencia una preocupante situación que se viene presentando con las ambulancias en Bogotá. Asimismo, recalcó que a la médica se le pudo haber salvado la vida.

El exfutbolista contó mediante un comunicado de prensa que el miércoles 17 de julio, sobre las 10 de la noche, una persona se comunicó con la línea 123 solicitando ayuda de los organismos de emergencia para atender a una joven que se encontraba en estado crítico.

“Al llegar a la residencia, los Bomberos Oficiales de Bogotá inician labores de reanimación, ya que la joven de 27 años de edad se encontraba muy delicada. Además, los socorristas, por medio de sus radios de comunicación, piden apoyo de ambulancia”, agregó el funcionario.

Luego, precisó: “Pasan más de 30 minutos y al evidenciar que la ambulancia no llega, los bomberos se ven en la necesidad de pedir otra máquina de su institución para apoyarse y poder salvarle la vida a la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga. A las 12:03 a. m., llega la ambulancia al sitio y el personal médico confirma el deceso de la joven”.

#Comunicado | "¡La vida de Catalina Gutiérrez Zuluaga se pudo haber salvado!" @leocaste22 ☝🏽

Más información: https://t.co/L9ZLTOn8IF pic.twitter.com/7Dl10kNGY6

— Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) July 22, 2024

Castellanos puntualizó que era inaceptable que con tantas ambulancias en Bogotá, tanto públicas como privadas, ninguna hubiese llegado a tiempo. El concejal también indicó que tiene los reportes de las llamadas hechas al 123 por este caso y las conversaciones que tuvieron con los bomberos, a los que felicitó públicamente.

“Desde esta curul felicitamos a los bomberos, quienes hicieron presencia en la casa de Catalina, y fueron ellos quienes le prestaron el soporte de vida, fueron ellos quienes le hicieron reanimación cardiopulmonar a la joven por cerca de 90 minutos esperando la ambulancia, la cual llegó cuando la mujer ya había fallecido”, reiteró el exjugador.

Por último, concluyó: “Desde el Concejo de Bogotá haré control político a las entidades responsables e investigaremos quién está detrás del despacho de estos vehículos de emergencia. Me duele la vida de Catalina Gutiérrez Zuluaga, ya que es una vida que se pudo salvar”.

La Secretaría de Salud de Bogotá, por su parte, no solo se refirió a la muerte de la doctora Gutiérrez, sino que decidió tomar cartas en el asunto, por lo que anunció que se activarán mesas de trabajo con las decanaturas y las direcciones de bienestar estudiantil para revisar las acciones que deben fortalecerse, con el fin de proteger la salud mental y física de los estudiantes.

“Es intolerable el maltrato en cualquier ámbito educativo y laboral, especialmente en la formación de nuestros futuros profesionales de la salud. No debemos permitir que la presión y el estrés se conviertan en factores que pongan en peligro la vida y el bienestar de quienes están dedicados a salvar vidas y cuidar de nuestra salud”, sentenció la entidad.

Las primeras imágenes dejan ver a varios individuos disfrazados con uniformes de la Policía y de una empresa de mensajería, lo que les permitió moverse sin levantar sospecha antes y después de perpetrar el golpe a la joyería.

El video deja ver a los delincuentes entrar a la joyería, desenfundar sus armas y amenazar a los empleados y al guardia de seguridad que se encontraba en el lugar.

Los primeros en ingresar son dos sujetos que lucían uniformes de la Policía, quienes se encargan de encañonar a los empleados y de reducir al vigilante, quien es agredido en varias oportunidades por los delincuentes.

Una vez los cuatro empleados, tres hombres y una mujer, fueron neutralizados, ingresaron dos sujetos más, uno de ellos vistiendo uniforme de una compañía de mensajería y quien fue uno de los encargados de empacar el botín.

El cuarto hombre, que lucía un pantalón azul y una camiseta rosada, se abalanza sobre el mostrador y cruza las vitrinas para tener más control de la situación y supervisar que los empleados empacaran lo que finalmente los delincuentes se robaron.

Más adelante aparecen otros dos sujetos, uno con camiseta roja y un arma en la mano y otro con uniforme de la Policía, quien con su pistola señala a los empleados que debían empacar.

Finalmente, en menos de dos minutos, los ladrones abandonan el lugar y dejan herido al vigilante, a quien además le robaron su celular. Los otros empleados salen para intentar dar aviso a las autoridades; sin embargo, se desconoce cómo fue la maniobra que permitió a este grupo de delincuentes abandonar el centro comercial.

🚨#VIDEO l Este fue el momento donde los delincuentes entraron a la joyería del Centro Comercial San José Plaza.😯 pic.twitter.com/tma9WF1kxV

— Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 23, 2024

Al respecto, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, publicó unas declaraciones en la red social X en las que asegura que los delincuentes responsables de este hurto habían dejado hace poco la cárcel, lugar al que habían llegado por los delitos de hurto calificado y agravado.

“Estamos hartos de tanta alcahuetería judicial en Colombia. Varios de los delincuentes que cometieron el atraco a la Joyería en la Isla, habían salido hace poco de la cárcel por hurto calificado y agravado. Las penas irrisorias y un sistema judicial excesivamente laxo está empoderando a los delincuentes. No más detención domiciliaria a criminales altamente peligrosos”, dijo Beltrán en sus declaraciones.

“Ofrecemos una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien nos dé información para dar con el paradero de quienes cometieron el delito. Ya tenemos identificado a algunos de ellos. Sabemos quiénes son porque estuvieron merodeando la zona. Tenemos toda la trazabilidad, por eso estamos en la búsqueda de las siete personas que utilizaron uniforme de la Policía, ropa de una empresa de mensajería y que hicieron todo un trabajo de inteligencia”, dijo el alcalde de Bucaramanga.

Estamos hartos de tanta alcahuetería judicial en Colombia.

Varios de los delincuentes que cometieron el atraco a la Joyería en la Isla, habían salido hace poco de la cárcel por hurto calificado y agravado.

Las penas irrisorias y un sistema judicial excesivamente laxo, está… pic.twitter.com/U0yUruG9js

— Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) July 23, 2024

Por su parte, el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que ya se dispuso de un grupo élite para poder adelantar la investigación pertinente que permita capturar a los delincuentes.

“Sobre el hecho ocurrido en horas de la mañana donde intimidan con armas y hurtan un local de venta de joyas, se ha dispuesto del grupo elite contra el hurto e inteligencia policial. Invitamos a la comunidad a que contribuyan a lograr la identificación y judicialización de los responsables del hecho, pueden comunicarse a la línea contra el crimen 3143587212 o al correo electrónico mebuc.sijin-gdepeunica@policia.gov.co absoluta reserva”, dijo la Policía de Bucaramanga.

El caso se enfoca en el trámite que avanza para la contratación de la prestación de servicios de salud a los presos y menores de 3 años que convivan con sus madres al interior de las cárceles, la cual actualmente la cubre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a través del Fondo Nacional de Salud, que gira directamente a la Fiduprevisora.

Con el arranque del proceso, la Procuraduría halló “que una vez publicados los términos de referencia definitivos, los interesados contaban unicamente con 2 días para presentar sus ofertas. Siendo un proceso de más de 170 mil millones de pesos, preocupa al Ministerio Público que dicho cronograma pueda lesionar los principios de la contratación pública”.

Por esa razón, el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, le pidió a la vicepresidenta de negocios fiduciarios de la Previsora S.A., María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, ampliar los términos para la manifestación de interés y entrega de propuestas de los eventuales oferentes, con el fin de garantizar la libre concurrencia y pluralidad.

Con las advertencias sobre este proceso, la Procuraduría le pidió a los intervinieres en el proceso realizar el análisis riguroso de la información que se solicitó, y si tiene reserva se debe notificar dicha condición. Además, el ente de control alertó que una vez realice el estudio de la documentación e información solicitada se determinará la viabilidad de efectuar una vigilancia preventiva de carácter contractual sobre la invitación pública.

Hay que recordar que con el nuevo modelo de salud para los maestros, varios veedores del Fomag alertaron que el sistema estaba presentando serias irregularidades que estaban vulnerando el derecho a la salud y la atención a los educadores.

Dimas Andrés Arias, veedor del Fomag, en diálogo con SEMANA aseguró que “hay barreras que persisten en la entrega de medicamentos, citas con especialistas, hay una falta de claridad en la información, hay maestros que llegan enfermos porque no saben dónde deben ser atendidos. Los canales de WhatsApp en algunas ocasiones funcionan, en otras no; los correos del Fomag los responden en inglés, creemos que son máquinas. Los medicamentos de alto costo siguen siendo un problema”.

En medio de la crisis que generó esas modificaciones a los 820 mil usuarios de ese sistema de salud, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) le dieron un ultimátum al Gobierno Petro para resolver los problemas. Los mismos educadores aseguraron que la Fiduprevisora, la responsable del sistema, no les ha dado contratos a determinadas instituciones prestadoras y sigue presentándoles cartas de intención como sustento de una vinculación laboral. Sin embargo, esos documentos no son contratos que les permitan a las entidades cobrar por su labor y por eso están sin servicio.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

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Sin embargo, fuentes militares confirmaron que por los protocolos que se definieron en dicha mesa, los ocupantes de las caravanas se deben identificar ante las autoridades competentes. Pero, para este caso, no parece haber ocurrido así; según fuentes que se encuentran en la zona, los ocupantes de los vehículos se han negado a bajarse de las camionetas y a entregar su identificación.

Las fuentes militares señalaron que –al parecer– dentro de las camionetas se movilizan cabecillas que tienen la orden de captura suspendida en su contra por hacer parte del proceso de paz, pero hay otros que no y sobre quienes los militares tienen la orden constitucional de ejecutar la detención inmediata.

SEMANA consultó con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien aseguró que los ocupantes de las camionetas deben ser trasladados a una unidad militar y policial para su identificación. Así mismo, indicó: “Estamos en el procedimiento. Los esquemas de seguridad tienen protocolos que deben cumplirse para la identificación de ocupantes de los vehículos blindados”, señaló el ministro Velásquez a SEMANA.

La información que se ha recibido de fuentes militares indica que en desarrollo de un puesto de control realizado entre la vía Medellín-Anorí, en un sitio conocido como Puente Gabino, se hizo alto a una caravana de varios vehículos de alta gama para realizar una verificación, encontrando que se trataba de un movimiento apoyado por la UNP a miembros de las Farc.

Dentro de la información que han recopilado de manera parcial los militares, se ha indicado que al parecer uno de los cabecillas que se moviliza allí es alias Firu, quien tiene orden de captura vigente y esto es lo que habría generado la negativa de los ocupantes a bajarse y obstaculizar la labor de identificación que tienen que hacer los militares.

La compleja situación se da a pocos días de que el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, confirmara que el Gobierno había optado por renovar un cese al fuego con las disidencias de las Farc, pero para esta ocasión solo con el ala de Alexander Díaz, alias Calarcá, mientras rompe negociaciones con alias Iván Mordisco.

El cese fue confirmado para tres meses, en los que se definirán otros aspectos de las negociaciones. En diálogo con SEMANA, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, aseguró que ese tiempo servirá para definir cómo serán la zonas de concentración en las que estarán los hombres de Calarcá en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Bolívar.

“Van a estar en sectores de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander. Se deben concentrar. La mesa de diálogo que ha venido trabajando esas semanas logró llegar a ese acuerdo, que es importante, porque eso no lo hemos logrado ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo, cuando tuvimos cese al fuego con ellos”, dijo el almirante Cubides.

Los cabecillas, entre los que se encuentra alias Calarcá, uno de los negociadores del proceso de paz que el Gobierno nacional sostiene con el Estado Mayor Central, no quieren descender de los vehículos tipo camionetas y ya completan más de cuatro horas en ese punto, mientras que los militares insisten en conducirlos hasta el batallón de Bello.

Al lugar ya arribaron miembros de la ONU que intentan mediar en la situación; no obstante, SEMANA conoció de una fuente de Inteligencia que la principal hipótesis es que además de los cabecillas -entre los que hay uno con orden de captura- en los vehículos habría drones, rifles y material explosivo.

Entretanto, la Fiscalía ordenó el registro a los siete vehículos por los tres posibles delitos de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas de uso personal y privativo.

La detención de esta caravana se dio en en la subregión del nordeste del departamento. Así lo informó el gobernador Andrés Julián Rendón por medio de un video que publicó en sus redes sociales: “Tres cabecillas de las disidencias de las Farc están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Reconocimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes”, afirmó el mandatario.

SEMANA conoció que, supuestamente, se trataría de un movimiento apoyado por la Unidad Nacional de Protección a los miembros del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central, que tienen esquema colectivo porque hacen parte de un proceso de conversaciones con el Gobierno que incluye chalecos, hombres (escoltas) y camionetas, debido a su alto riesgo.

Este brazo armado de las disidencias está cobijado con el cese al fuego de hostilidades que renovó el Gobierno nacional el pasado 16 de julio. Algunas versiones apuntan a que las camionetas las llevan a una guarnición militar sobre la que no se han dado más detalles por temas de seguridad.

En un video quedó registrado el fuerte cruce que se vivió entre las autoridades y los hombres de las disidencias de alias Calarca en Antioquia. En el video se ve claramente como hombres armados y vestidos de civil le apuntan a un funcionario que les pide explicaciones. Los ocupantes de los vehículos se niegan a bajarse del carro.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

El hallazgo se dio en la subregión del nordeste del departamento en la mañana de este martes, 23 de julio. Así lo informó el gobernador Andrés Julián Rendón por medio de un video que publicó en sus redes sociales:

“Tres cabecillas de las disidencias de las Farc están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Reconocimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes”, afirmó el mandatario.

¡Atención!
En este momento tropas de la IV Brigada del @COL_EJERCITO adelantan un operativo en el Nordeste del Departamento. Tres cabecillas de las disidencias de las FARC están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Recogimiento a los uniformados por su valor y a la… pic.twitter.com/Hi7aw9zxTG

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 23, 2024

Si bien no se han revelado todas las identidades de los ocupantes de los automotores, se sospecha que son cabecillas del Estado Mayor Central, quienes tendrían órdenes de captura vigentes y estarían en procesos de paz con el Gobierno.

Entre los cabecillas, se confirma que está alias Calarcá, y hay otros dos alias de los que no se ha podido confirmar su identidad. Varios de ellos están en la mesa de negociación y uno tiene orden de captura.

SEMANA conoció que, supuestamente, se trataría de un movimiento apoyado por la Unidad Nacional de Protección a los miembros del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central, que tienen esquema colectivo porque hacen parte de un proceso de conversaciones con el Gobierno que incluye chalecos, hombres (escoltas) y camionetas, debido a su alto riesgo.

Este brazo armado de las disidencias está cobijado con el cese al fuego de hostilidades que renovó el Gobierno nacional el pasado 16 de julio. Algunas versiones apuntan a que las camionetas las llevan a una guarnición militar sobre la que no se han dado más detalles por temas de seguridad.

En un video conocido por SEMANA se logran ver los momentos de tensión entre los cabecillas y los miembros del Ejército Nacional.

En este quedó registrado el fuerte cruce que se vivió entre las autoridades y los hombres de las disidencias de alias Calarcá en Antioquia. También se ve claramente cómo hombres armados y vestidos de civil le apuntan a un funcionario que les pide explicaciones. Los ocupantes de los vehículos se niegan a bajarse del carro.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

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Pese a que las autoridades pretendían conducir a los cabecillas hasta el batallón de Bello, los ocupantes de los vehículos se negaron a moverse del sector y hacia las 12 del mediodía, aún la caravana sigue detenida en el nordeste de Antioquia.

SEMANA conoció que estarían esperando la presencia de miembros de la ONU para mediar en esta situación. Entretanto, los vehículos de la caravana son tres Toyota 4Runer, una Toyota Hilux y tres camionetas Mitsubishi.

Dicha investigación arrancó el pasado mes de abril, cuando el magistrado Rodríguez decidió indagar todas las campañas de los 20 senadores que hoy tiene el Pacto Histórico en el Congreso de la República, para verificar si existieron algún tipo de inconsistencias en la financiación de dichas campañas electorales.

El primero en responder por medio de una versión libre fue el senador Iván Cepeda, quien ha tenido una alta visibilidad en el gobierno del presidente Gustavo Petro, al integrar la comisión que negocia la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A su llegada a la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, el senador Cepeda aseguró que “sobre esa versión simplemente diría que estoy siempre a los llamados de la justicia, dispuesto a dar las explicaciones que sean necesarias. No tengo nada que ocultar”.

El senador Iván Cepeda llegó a la Corte Suprema a responder por la investigación de financiación ilegal de la campaña al Congreso del Pacto Histórico. “No tuve ninguna participación en esa circunstancia”, dijo Cepeda sobre la empresa de aviación que se utilizó en esa campaña.… pic.twitter.com/dKOwucPCeI

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Además, agregó que “con relación al episodio en el que fue utilizada una empresa aérea para hacer campaña en el país, debo decir claramente que no tuve ninguna participación en esas circunstancias y recordar que en el momento en que se hizo la campaña del Senado en 2022 yo me encontraba en tratamiento de quimioterapia”.

Esa fue la única explicación que entregó el congresista del Pacto Histórico, argumentando que dicha investigación tiene una reserva que debe respetar para que el proceso investigativo no vaya a tener ninguna novedad.

Es importante recordar que desde el pasado mes de abril, el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, anunció a indagación preliminar contra los 20 senadores del Pacto Histórico para identificar si se presentaron presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de los 20 candidatos que hoy hacen parte del Congreso de la República.

Fuentes del alto tribunal le confirmaron a SEMANA que la investigación se centra en los reportes de ingresos y gastos de campaña que reportó cada congresista al Consejo Nacional Electoral (CNE). Con esta indagación, volvió a entrar en la mira la cuestionada Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), salpicada en la campaña Petro presidente, pero ahora se trata de determinar si tuvo alguna relación con las campañas de los senadores electos del Pacto Histórico.

Sobre esa compañía es que hoy el senador Cepeda se desmarca y asegura que no utilizó ninguno de sus servicios, para transportarse en medio de la campaña electoral que adelantó la campaña al Senado del Pacto Histórico.

Esa investigación recae sobre los 20 congresistas de la coalición de gobierno como Aida Avella, Roy Barreras (actual embajador en el Reino Ubido), María José Pizarro, Martha Peralta, Iván Cepeda y Pedro Flórez, quien ha sido señalado de ser aliado del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, envuelto en un nuevo escándalo que lo vincularía con una agresión a su pareja sentimental.

Por otro lado, el magistrado César Reyes, adelanta otra investigación contra los congresistas de ese mismo movimiento Agmeth Escaf y Pedro Flórez, quienes terminaron investigados por las confesiones que hizo Nicolás Petro, el hijo del mandatario, sobre las presuntas irregularides en la campaña Petro Presidente.

Sobre esa diligencia, el magistrado Reyes ya citó a Nicolás Petro, Day Vásquez, Guillermo Jaramillo, Laura Sarabia, Christian Daes, Máximo Noriega, entre otros personajes que fueron mencionados por el hijo del presidente como implicados en la financiación de la campaña Petro presidente.

Por eso la Sala de Primera Instancia decidió “no revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 1° de noviembre de 2012″.

La defensa de ‘El Gordo’ García había argumentado que no era necesaria la medida de aseguramiento en su contra porque el Bloque Héroes de los Montes de María, principales autores de la masacre de Macayepo, se desmovilizaron en julio de 2005 y por la avanzada edad del excongresita.

Sin embargo, para la sala de Primera Instancia, “el hecho de que el mentado grupo armado se desmovilizó en el año 2005 impide afirmar que el aquí procesado no representa un peligro para la comunidad, pues su reconocida y marcada influencia a nivel regional, permiten afirmar que subsiste la posibilidad de continuar implementando hegemonías para el manejo de los territorios de manera irregular, lo que se traduce en la actual necesidad para mantener vigente la medida de aseguramiento que en su contra pesa”.

La Corte Suprema de Justicia también consideró que los delitos acusados contra García son de “vital relevancia”, teniendo en cuenta que su conducta afectó la colectividad colombiana, específicamente a las comunidades en Sucre y Bolívar, teniendo en cuenta el desplazamiento forzado que se presentó tras la masacre en Macayepo, dejarían en consideración que el excongresista representaría un peligro para la sociedad.

“La Sala concluye que, al analizar la medida de aseguramiento impuesta a GARCÍA ROMERO y atendiendo los presupuestos descritos en la Ley 906 de 2004, no es dable predicar que la medida de aseguramiento de detención preventiva no resulte necesaria en la actualidad”, dice el fallo.

Por ahora, Álvaro ‘El Gordo’ García seguirá en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, por el poceso en su contra por la masacre en Macayepo y el desplazamiento de 4 mil personas que se registró en la región de los Montes de María, quienes tuvieron que huir de sus hogares por el miedo que causaba la guerra que se estaba presentando en esa época.

“Como consecuencia de la incursión paramilitar que creó un ambiente de angustia y zozobra colectivas consolidado con ocasión de los enfrentamientos entre paramilitares e insurgentes de las Farc y el ELN, que dejó como resultado varios homicidios y la incineración de viviendas en la zona”, precisó la Corte al dictar la medida de aseguramiento.

El hallazgo se dio en la subregión del nordeste del departamento en la mañana de este martes, 23 de julio. Así lo informó el gobernador Andrés Julián Rendón por medio de un video que publicó en sus redes sociales: “Tres cabecillas de las disidencias de las Farc están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Reconocimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes”, afirmó el mandatario.

Frente a esto, SEMANA conoció que se trata de siete camionetas de alta gama y uno de los ocupantes es alias Calarcá, uno de los negociadores del proceso de paz que el Gobierno nacional mantiene con parte del Estado Mayor Central.

SEMANA conoció que, supuestamente, se trataría de un movimiento apoyado por la Unidad Nacional de Protección a los miembros del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central, que tienen esquema colectivo porque hacen parte de un proceso de conversaciones con el Gobierno que incluye chalecos, hombres (escoltas) y camionetas, debido a su alto riesgo.

Los vehículos de la caravana son tres Toyota 4Runer, una Toyota Hilux y tres camionetas Mitsubichi. En un video quedó registrado el fuerte cruce que se vivió entre las autoridades y los hombres de las disidencias de alias Calarcá en Antioquia. En el video se ve claramente como hombres armados y vestidos de civil le apuntan a un funcionario que les pide explicaciones. Los ocupantes de los vehículos se niegan a bajarse del carro.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

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Noticia en desarrollo...

Visiblemente molesta, la fiscal Luz Adriana Camargo respondió que el motivo de la salida del fiscal Mario Burgos de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se dio por la investigación disciplinaria contra Burgos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9MggLgBnoV

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

El país solo había conocido de la radical y polémica decisión a través de comunicados oficiales de la Fiscalía, sin que quedaran claros los motivos, más allá de una explicación en pocas líneas que se refería al pliego de cargos contra Burgos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Hoy, en rueda de prensa, se le preguntó directamente a la fiscal Camargo para que diera explicaciones, pero no fue así, ante la pregunta simplemente dijo que se estaba hablando de otro tema, hizo referencia a los comunicados de la entidad, se paró y se fue.

“Ay no, estamos ya en el tema tres. Mira, claramente hay un comunicado que se sacó el día de ayer, y un comunicado que se sacó la semana pasada respecto al tema, donde se aclara cuáles son las razones que tienen que ver con la investigación disciplinaria que le adelantan al fiscal delegado ante el tribunal respectivo y que implicó pliego de cargos contra él. Ahí está explicado perfectamente la postura oficial de la Fiscalía. Mil gracias a todos”, en seguida la fiscal Camargo se paró y se fue.

El comunicado de explicación al que se refiere Camargo, fue publicado el pasado 10 de julio y en un par de párrafos explica la polémica decisión que deja en el limbo la investigación contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro.

“La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”, se lee en el comunicado.

Y agrega que, “de acuerdo con la resolución 372 del 9 de julio de 2024 de la delegada, del pliego disciplinario de cargos surge la causal objetiva 11 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, según la cual “(...) si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial”.

Además, ayer se tomó la decisión de ponerle fin al llamado Grupo de Tareas Especiales que justamente se conformó para adelantar las investigaciones derivadas de este escándalo.

Posteriormente, al fiscal Burgos le llegó una carta en la que pide que en el menor tiempo posible le entregue todo el material probatorio con el que cuenta en este caso.

En un documento en exclusiva por SEMANA, la subdirectora de talento humano le pidió al fiscal Mario Burgos que haga entrega inmediata de todos los asuntos que tenga a su cargo en los próximos cinco días hábiles.

Pese a que se argumentó en un principio que el retiro del fiscal Mario Burgos se debía al proceso que le abrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, resulta extraño que se le retire de todos los procesos que tienen que ver con este escándalo y que cuenta con varias líneas de investigación.

Entre estas, se destaca la investigación contra Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y quien será testigo de cargo de la Fiscalía General en el juicio contra el exdiputado.

Estos son los tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia. Al parecer, en una caravana estaban siendo movilizados cabecillas con orden de captura vigente. Se trata de establecer si se… pic.twitter.com/sbeeOFpAbf

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Tropas del Ejército Nacional interceptaron una caravana de vehículos de alta gama en las carreteras del departamento de Antioquia donde se estarían movilizando presuntos jefes de las disidencias de las Farc.

El hallazgo se dio en la subregión del nordeste del departamento en la mañana de este martes, 23 de julio. Así lo informó el gobernador Andrés Julián Rendón por medio de un video que publicó en sus redes sociales.

“Tres cabecillas de las disidencias de las Farc están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Reconocimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes”, afirmó el mandatario.

Si bien no se han revelado todas las identidades de los ocupantes de los automotores, se sospecha que son cabecillas del Estado Mayor Central, quienes tendrían órdenes de captura vigentes y estarían en procesos de paz con el Gobierno.

Entre los cabecillas, se confirma que está alias Calarcá. Y hay otros dos alias de los que no se ha podido confirmar su identidad. Varios de ellos están en la mesa de negociación y uno de ellos tiene orden de captura.

SEMANA conoció que, supuestamente, se trataría de un movimiento apoyado por la Unidad Nacional de Protección a los miembros del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central, que tienen esquema colectivo porque hacen parte de un proceso de conversaciones con el Gobierno que incluye chalecos, hombres (escoltas) y camionetas, debido a su alto riesgo.

Este brazo armado de las disidencias está cobijado con el cese al fuego de hostilidades que renovó el Gobierno nacional el pasado 16 de julio. Algunas versiones apuntan a que las camionetas las llevan a una guarnición militar sobre la que no se han dado más detalles por temas de seguridad.

Los carros de lujo

SEMANA conoció que se trata de siete camionetas de alta gama y uno de los ocupantes es alias Calarcá, uno de los negociadores del proceso de paz que el Gobierno nacional mantiene con parte del Estado Mayor Central.

Los vehículos de la caravana son tres Toyota 4Runer, una Toyota Hilux y tres camionetas Mitsubichi.

De acuerdo con el informe de la administración municipal, con corte a las 7:30 a. m., hay seis bloqueos que frenan el recorrido de los habitantes, por lo que se recomienda tomar vías alternas y salir con tiempo para llegar a los destinos.

Los conductores obstaculizan la movilidad en los sectores del Rodadero, Mamatoco, Zuca, Piragua, La Paz y La Lucha. Es decir, está bloqueado el acceso vial al aeropuerto internacional Simón Bolívar.

La protesta en la capital del Magdalena también es respaldada por los conductores de buses, quienes también piden respuestas de las autoridades para frenar el crecimiento de los servicios que prestan los automotores particulares.

Los líderes del paro han expresado que hay una competencia desleal: “La falta de regulación adecuada y la escasez de operativos de tránsito han permitido que las normas sean constantemente violadas”, dijo Asoprotaxis a RCN Radio.

Mientras tanto, los sectores del turismo piden a los conductores no obstaculizar las vías para no afectar a los visitantes, principalmente a los que se desplazan entre y desde la terminal aérea del departamento.

Aquí en Santa Marta los taxistas tienen trancada la troncal, y la vía al aeropuerto.
Ojo si ustedes tienen vuelo.
Grave . pic.twitter.com/z5fmDJUG3V

— DoñaPily (@dona_pily2) July 23, 2024

Las protestas también están programadas en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Tunja, Manizales, Valledupar, Santa Marta y Pasto, entre otros puntos del territorio nacional. Si bien el horario de inicio es diferente en cada rincón, se prevén inconvenientes en el tránsito desde las 5 a. m.

Medellín

Aunque el gremio de taxistas no reveló la ruta y no pidió acompañamiento de las autoridades locales, se anunció que la protesta se hará en la capital de Antioquia y en seis municipios más del Valle de Aburrá. En el caso de la ciudad, podría arrancar a las 8:30 a. m. desde Jumbo de la 65.

Cartagena

Frente al paro nacional de taxistas, este martes 23 de julio no habrá clases en los colegios públicos y privados de Cartagena.

El recorrido que han anunciado los taxistas incide en puntos donde hay alta afluencia vehicular y confluye en el Centro Histórico:

• Terminal de Transporte
• Bomba El Amparo
• Ceballos
• Sociedad Portuaria
• Pie del Cerro en Castillo San Felipe
• Bocagrande, en el Hotel Caribe
• Aeropuerto.

“Los taxistas han anunciado que en caravana se desplazarán por vías principales de la ciudad desde tempranas horas. En atención a esta situación que incidirá en los desplazamientos, se recomienda a los ciudadanos movilizarse solo si es necesario, o planificar su viaje si requiere circular obligatoriamente”, afirmó la administración local.

Bucaramanga

Plan tortuga desde las 7 a. m. desde Puerta del Sol hasta el centro de la ciudad.

Cali

La movilización iniciará a tempranas horas del día en los siguientes puntos, aunque podría cambiar la programación a última hora:

• Paso del Comercio
• Menga
• Portada al Mar
• Calle 13 con carrera 110, vía Jamundí
• Sameco
• Alfonso López

Asimismo, informó que este lunes, 22 de julio, se han reportado algunos movimientos telúricos en algunos departamentos. La entidad señaló que se presentaron algunos sismos de más de 2.5 de magnitud durante las primeras horas de la tarde.

Minuto a minuto

Los Santos (Santander)

Magnitud: 2.7

Profundidad: 145 km

Hora local: 2024-07-22 14:39:43

Hora UTC: 2024-07-22 19:39:43

Latitud: 6.80°

Longitud: -73.15°

Agustín Codazzi (Cesar)

Magnitud: 2.2

Profundidad: 103 km

Hora local: 2024-07-22 13:25:44

Hora UTC: 2024-07-22 18:25:44

Latitud: 9.88°

Longitud: -73.44°

Los Santos (Santander)

Magnitud: 2.1

Profundidad: 134 km

Hora local: 2024-07-22 09:03:09

Hora UTC: 2024-07-22 14:03:09

Latitud: 6.77°

Longitud: -73.09°

Dabeiba (Antioquia)

Magnitud: 2.3

Profundidad: superficial (menor a 30 km)

Hora local: 2024-07-22 07:52:34

Hora UTC: 2024-07-22 12:52:34

Latitud: 6.92°

Longitud: -76.27°

Los Santos (Santander)

Magnitud: 2.2

Profundidad: 141 km

Hora local: 2024-07-22 04:21:48

Hora UTC: 2024-07-22 09:21:48

Latitud: 6.75°

Longitud: -73.14°

¿Cómo actuar en caso de un temblor?

El SGC señala que lo mejor en este tipo de casos siempre será conservar la calma. “Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismorresistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer”, explicó.

Además, la entidad enfatizó: “Trate de salir de inmediato y, durante la salida, vigile su entorno para identificar los peligros durante la evacuación. Evite el uso de ascensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar”.

• Si está en su vivienda, y únicamente si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, porque se podrían trabar y dejarlo a usted y a su familia, encerrados.
• Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas, pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios; con precaución diríjase al centro de la calle y tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hayan sentido el sismo.
• Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un sitio seguro (alejado de postes, cables y vallas).

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, responde a la propuesta de Olmedo López y Sneyder Pinilla de pagar cinco años de cárcel por el escándalo de la UNGRD. "No es impunidad". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/a4tH1CSRTm

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

La jefa del ente investigador aseguró que no se puede hablar de impunidad en este caso. “Todo lo contrario. Lo que hubo fue una justicia negociada en el marco de lo que es ese mecanismo premial que nos permite la ley. Y para allá es para donde nosotros vamos”, aseguró al citar el proceso de colaboración y entrega de información con las autoridades para desenmarañar la investigación relacionada, principalmente, con el contrato para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira y que tuvo un costo cercano a los 67 mil millones de pesos.

La fiscal general recordó que al comienzo de la investigación, tanto Sneyder Pinilla como Olmedo López estaban buscando un principio de oportunidad con una inmunidad total a cambio de la información que iban a entregar. Esta propuesta fue negada de tajo, hecho por el cual fueron citados a una imputación de cargos que quedó programada para este jueves 25 de julio.

“Aquí la Fiscalía no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie. Está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite. Y yo espero que sea una investigación que favorezca la verdad en el país, que es lo que tanta falta nos hace”, detalló.

Desde que comenzó su gestión, explicó, se han buscado mecanismos para acelerar la administración de justicia y desarrollar varios de los procesos que están quietos. Por esto, es necesario aplicar la ley y crear nuevas formas para que los casos no se demoren tanto en resolverse.

Este fue un proyecto que le puso de presente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, quien ha mostrado su apoyo.

La propuesta de Sneyder Pinilla

En el documento enviado el pasado viernes 19 de julio por la defensa de Sneyder Pinilla, se fija una condena de 60,5 meses de prisión (es decir, cinco años).

“La anterior pena de prisión de 60,5 meses, la cumpliré en atención a mi seguridad y vida, por la calidad de testigo que ostento, en un centro de reclusión militar”, precisa la propuesta.

En el documento se indica que reconocerá su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en cuatro eventos (40 carrotanques de La Guajira Yapurutú: Plan 100 Mil Luis Carlos Barreto - Tanques de reserva); así como en los cargos de falsedad ideológica en documento público y peculado agravado.

Igualmente, se compromete a reintegrar la suma de 292 millones de pesos por el incremento patrimonial que se presentó por estos actos de corrupción.

La Fiscalía General le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Igualmente, anunció que este 23 de julio se han reportado algunos movimientos telúricos en algunas regiones alrededor del territorio nacional. El SGC señaló que se presentó un sismo de 3.0 de magnitud durante las primeras horas de la mañana.

Minuto a minuto

7:11 a.m. La Unión (Sucre)

Magnitud: 3

Profundidad: 32 km

Hora local: 2024-07-23 07:11:18

Hora UTC: 2024-07-23 12:11:18

Latitud: 8.83°

Longitud: -75.31°

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-07-23, 07:11 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 30 km, La Unión - Sucre, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo pic.twitter.com/3HqYS62ETg

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 23, 2024

6:33 a.m. Los Santos (Santander)

Magnitud: 2.8

Profundidad: 144 km

Hora local: 2024-07-23 06:33:07

Hora UTC: 2024-07-23 11:33:07

Latitud: 6.79°

Longitud: -73.10°

¿Qué hacer en caso de un temblor?

El SGC señala que lo mejor en este tipo de casos siempre será conservar la calma. “Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismorresistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer”, explicó.

Además, la entidad enfatizó: “Trate de salir de inmediato y, durante la salida, vigile su entorno para identificar los peligros durante la evacuación. Evite el uso de ascensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar”.

• Si está en su vivienda, y únicamente si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, porque se podrían trabar y dejarlo a usted y a su familia, encerrados.
• Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas, pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios; con precaución diríjase al centro de la calle y tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hayan sentido el sismo.
• Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un sitio seguro (alejado de postes, cables y vallas).

“Rechazamos contundentemente este hecho atroz contra Laika, que pertenecía a una familia, un ser sintiente que cruelmente fue asesinado. Es por ello que activamos la Ruta de Protección Animal del departamento. Estamos dándole todo el acompañamiento a la familia en el tema jurídico y con atención psicológica, un equipo completo a disposición de esta familia que está pasando un duro momento”, enfatizó la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle, Francia Elena Obando.

Con la activación de la Ruta de Protección Animal se da curso a las investigaciones de las autoridades para que se impongan las sanciones de acuerdo con la Ley 1774 de 2016. El gobierno del Valle realiza el acompañamiento a la familia, pues la Política Pública de Protección Animal es brindarles bienestar y cuidado a los seres sintientes de la región.

Sobre el hecho, las autoridades señalaron que la perrita fue torturada y presuntamente decapitada. Este acto de crueldad se suma al registrado en Bogotá, donde un hombre atacó con un arma blanca a un perro.

A través de la red social X, la Plataforma Alto expuso el caso y publicó las impactantes imágenes del hecho que ocurrió en la carrera 45 con calle 70 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. El video muestra a dos individuos con otro perro que parece ser un pitbull. Aparentemente, no se presentaba ninguna situación de riesgo, pero uno de los sujetos se abalanzó contra el otro canino.

Al otro lado de la vía estaba Chumilas, la mascota de dos adultos mayores que hoy lloran su muerte. El agresor corrió hacia el perrito y lo apuñaló con un arma cortopunzante, al parecer, porque le estaba ladrando.

Chumilas resultó con heridas múltiples, las cuales fueron mortales para él. Sus cuidadores piden justicia y solicitan a las autoridades dar con el paradero del agresor, quien el día del ataque vestía una chaqueta blanca.

“Chumilas estaba en la casa con mi abuela y vio a dos sujetos al otro lado de la calle, uno de ellos llevaba un perro pitbull blanco. Él se asomó a la puerta de la casa, pero nunca se peleó con el otro perrito, solamente les ladró”, comentó una de las cuidadoras del perrito a Q’hubo.

“No sabemos si fue una puñalada con un cuchillo o algo más, pero sí fue una herida muy profunda. Mi perro no los atacó después de eso, solo se subió al segundo piso, se desangró y murió”, anotó.

Cocaína y pimentón molido, la nueva técnica de los narcotraficantes para enviar cocaína al exterior. La Policía Antinarcóticos encontró más de 700 kilos en un cargamento que iba para Bélgica desde Buenaventura, Valle del Cauca. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Qljg4QZMST

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

“Durante una inspección detallada de carga de contenedores, se detectó mezclado clorhidrato de cocaína con pimentón molido, el cual tenía como destino final Amberes, Bélgica”, informó la Policía Antinarcóticos.

Agregó la autoridad que se levantaron sospechas del cargamento tras la señal positiva de un perro antinarcóticos que dio la señal debido a su entrenamiento que en el contenedor que estaba siendo inspeccionado la carga había sido contaminada con el alcaloide.

“La mercancía, que en un primer momento parecía ser inocua, despertó sospechas durante las pruebas realizadas con paño de narcotex, detector de trazas, y gracias a la señal positiva de un binomio canino especializado. Se tomaron muestras que, al ser analizadas en Medicina Legal, confirmaron la presencia de sustancia estupefaciente. El resultado fue la incautación de 796 kilos de cocaína mezclados con el pimentón molido”, explicó la Policía.

Para la Policía, este caso es de importancia, porque al revisar las bases de datos sobre modos de ocultamiento de estupefacientes, no se tenía el registro de cocaína mezclada con pimentón molido.

“Esta operación reveló una nueva modalidad de ocultamiento, la mezcla de cocaína en bruto con pimentón molido, alcanzando un total de 15.019 kilos con un 5,3 % de estupefaciente. No se tenían antecedentes de esta técnica en nuestra base de datos, destacando la constante evolución de los métodos utilizados por los delincuentes”, señaló la Policía.

Para la Policía, el cargamento tenía un valor aproximado de 47 millones de dólares en el mercado internacional. “Tras la incautación se evitó la distribución de aproximadamente 1.990.000 dosis de cocaína en diversas zonas de consumo mundial, contribuyendo significativamente a la reducción del consumo de drogas”, agregó la unidad de Antinarcóticos.

El director de la Policía Antinarcóticos, el general Ricardo Sánchez, dijo: “Gracias a los controles ejercidos por la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario en Buenaventura y debido a una rigurosa inspección a una mercancía –pimentón molido– que pretendía ser enviada hacia Amberes, Bélgica, y con la utilización de los diferentes métodos para la detección de sustancias estupefacientes, nos genera una alerta”.

Añadió que “se recopilan las diferentes muestras, se envían a Medicina Legal y nos arroja positivo para clorhidrato de cocaína. Es la primera vez que encontramos esta modalidad, pimentón mezclado con clorhidrato de cocaína, donde nos da un total de 796 kilos de clorhidrato de cocaína. Esta sustancia tendría un valor en los mercados internacionales cercanos a los 46 millones de dólares y se evita que circulen 1.990.000 dosis”.

Ahora la otra fase investigativa de las autoridades cosiste en seguirle la pista al cargamento para poder establecer a qué organización narcotraficante pertenecía. Así mismo, determinar si su propietario son organizaciones de alto impacto como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo o el ELN, o si, por el contrario, se trata de los denominados narcos invisibles.

Si el país quiere conocer toda la verdad de lo ocurrido en el UNGRD, es necesario que les garanticen un sitio de reclusión seguro. No son solo personas poderosas del gobierno contra quienes han entregado pruebas y testimonios, en medio de las revelaciones también está la sombra del ELN, organización criminal a la que supuestamente llegó dinero de la entidad, a través de contratos de obra pública, que habrían sido tramitados por la representante a la Cámara de Arauca, Karen Manrique.

Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, plantea que “el narcochofer, Aida Merlano, Emilio Tapia, entre otros, están o estuvieron detenidos en una guarnición militar por la colaboración con la justicia. Hoy vemos con preocupación que la Fiscalía, pese a un compromiso de salvaguardar la vida de los testigos, que es un mandato legal, no cumpla”.

Y en realidad no hay ningún avance que garantice la seguridad de los testigos, aunque es finalmente el juez quien decidirá las condiciones de reclusión de Pinilla y López, es la Fiscalía la que hace la solicitud y puede ir adelantando gestiones.

SEMANA indagó en el Inpec y hasta el momento la Fiscalía no ha enviado ningún oficio o solicitud de disponibilidad para que se vaya tramitando la detención en un centro de reclusión militar. Este documento sería clave, pues al enviarlos a la cárcel, tal como se espera que ocurra el jueves, estaría lista la disponibilidad o el cupo.

Como están las cosas, de acuerdo con la ley, Pinilla y López tendrían que ser enviados a un patio destinado para funcionarios públicos, pero eso no es garantía de seguridad, por el contrario, generaría más riesgo, pues terminarían recluidos con las mismas personas que están delatando en medio de su colaboración con la justicia.

La libreta y el ELN

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es tan grave que hasta involucra al ELN. En uno de sus interrogatorios en la Fiscalía, conocido por SEMANA, Olmedo López, exdirector de esa entidad, puso de presente lo complicado que era entregar contratos en Arauca, a propósito de las negociaciones que reveló entre el Gobierno Petro y algunos congresistas para comprar sus votos. En una de las diligencias, López aseguró: “Muchas de las obras que se hacen en el departamento de Arauca, necesariamente, deben contar con la bendición o la orden para su ejecución del ELN”.

El exdirector le reveló algo más grave a la fiscal María Cristina Patiño. “El informe que me entrega el subdirector Sneyder es que era notoria la relación entre el contratista y la representante a la Cámara Karen Manrique”. Según López, ella había negociado el contrato de Saravena con el gobierno.

“Veníamos de unos paros en la región de Arauca, donde la UNGRD tuvo que participar, donde era clara la influencia guerrillera en ese paro y lo que nos quedaba claro era que las obras en Arauca se hacían si el ELN decía. Si no había permiso del ELN, no se hacía”, le dijo López a la fiscal.

Luego vino una perla en medio del interrogatorio. “Por eso mi temor con la libreta”, dijo. En ese momento, López no había entregado todavía la hoja que, según él, había firmado la representante Manrique, de su puño y letra, y en la que había dejado por escrito cuáles eran los congresistas que conformaban su grupo, del cual era vocera ante el cónclave. ”Yo creo que detrás de la libreta y buscando la libreta hay un grupo armado colombiano, el ELN”, advirtió López en el interrogatorio.

En el documento se leen perfectamente los nombres de los otros congresistas: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y la propia Karen Manrique. La hoja, en la parte superior, tiene la siguiente anotación: “Integrantes C. Crédito P.”. En referencia a la Comisión de Crédito Público del Congreso. Al lado de algunos congresistas aparece su lugar de origen (Costa, Antioquia, Saravena).

Finalmente, a pesar de las amenazas, López le entregó la libreta a la Fiscalía. Las autoridades están en la obligación de protegerlo a él y Sneyder Pinilla, porque la podredumbre que están destapando les puede generar un ataque para callarlos en cualquier momento.

Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses.

Un equipo humilde, que logró su primera estrella con mucho sacrificio, merece que se le respete su camiseta y escudo. pic.twitter.com/YeRMboznQc

— Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) July 22, 2024

Riaño, durante la entrevista, le anunció al futbolista que le tenía un gran detalle. Y a renglón seguido sacó de su escritorio una camiseta del Atlético Bucaramanga.

Aunque el público del comediante se divirtió con la escena, a Rodallega no le pareció gracioso.

Su rostro cambió en cuestión de segundos y Juanpis González lo evidenció. Las cámaras registraron a un delantero molesto con el chiste del protagonista. La camiseta estaba marcada con el número 11 y el apellido del futbolista.

“Marcada”, dijo Riaño en gesto de burla mostrando la camiseta, mientras los asistentes a su show aplaudían.

“Sabe para qué es”, le preguntó el comediante al deportista. “Para que usted, en su casa, limpie las cosas”, explicó el actor, quien empezó a limpiar su mesa con la camiseta del equipo bumangués.

“No, no”, reaccionó Rodallega, quien levantó sus cejas en señal de molestia. “Honor recibirlo, muchas gracias”, añadió.

“No le gustó, no le gustó el chiste, se emputó”, manifestó Juanpis González a una de las personas que le colaboran en el espectáculo.

Algunos de los asistentes narraron en redes sociales que hay una escena en que el deportista, llevado de la rabia, lanza la camiseta. Sin embargo, fue eliminado del programa completo de YouTube. Al final del programa, Riaño se excusó.

“Este es un programa independiente, es muy lamentable que existan personajes como Juanpis González, no es una crítica a la gente privilegiada, o a la gente que viste o habla como él, es una crítica a la gente que por tener un poquito de poder puede tratar a la gente como se les dé la gana, una crítica al poder en general”, explicó.

Hugo Rodallega, visiblemente incómodo, aprovechó sus redes sociales para disculparse con Bucaramanga después de lo acontecido.

“Primero que todo si es el caso quiero pedir una disculpa al hincha de Bucaramanga y a la institución por lo sucedido en el programa de Juanpis, no se sientan ofendidos que fue un momento de humor en un programa que se caracteriza por su sarcasmo”, escribió el deportista colombiano.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reaccionó en contra del humorista.

“Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses. Un equipo humilde que logró su primera estrella con mucho sacrificio, merece que se le respete su camiseta y su escudo”, le escribió el mandatario en su cuenta personal de X.

Al alcalde de Bucaramanga le molestó el mal chiste de Riaño porque el equipo de su tierra conquistó su primera estrella el 15 de junio pasado después de esperar 75 años. El logro lo obtuvo tras ganarle la final a Independiente Santa Fe en el estadio El Campin de Bogotá.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia cuestiona la "puerta giratoria" entre Justicia y Paz y la JEP. "Es una burla". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/e6EJ7Hltp5

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Para el magistrado Chaverra, es clave fortalecer los mecanismos de justicia transicional con el fin de garantizar la administración de justicia. Sin embargo, lo que no se puede, es que personas que han incumplido los compromisos en Justicia y Paz, por poner un ejemplo, terminen en la JEP.

“Bajo esta misma línea de pensamiento no surge conveniente que de manera indistinta aquellas personas que se acogieron al modelo de Justicia y Paz sean ahora involucradas como comparecientes de la Justicia Especial para la Paz”, aseveró el presidente del alto tribunal en su intervención.

El magistrado calificó esta situación como una “burla” pues no se entiende cómo los postulados que incumplieron puedan pasar una especie de puerta giratoria entre los dos modelos de justicia transicional que existen pese a que son muy diferentes.

“Deja en evidencia que el postulado o compareciente que no cumplió sus compromisos de verdad ante Justicia y Paz pueda pasar impunemente a otro sistema de justicia y acogerse a sus beneficios, dando cuenta de unos hechos que debió narrar cuando se postuló ante Justicia y Paz, o lo que es aún peor, ante la pérdida de los beneficios de un modelo de justicia por haber cumplido los compromisos pasa a otro modelo de justicia”, aclaró.

Este tipo de situaciones afectan los verdaderos objetivos de la justicia transicional que se ha conformado en medio de momentos históricos. Entre estos, la desmovilización de grupos paramilitares en el año 2005 y la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en el 2016.

“Esto representa una desarticulación de los modelos de justicia transicional y un retroceso frente al ideal de verdad y justicia”, concluyó el presidente de la Corte Suprema.

La semana pasada, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez quedó en libertad después de estar 17 años en prisión.

La decisión se tomó pese a que existe hoy por hoy un conflicto de competencias elevado por un magistrado de Justicia y Paz ante la Corte Constitucional.

En la solicitud se pide aclarar qué tribunal tiene competencia para definir las solicitudes de libertad de Mancuso Gómez quien fue deportado el 27 de febrero después de cumplir una condena en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Mancuso fue designado como “gestor de paz” por parte del Gobierno Petro. En una rueda de prensa, el excomandante del Bloque Norte de las AUC reveló que entregará información sobre el paradero de varios cuerpos de víctimas del conflicto armado que están en Venezuela.

Igualmente, anunció que está a la espera que se fije fecha y hora para un encuentro con el presidente Gustavo Petro para hablar de diversos temas.

“Yo acepto esa invitación amable y benévola del señor presidente de la República, ya salí, estoy en libertad (...) y espero que el señor Presidente me diga la fecha, la hora y el lugar para poder adelantar esta reunión que nos convoca a este diálogo sobre la manera de lograr esa paz total”.

Los raptos se presentaron este fin de semana en medio de los enfrentamientos que sostuvieron las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, quienes pelean por el control territorial.

El comandante de la Policía en Arauca, coronel Carlos Angarita, reveló que los ilegales justificaron las retenciones con el argumento de que los civiles estaban colaborando con el bando contrario.

“Estamos en el proceso investigativo para verificar e individualizar a los actores, pero los que delinquen en esa zona son el frente Domingo Alaín y EMC, frente 10″, afirmó el alto mando de la institución en SEMANA.

La información confirmada es que doce habitantes de Puerto Rondón fueron secuestrados, más tres de Tame. Sin embargo, las autoridades verifican otros dos casos.

Así las cosas, en lo que va corrido del año, ya son 23 personas las que han sido privadas de la libertad por cuenta de los actores armados ilegales en este sector de Colombia.

Una de sus estrategias es retener a las víctimas, verificar sus antecedentes y, en el momento en que descartan la supuesta colaboración con el enemigo, son desencadenadas.

“Desafortunadamente, a cualquier persona la pueden estar señalando de apoyar al grupo contrario y de ser partidarios de alguno, por ese objetivo son llevados”, agregó el coronel Angarita.

Este episodio de violencia, más los fuertes enfrentamientos, generaron un desplazamiento masivo hacia el municipio de Puerto Rondón, allí hay más de 70 víctimas refugiadas.

También hay confinamientos en las zonas rurales, pues los grupos delincuenciales siguen enfrentados, pese a la presencia de la fuerza pública que trata de proteger a la población civil.

Las personerías lanzaron una angustiosa solicitud: “Pedimos el respeto por la vida de estas personas, entre las cuales hay menores de edad. Solicitamos un canal de comunicación con el fin de lograr su liberación”.

Algunos de los afectados fueron identificados como Yamile Bustos, Luis Mena, Johan Bermúdez, Ángel Parada, Brayan Herrera, Omar Hernández, Elizabeth Vega y Joel Ramírez.

Víctimas del paramilitarismo no han tenido acceso a una reparación económica. El fuerte llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia que puso sobre la mesa la "insuficiencia del Estado". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hKEWCIxGsW

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Para el magistrado Chaverra, hay una “insuficiencia del Estado” para lograr que las multas e incidentes de reparación económica se cumplan como lo ordena la ley, afectando directa y gravemente a las víctimas del conflicto armado “La gran dificultad que ha representado la reparación de las víctimas por los crímenes cometidos por el paramilitarismo”.

Tras revisar los informes enviados por Justicia y Paz queda en evidencia las graves fallas para la entrega de bienes que serán utilizados para la reparación de las víctimas reconocidas en los centenares de procesos. “Vemos que tal como ha sido planteado lo revelado y los bienes entregados denunciados identificados por las Fiscalía no fueron suficientes”.

Por esto, según aseveró el magistrado, más que nunca se debe tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional que advirtió las graves falencias en la reparación de las víctimas de las AUC.

“El Estado estaba llamado a reparar las víctimas en virtud del principio de solidaridad, aunque de forma subsidiaria así aun cuando se fue generando una simbiosis entre la reparación administrativa y la judicial con sus respectivas diferencias”, agregó el presidente del alto tribunal.

Los informes del Fondo de Reparación de las Víctimas señalan que para el 2020 se habían recibido 1.624 bienes, en su gran mayoría están en zona rural “con problemas de impuestos, ocupantes de hecho y que no se encuentran en las mejores condiciones”.

“Incluso –agregó el magistrado- si están legalizados su monetización o comercialización no es fácil ante la desconfianza de las personas al punto que los bienes entregados por los postulados no alcanzan para la reparación efectiva de las víctimas”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia cuestiona la "puerta giratoria" entre Justicia y Paz y la JEP. "Es una burla". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/e6EJ7Hltp5

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Todos estos factores aumentan las deudas históricas con las víctimas del conflicto armado y se hace necesario revisar “si la condena al pago de indemnización es realmente efectiva cuando los afectados por el flagelo de la violencia, no alcanzan a percibir la reparación siendo por esto con pedidos a engrosar la cifra de la pobreza y la mendicidad sin que se les otorgue una oportunidad real de restablecer sus proyectos de vida truncados por la violencia inclemente de nuestro país”.

En otro de los apartes de su intervención, el presidente de la Corte Suprema de Justicia puso de presente el hecho que entre 2010 y 2023 se han emitido 197 sentencias de primera instancia que involucran a los máximos comandantes de las AUC por multiplicidad de crímenes. Sin embargo, solamente se han emitido 62 fallos de segunda instancia, lo que demostraría una falencia en la administración y acceso a la justicia.

A primera hora, la fiscal General, Luz Adriana Camargo advirtió por la falta de resultados en Justicia y Paz tras 19 años de operación. “Se concentra en la falta de resultados sobre los financiadores del paramilitarismo, en la persecución de bienes, con fines de reparación para las víctimas y en el hallazgo de víctimas de desaparición forzada. Por esta razón, la Fiscalía está fortaleciendo al interior de la unidad de justicia y paz los grupos de trabajo con tres objetivos puntuales”.

En esta demanda pretendían los demandantes que se declarara inconstitucional el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 70 de la Ley 50 de 1990. El primero establece que los pactos entre los empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones de tal código pero que solo serían aplicables a quienes los hubieren suscrito o quienes se adhirieren a éstos posteriormente. El segundo se refiere a la imposibilidad de suscribir o prorrogar pactos colectivos en una empresa “cuando el sindicato o sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa”.

Los argumentos de los preocupados ciudadanos reposaban en la presunta incompatibilidad de los pactos colectivos con las convenciones colectivas al interior de una empresa, por ser éstos un mecanismo para desincentivar la afiliación o permanencia en un sindicato, la restricción de la negociación colectiva y el debilitamiento del movimiento sindical.

Además, señalaban que organismos internacionales como la OIT abiertamente se habían pronunciado en contra de la existencia de los pactos colectivos y que los convenios internacionales ratificados por Colombia imponían la obligación de promover, priorizar y fomentar la negociación colectiva a través de las organizaciones sindicales.

En el trámite constitucional se hicieron parte numerosas organizaciones sindicales que respaldaron las peticiones de la demanda de inconstitucionalidad y expusieron individualmente situaciones particulares en las que se habían visto afectadas presuntamente por la existencia de pactos colectivos.

En sentido opuesto, decenas de instituciones, agremiaciones, colegios profesionales, semilleros de investigación, docentes, universidades, observatorios laborales, abogados y asesores respaldaron la constitucionalidad y legitimidad de los pactos colectivos, al tiempo que señalaron que su existencia estaba fundamentada en proteger el derecho a no asociarse (como la dimensión negativa del derecho de asociación sindical) y que las recomendaciones de organismos internacionales no solo no sostenían lo que los demandantes pretendían aducir sino que no eran vinculantes por no referirse en concreto a Colombia desde un órgano oficial de administración de la OIT.

Finalmente, la Corte dio a conocer su veredicto y con absoluta claridad -según se lee del comunicado de prensa-, dejó sentado no solo que la existencia de pactos colectivos por sí misma no supone una violación de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT ratificados por Colombia, sino que el uso indebido de los pactos colectivos ya se encuentra suficientemente bien reprochado y sancionado en la legislación colombiana con amplias potestades administrativas de los organismos de control y con acciones judiciales, incluso, de carácter penal.

Con lo anterior, la Corte Constitucional no solo rechaza las pretensiones de los demandantes sino que respalda y ratifica la constitucionalidad de los pactos colectivos como una manifestación absolutamente legítima de los trabajadores que no se siente representados en una organización sindical y no desean ser forzados a pertenecer a una, así como tampoco quieren que la negociación de sus condiciones laborales con un empleador deba ser monopolizada e impuesta a través de un sindicato.

Por último, la valía de la sentencia cuyo texto completo está por conocerse recae en que no solo se confirma la validez y constitucionalidad de los pactos colectivos como instrumentos legítimos de negociación colectiva sino que, precisamente al ser una manifestación del derecho fundamental a la asociación en el sentido negativo (no pertenecer), su prohibición a través de una reforma legal -como la reforma laboral- sería, esa sí, inconstitucional.

Enhorabuena por la justicia en las relaciones laborales, por la coordinación económica y por el equilibrio social.

Por: Carlos Arturo Barco Alzate

Socio Director de Litigios y Formación

Álvarez Liévano Laserna

Ortiz ha sido vehemente en rechazar todo lo que han contado el exdirector y exsubdirector de la entidad. Pese a que los testimonios son directos y contundentes, y han sido respaldados con chats, sábanas de llamadas telefónicas, audios y otros elementos probatorios, ella no ha reconocido ni un ápice de responsabilidad.

Sin embargo, ha sido una de las pocas funcionarias que Petro no ha respaldado. El pasado 6 de mayo, hizo pública su carta de retiro. “Después de una cuidadosa reflexión, por responsabilidad con el país y con la tranquilidad de mi buen actuar, he decidido poner a disposición del señor presidente mi renuncia como consejera presidencial para las regiones”, aseguró.

“Tengo la plena confianza en mi inocencia y segura que el tiempo y la justicia confirmarán mi integridad. Mi renuncia tiene como propósito evitar cualquier interferencia en los procesos y el desarrollo adecuado de las acciones de gobierno, especialmente ante el espectáculo mediático que se ha generado para desprestigiarme”, agregó. El primer mandatario la dejó ir.

“Doy un paso al costado con la satisfacción del deber cumplido y la confianza en que la verdad siempre triunfa”. La verdad, por ahora, apunta a que su rol fue determinante en que la plata de la entidad, que debía cuidar a los colombianos de los riesgos de un clima cada vez más extremo, terminara en los bolsillos del presidente del Congreso, Iván Name.

Esto es lo que ha salido que la involucra directamente:

1. “La mensajera”: la demoledora narración de Sneyder Pinilla

El exsubdirector de la UNGRD ha contado de frente cómo buscó 4.000 millones de pesos de los carrotanques para llevárselos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de laCámara, Andrés Calle. “Un contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, narró a SEMANA.

Pinilla contó también cómo se acordó que se entregara la plata. “Hacia el 25 de septiembre, el director me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté’. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”, reveló Pinilla.

El exfuncionario también contó cómo hizo para dar semejante cantidad de dinero a ambos congresistas. “La plata me la entregan en efectivo, y yo se la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name... Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando. Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo, porque no subo a hacer la entrega directamente a Name. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name) para informarle que todo ya estaba listo”.

“A él (Name) se le entrega a través de un mensajero, manda a una persona, y con ella hago el trámite (en Bogotá). Yo acompaño a ese mensajero hasta un sitio a traer el recurso. Entrego dos maletas (...). En un día, donde está el mensajero, entrego una parte, y al otro día entrego la otra, y ahí sí juntos vamos y la entregamos completa”, sostuvo Pinilla.

Pinilla reveló que la saliente consejera para las regiones del presidente Petro solo tenía un rol frente al presidente del Senado. “La doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Name, para nada más”.

2. Los chats de Olmedo López que confirman la cita en el Tequendama

Unas conversaciones de WhatsApp entre Olmedo López y Sandra Ortiz coinciden con la narración de los hechos que dio Pinilla. Una de ellas es del 25 de septiembre de 2023. Allí se observan varias llamadas pérdidas de Olmedo a Sandra (a las 7:09 a. m., a las 7:11 a. m. y a las 7:13 a. m.). A las 7:15 a. m., Sandra le dijo a Olmedo: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la Suit del Tequendama (sic)”. A las 7:56 a. m., Olmedo le reportó a Ortiz: “Pésima movilidad por la 26. Aquí voy”. Luego hubo otra llamada perdida a las 8:21 a. m. de Olmedo a Sandra. Pinilla aseguró que Olmedo, Sandra y Name se reunieron en el Tequendama Suites ese lunes 25 de septiembre.

En otra conversación, Sandra Ortiz le preguntó a Olmedo a las 11:49 a. m.: “¿A qué horas pasas?”. Él le envió una fotografía de inmediato y le dijo: “En reunión”. Ella le respondió: “Excelente”. Olmedo le dijo: “Termino aquí, termino y le llamo”. Ella solo escribió: “Perfecto”. Pero él se aseguró y le dijo: “Todo listo para el tinto”. Sandra se despidió a las 11:51 a. m.: “Quedo atenta”.

Luego, a las 2:02 p. m., ella se volvió a reportar con Olmedo: “Hab 2312″, la cual sería la habitación donde ocurrió el encuentro. A las 2:56 p. m., Sandra repitió el mensaje: “Hola”. Olmedo le dijo: “En camino”.

3. Las desesperadas llamadas de Sandra Ortiz a Olmedo López el día antes de la entrega

Olmedo López aportó a la justicia los chats que intercambió con Ortiz en un día clave: el 11 de octubre de 2023. En ese momento, según López, había angustia porque aún no se le había entregado la plata (3.000 millones de pesos) a Iván Name, presidente del Senado. Y allí Ortiz se veía desesperada.

El episodio comenzó ese día con las llamadas desesperadas de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones, al director de la UNGRD. Ella le marcó a las 9:02 a. m., a las 9:26 a. m., a las 9:28 a. m., a las 10:21 a. m., a las 10:23 a. m., a las 10:47 a. m. y a la 1:22 p. m.

López solo le contestó a la 1:23 p. m. “Le llamo a las 3:00 p. m.”. Ella le dijo: “Perfecto”. En este punto vale la pena hacer un contraste. De forma paralela, mientras Sandra Ortiz llamaba a López, del celular de González, también salieron dos llamadas al entonces director de la UNGRD a las 11:42 a. m.

Como López no le cumplió a Ortiz con la llamada a las 3:00 p. m., ella empezó a llamarlo nuevamente de forma intensa. A las 3:44 p. m., a las 4:02 p. m., a las 4:21 p. m. le hizo una videollamada, pero, como López no respondió, volvió y le marcó a las 4:22 p. m. A esa misma hora le escribió: “Hola”. López tampoco le contestó.

Y aquí vuelven y se cruzan las llamadas perdidas. Carlos Ramón González llamó de nuevo a Olmedo López a las 5:45 p. m. Al igual que Sandra Ortiz, él tampoco obtuvo respuesta.

Ese mismo 11 de octubre, López finalmente le respondió a Sandra Ortiz a las 10:35 p. m. Ella no le contestó. Él, a las 11:04 p. m., le insistió: “No contesta, puedo pasar ya por su apartamento”. Ya era 12 de octubre. Entonces, López le escribió a González a las 12:02 a. m. y le dijo: “Buenos días, director”.

Ese día, 12 de octubre, de acuerdo con los testimonios de López y Sneyder Pinilla, empezó la operación de la entrega de dinero para Name, la cual habría durado dos días, y el 14 del mismo mes para el senador Calle.

4. Los recibos de que la presidencia le pagaba el Tequendama Suites a Sandra Ortiz

SEMANA accedió a cinco facturas que prueban que el Departamento Administrativo de la Presidencia pagó 22 millones de pesos para que allí se hospedara por cinco meses Sandra Ortiz, la exconsejera de las regiones. Con esto, queda claro que las reuniones de las que hablan López y Pinilla se realizaron en una residencia que estaba a su nombre.

El primer pago fue el 28 de junio de 2023 para compartir la habitación con otra persona por $ 4.165.000; el segundo se repitió el 29 de julio por $ 4.203.200; el tercero fue el 28 de agosto, por las mismas condiciones, por $ 4.165.000; el cuarto fue el 28 de septiembre, con similares pedidos, por $ 4.266.692; el último que se reportó fue el 28 de octubre por $ 5.473.000. Se desconoce quién sería el segundo huésped.

La versión del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, es que en el Hotel Tequendama se habría realizado una reunión el 25 de septiembre para diseñar la posible estrategia ilegal. Con base en sus palabras, allí se encontraron el director de Gestión del Riesgo, Olmedo López, la consejera Ortiz y el senador Iván Name, quien para la época fungía como el presidente del Congreso de la República.

Este comentario coincide con una conversación de WhatsApp que sostuvieron López y Ortiz ese día. A las 7:15 a. m., la consejera le dijo: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la Suit del Tequendama (sic)”. Pinilla reveló la supuesta conclusión de esa cita, referenciando las palabras que su jefe le mencionó: “Necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”.

No tiene presentación que los colombianos pagaran con sus impuestos el alojamiento de la consejera y el lugar donde se habrían pactado los sobornos.

5. El celular que delata que los días del supuesto pago del soborno ella estuvo en todos los sitios que señalan López y Pinilla

El informe de datos de su celular muestra cómo Sandra Ortiz, el día que supuestamente le entregaron la plata, sí estuvo en el Tequendama y luego fue a una dirección que coincide con la casa de Iván Name.

“Una vez exportados los registros, se revisó y verificó a través de la herramienta filtro los eventos entre las celdas de tráfico de datos identificadas con las variables fecha y hora de origen, dirección y coordenadas geográficas con latitud y longitud, con el fin de realizar ubicación en el software SIC Google Earth Pro”, señala el reporte judicial sobre esa prueba.

Los investigadores judiciales acudieron con esta información a la Superintendencia de Notariado y Registro. Y allí encontraron que en el punto al que fue Sandra Ortiz, el presidente del Senado, Iván Name, tiene un apartamento registrado a su nombre. La misma información la confirma el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Los investigadores judiciales reconstruyeron en Google Maps los puntos donde habría estado Ortiz. Todo cuadra.

6. La misteriosa y “coincidencial” pérdida de sus discos duros en la Casa de Nariño

La extraña desaparición de una memoria y un disco duro de dos computadores que fueron asignados a dos excontratistas de la oficina de la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz deja un muy mal sabor.

SEMANA conoció qué tipo de información manejaba, en uno de los computadores, uno de los excontratistas, el cual era clave en el equipo de trabajo de Ortiz. Se trata del excontratista Ricardo Castiblanco Ramírez, a quien ahora la nueva consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera, pidió dar explicaciones.

Castiblanco aseguró que la información que manejaba en el computador era relacionada con los consejos de ministros que organizaba Ortiz. De la misma manera, indicó que en su trabajo depositaba en el computador una actividad laboral sobre seguimientos a los compromisos adquiridos por la entonces consejera Ortiz. Ramírez le dijo a SEMANA que el 14 de mayo de este año entregó el computador que le fue asignado desde la Consejería Presidencial para las Regiones. Ahí le dieron el paz y salvo del equipo.

Luz María Múnera, nueva consejera presidencial para las regiones, dijo que los excontratistas a quienes se les asignaron los computadores, Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz, deben responder por la desaparición de la memoria y el disco duro.

“Si se entregan los computadores, pues obviamente yo no digo, ‘a ver el destornillador, yo destapo a ver qué les falta adentro’; eso va a Sistemas, y Sistemas, en la medida en que va revisando para que hagan los backup de los computadores, para resetearlos y dejarlos pues nuevamente como el uso para otro funcionario, es donde se da cuenta. Ya hay un comunicado de parte de Presidencia, y bueno, habrá que esperar cómo se mueve la cosa, a ver si toca ir a Fiscalía o no toca ir, eso lo miraremos en el curso”, expresó la funcionaria.

“Vuelvo y te repito, cada quien en Presidencia tiene un usuario; yo, por ejemplo, no tenía acceso a los computadores de todo el mundo cuando llegué al cargo, tenía acceso al mío y a cada uno de los funcionarios se les entrega un usuario, una clave y tienen acceso propio porque son responsables de cada uno de ellos, de los computadores que tienen; cuando tú recibes los computadores, pues no hay una revisión del contenido, esa revisión y ese backup lo hace sistemas”, agregó.

La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que la ley de justicia y paz está en deuda con las víctimas y que faltan resultados para identificar a los terceros financiadores del paramilitarismo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/L7zFtFNy4w

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

La Jefe del ente acusador entregó un balance de lo que han sido estas casi dos décadas de procesos en la ley de Justicia y Paz, creada como una “Justicia Transicional” en el proceso de paz con los grupos paramilitares. Son más de 20.000 los desmovilizados que dejaron las armas, y aunque se han dado declaraciones, audiencias y condenas, son casi nulos los avances en cuanto a financiación de estos grupos criminales.

Sin embargo, a pesar del balance positivo en materia de judicialización y condenas, la fiscal Luz Adriana Camargo insistió que faltan escenarios por investigar, principalmente lo que se consideran financiadores del paramilitarismo, ahí, en criterio de la Jefe del ente acusador, hay una deuda de la Justicia con las víctimas.

“Se concentra en la falta de resultados sobre los financiadores del paramilitarismo, en la persecución de bienes, con fines de reparación para las víctimas y en el hallazgo de víctimas de desaparición forzada. Por esta razón, la Fiscalía está fortaleciendo al interior de la unidad de justicia y paz los grupos de trabajo con tres objetivos puntuales”, señaló la fiscal.

Según anunció la fiscal Camargo, es importante judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con poder económico a partir de las versiones libres que han dado durante estas casi dos décadas los paramilitares que dejaron las armas. Para eso, advirtió que la “estrategia supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias específicamente relacionadas con esta categoría de terceros”.

En segundo lugar, la fiscal habló del rezago en la reparación a las víctimas y la necesidad de perseguir el patrimonio ilegal para que este dinero se use para este fin. “Implementar estrategias efectivas de persecución de bienes a efectos de la recolección de recursos para la indemnización de las víctimas del accionar armado, tanto de los grupos paramilitares como de las Farc”, dijo.

“Mediante el apoyo de inteligencia artificial, para rastrear activos, para rastrear cuentas que estén en paraísos fiscales en el exterior, y para rastrear bienes que están a nombre de testaferros, de manera que podamos atender a esa obligación de indemnizar a las víctimas y que los desmovilizados cumplan con la obligación de hacer tal como se comprometieron. Se trata de nuevos esfuerzos y fuentes de persecución de bienes”, explicó la estrategia la fiscal Camargo.

El otro pilar que planteó la fiscal frente al rezago de la ley de Justicia y Paz, luego de casi 20 años, es justamente la forma de aliviar el dolor de quienes perdieron a sus familiares y aún no saben nada de su paradero.

“Estamos en un proceso diagnosticar y definir las funciones de nuestro grupo de búsqueda entrega e identificación de personas dadas por desaparecidas, creemos que debe trabajar de forma más articulada con las entidades que hacen parte del sistema nacional de búsqueda de personas, entre ellos el ministerio de justicia, medicina legal, la unidad de búsqueda de desaparecidos del acuerdo de paz, para que se articulen y avancemos como un todo”, explicó Camargo.

En la acción judicial participó la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, que logró detectar el incremento injustificado del Clan del Golfo y sus cabecillas. “Un grupo destacado de investigadores y peritos forenses de la DIJIN, conocieran del incremento patrimonial no justificado de algunos cabecillas del Clan del Golfo, identificando 45 bienes muebles e inmuebles ubicados en la ciudad de Medellín y los municipios de Marinilla, Tarazá, Carepa, Chigorodó, Turbo y San Pedro en el departamento de Antioquia”, indicó la Dijin.

Así mismo la autoridad policial señaló que: “otros bienes fueron ubicados en la ciudad de Montería y el municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba, así como en los departamentos del Atlántico y de Bolívar, a los cuales se les materializaron las medidas cautelares de embargo a 7 fincas, 7 Casas, 2 Apartamentos, 15 vehículos, 10 Lotes, 2 establecimientos de comercio, 1 estadero y 1 título valor, avaluados todos en más de 18.000 millones de pesos”.

Cómo se recordará, el Clan del Golfo fue incluido dentro del proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a la fuerza pública frenar las operaciones militares ofensivas en su contra, lo que fue aprovechado por la estructura narcotraficante como lo reconoció el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Sin embargo, en materia judicial, autoridades como la Fiscalía y la Dijin mantuvieron sus investigaciones logrando golpes al patrimonio económico de la organización mafiosa.

Sobre dicha acción, indicó la Policía que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), “en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró afectar las finanzas criminales del núcleo familiar de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”, segundo cabecilla del grupo armado organizado “Clan del Golfo” y cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, con injerencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, en donde se dedican al narcotráfico, la extorsión y homicidios selectivos”.

Sobre el grupo de propiedades decomisados al cabecilla del Clan del Golfo informó la Policía que “se destacan dos fincas, una de 11 hectáreas avaluada en más de 700 millones de pesos, en la cual integrantes de la estructura criminal Roberto Vargas Gutiérrez, se reunían para coordinar sus actividades ilícitas”.

Añadió la Dijin que: “después de un arduo trabajo investigativo en el año 2016 fue capturado por la Policía Nacional Roberto Carlos Osten Mestra, alias “Navarro”, quien fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico en el año 2022 y quien era hombre de entera confianza de alias “Otoniel” y “Gonzalito”, además de ser el hermano de alias Orozman Osten Blanco, alias “Rodrigo Flechas”, otro cabecilla del grupo criminal”.

Explicó la Policía que otro de los predios decomisado tendría un valor superior a los 2.600 millones de pesos y está ubicado en el municipio de Planeta Rica - Córdoba.

Dijo la Policía que los operativos contra el Clan del Golfo están focalizadas en 15 departamentos del país y 214 municipios, para dar con la ubicación y captura de alias “Chiquito Malo”, alias “Gonzalito” y alias “Rodrigo Flechas”, “quienes habría sido designados por “Otoniel” para el manejo adecuado de los dineros que ingresan a la estructura criminal producto de actividades derivadas del narcotráfico y delitos conexos”

“Así mismo, de alias “Joaquín o “El Cura”, alias “Chirimoya” y alias “Bruno” o “Gerónimo”, en quienes recae la responsabilidad criminal de diferentes hechos violentos del país y por quienes se ofrecen recompensas desde los 130 millones de pesos hasta los 5.000 millones por su máximo cabecilla”, dijo la Policía sobre otros cabecillas importantes del Clan del Golfo.

Agregó la autoridad policial que: “los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), constituyendo una afectación integral contra el Clan del Golfo, sus estructuras, integrantes y aparato financiero, el cual es la motivación principal para sus actividades criminales”.

Las protestas están programadas en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Tunja, Manizales, Valledupar, Santa Marta y Pasto, entre otros puntos del territorio nacional. Si bien el horario de inicio es diferente en cada rincón, se prevén inconvenientes en el tránsito desde las 5 a. m.

Medellín

Aunque el gremio de taxistas no reveló la ruta y no pidió acompañamiento de las autoridades locales, se anunció que la protesta se hará en la capital de Antioquia y en seis municipios más del Valle de Aburrá. En el caso de la ciudad, podría arrancar a las 8:30 a. m. desde Jumbo de la 65.

Cartagena

Frente al paro nacional de taxistas, este martes 23 de julio no habrá clases en los colegios públicos y privados de Cartagena.

El recorrido que han anunciado los taxistas incide en puntos donde hay alta afluencia vehicular y confluye en el Centro Histórico:

• Terminal de Transporte
• Bomba El Amparo
• Ceballos
• Sociedad Portuaria
• Pie del Cerro en Castillo San Felipe
• Bocagrande, en el Hotel Caribe
• Aeropuerto.

“Los taxistas han anunciado que en caravana se desplazarán por vías principales de la ciudad desde tempranas horas. En atención a esta situación que incidirá en los desplazamientos, se recomienda a los ciudadanos movilizarse solo si es necesario, o planificar su viaje si requiere circular obligatoriamente”, afirmó la administración local.

Bucaramanga

Plan tortuga desde las 7 a. m. desde Puerta del Sol hasta el centro de la ciudad.

Cali

La movilización iniciará a tempranas horas del día en los siguientes puntos, aunque podría cambiar la programación a última hora:

• Paso del Comercio
• Menga
• Portada al Mar
• Calle 13 con carrera 110, vía Jamundí
• Sameco
• Alfonso López.

Manizales

Los integrantes del gremio de conductores se reunirán desde las 8 a. m. en la glorieta Milán.

Pasto

Se espera un plan tortuga desde las 7 a. m. desde el sector conocido como el Campesino hasta el Parque Rumipamba.

Valledupar

Los conductores adelantarán una protesta en la vía que conduce de la Gobernación a la Alcaldía.

El ente acusador aseguró que los procesos que estaban en manos del fiscal Burgos pasarán a un reparto en la dirección de Finanzas Criminales para que de allí salga el fiscal encargado de asumir los procesos contra el hijo del presidente de la República, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Advierte la Fiscalía que en aras de garantizar la transparencia y los procesos que se adelantan justamente contra el hijo del presidente de la República, se sometieron a reparto las investigaciones y será un fiscal de lavado de activos el responsable de asumir los procesos contra Nicolás Petro.

“En desarrollo de la Resolución n.° 0372 de 2024 de la Delegada para la Seguridad Territorial que declaró fundada la recusación formulada al fiscal 001 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso someter a reparto el conocimiento de las actuaciones contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, señala un comunicado de la Fiscalía.

Insisten desde el ente acusador en que dada la naturaleza de los delitos que fueron imputados en su momento por el fiscal Mario Burgos –esto es lavado de activos y enriquecimiento ilícito–, serán fiscales especializados en este tema los que tendrán la responsabilidad de continuar con las actuaciones que, para el caso, se encuentran en etapa de juicio.

“Teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de delitos por los que se ha investigado y avanza el juicio oral, noticias criminales relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, el caso será asignado a la Fiscalía que por reparto corresponda en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales”, insistió la Fiscalía.

En la misma resolución en la que se descabeza el Grupo de Tareas Especiales, que se conformó durante la administración del fiscal Francisco Barbosa, luego de las revelaciones en SEMANA, se anticipa que los investigadores, esto es el personal de policía judicial, serán asignados a los fiscales que reciban los procesos.

“Mediante Resolución 0-0312 de la fecha se suprime el Grupo de Tareas Especiales conformado para esta temática, manteniéndose el equipo de servidores, expertos y analistas con funciones permanentes de policía judicial que han conocido estos actos investigativos para que continúe apoyando al fiscal que por reparto corresponda su impulso”, señaló la Fiscalía en su comunicado.

Ordenan traslado del fiscal Mario Burgos de la Delegada para la Seguridad Territorial a la unidad especial

El fiscal Mario Burgos, también a través de una resolución, fue sacado de los procesos que se adelantan contra el hijo del presidente de la República, al advertir que el pliego de cargos formulado por la comisión de disciplina judicial era razón suficiente para generar un impedimento en sus funciones.

A Burgos le llegó una carta en la que se le pide que en el menor tiempo posible entregue todo el material probatorio con el que cuenta de este caso.

En un documento conocido en exclusiva por SEMANA, la subdirectora de talento humano le solicitó a Burgos que haga entrega inmediata, así mismo, de todos los asuntos que tenga a su cargo en los próximos cinco días hábiles.

Pese a que se argumentó en un principio que el retiro del fiscal Mario Burgos se debía al proceso que le abrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, resulta extraño que se le retire de todos los procesos que tienen que ver con este escándalo y que cuenta con varias líneas de investigación.

Entre estas, se destaca la investigación contra Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y quien será testigo de cargo de la Fiscalía General en el juicio contra el exdiputado.

La misma Vásquez tiene dos expedientes activos por violación de datos personales. Esto por haber contactado a dos agentes de policía para que hackearan los celulares de Laura Ojeda, actual compañera sentimental de Nicolás Petro, y de Génesis Leal, su mejor amiga.

Como lo reveló recientemente el mismo fiscal Burgos, Day Vásquez, como muestra de su compromiso con la administración de justicia, aceptará cargos.

“La señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro va a aceptar su responsabilidad por la violación de datos personales de Génesis (Leal) y de la señora Laura Ojeda, su señoría. Eso es colaboración también con la administración de justicia”, manifestó el delegado del ente investigador el pasado 9 de julio.

En su intervención, el fiscal manifestó que Day Vásquez ha “seguido dando información relevante para la investigación que ha sido corroborada de manera efectiva por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación”.

El exdiputado por el Atlántico, quien sigue con una restricción para no salir de Barranquilla sin permiso, es procesado por recibir altas sumas de dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y del empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta, en mayo de 2022.

Este dinero fue utilizado por Petro Burgos para el pago de deudas personales, la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla y la adquisición de un vehículo de alta gama.

Para ese momento, el entonces diputado manejaba parte de la campaña Petro Presidente 2022 en el departamento del Atlántico.

Day Vásquez pone a temblar a Nicolás Petro con contundente advertencia: “Hay muchas cosas que no han salido a la luz”

Por su parte, a través de la red social X, Vásquez reaccionó a la decisión de la fiscal general de la nación de ordenar acabar con el grupo que investigó en su momento al hijo del presidente Gustavo Petro. La expareja del exdiputado del Atlántico advirtió que todavía hay muchas cosas que no se conocen y que dejarían en evidencia los presuntos delitos cometidos por Petro Burgos.

Las palabras de Vásquez se dieron en respuesta a un mensaje que publicó la periodista Doña Pily, quien opinó en su cuenta en esta red social sobre algunas de las decisiones que ha tomado Camargo desde que llegó a la Fiscalía para remplazar a Francisco Barbosa. La comunicadora mencionó el inicio del juicio contra el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez; el cambio de fiscal que lleva el caso de Nicolás, y la más reciente: acabar con el grupo que lo investigó.

“No se tomen la molestia de disimular. El hijo negado duerme tranquilo”, dijo la periodista.

Estas últimas palabras fueron las que generaron la respuesta de Vásquez, que en un primer momento respondió de manera sutil: “Ni tan tranquilo”.

Posteriormente, un usuario señaló que a Nicolás, quien actualmente mantiene una relación con Laura Ojeda, no le va a pasar nada y el caso no va a avanzar si la mujer no presenta alguna prueba. Ante esto, Vásquez fue clara al afirmar que todavía se desconocen muchas cosas, incluso habló de supuestos videos.

“Hay muchas cosas contundentes que no han salido a la luz. Entre ellas varios videos”, escribió.

En otro mensaje, la expareja de Petro Burgos sostuvo que ella los tiene en su poder y acompañó sus palabras con un emoticón.

Esta no es la primera vez que Vásquez hace una advertencia en este sentido, ya que hace algunos meses también había escrito en su cuenta de X: “No me subestimen… ¡Sé más de lo que digo!”.

SEMANA conoció detalles del interrogatorio que entregó el contratista pastuso Luis Eduardo López, quien se quedó de forma irregular con el escandaloso contrato y está buscando aranosamente un acuerdo con la Fiscalía, que está ‘embolatado’ por no contar la verdad.

La diligencia se realizó el 24 de junio en el búnker de la Fiscalía, y se extendió por varias horas. Él contó detalles espinosos y reveladores que confirmaría no solo el pago de la coima, sino del hasta ahora casi anónimo protagonista, quien irónicamente ya se había visto la cara con los investigadores, cuando aún no se conocía su vinculación a estos oscuros hechos. Por eso la Fiscalía tiene puestos los ojos en él.

El hombre del maletín

En medio del interrogatorio, López habló por primera vez de la manera como entregó la millonaria coima y soltó el nombre: dijo que las maletas repletas de fajos de billetes de 50 y de 100 mil pesos, llegaron a manos de Juan Camilo Llanos, una persona de la máxima confianza del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien era su asesor.

Es ahí donde cobra especial relevancia este nombre para la Fiscalía que incluso parece haber sido engañada en un primer momento Llanos, pues según documentos en poder de SEMANA, fue justamente él quien recibió a los hombres de la Fiscalía y la Dijín en la diligencia de inspección judicial, en la sede la UNGRD, cuando estalló el escándalo de los carrotanques, bajo la orden de policía judicial #10119180.

“Se requiere realizar inspección judicial en la UNGRD a fin de obtener toda la etapa precontractual, que incluya estudios previos, invitaciones, disponibilidad presupuestal (...) Igualmente, obtener de parte de la entidad la certificación que los documentos entregados en la inspección corresponden a la totalidad de los que conforman el proceso objeto de investigación”, se lee en la orden judicial.

Según se lee en el documento firmado por el investigador Fabio Nelson Mesa, “fui atendido por el señor Juan Camilo Llanos Marulanda, con el cargo de contratista de la subdirección para el manejo de desastres, con contacto telefónico 301241****, funcionario jurídico que estuvo al frente del proceso de contratación”.

El seguimiento

Los reflectores están sobre Llano, quien ha tratado de pasar desapercibido, pero para la Fiscalía puede ser unos los principales testigos en estos hechos corruptos, pues habría sido el encargado de acomodar todo para que jurídicamente pareciera que se trató de un concurso público para entregar el contrato, pero, en realidad, todo estaba acomodado para que los ganara el pastuso Luis Eduardo López.

Por eso, otro documento en poder de SEMANA, este del 4 de julio, da vía libre a la interceptación de las comunicaciones de Llanos, junto con otros 15 abonados más que han estado involucrados en el escándalo.

Precisamente este punto se ha convertido en uno de los ejes principales de la colaboración que ha ofrecido López, conocido como el Pastuso, con la Fiscalía en búsqueda de los beneficios jurídicos que, por ahora, le han sido esquivos e incluso desde el ente de control han manifestado que no lo recibiría por no contar toda la verdad.

“Como le dije, el dinero no se le entregó directamente al señor Sneyder Pinilla sino a través de un asesor que él delegó, pero el nombre o la identificación de él, no podría decirlo en este momento, porque forma parte justamente de lo que se está hablando en mi colaboración con la Fiscalía”, dijo Rosero a SEMANA.

Según la institución militar, antes de la captura se dio un fuerte combate entre los hoy detenidos y los uniformados de la Décima Brigada.

“Luego de un trabajo arduo por parte de la inteligencia militar, sobre el sector del Paraíso en Uribia, se ubica un grupo que estaría armado. Estos sujetos, al notar la presencia de la tropa entran en combate de encuentro; posteriormente se capturan a tres personas de nacionalidad extranjera y dos colombianos”, precisaron mediante un comunicado de prensa.

De igual manera, señalaron que: “Así mismo, se logró la incautación de una pistola, un revólver, un arma traumática tipo fusil, municiones, proveedores de diferentes calibres, celulares, motores de lancha, radios y cargadores, elementos que serían empleados para su accionar delictivo en la zona”.

Así cayó Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua en Colombia

SEMANA conoció nuevos detalles de la detención de alias Larry Changa, el cofundador del Tren de Aragua y quien fue capturado en el Eje Cafetero, donde se escondía luego de ser buscado en más de 190 países tras tener orden de Interpol en su contra.

En las imágenes obtenidas por SEMANA se ve a Changa caminando plácidamente por calles de Chile en donde tenía locales de comidas rápidas para dar apariencia de legalidad a los dineros que conseguía fruto de la comisión de graves delitos como secuestro y extorsión.

Changa, según las autoridades colombianas, estaba al mismo nivel de Niño Guerrero, el otro fundador del Tren de Aragua. Ambos compartieron prisión en Venezuela hace más de una década y allí fue donde se proyectó la creación del grupo criminal y su expansión.

La captura de Changa se dio luego de que investigadores de la Interpol Bogotá obtuvieran información de la Policía de Investigaciones de Chile, “sobre la posibilidad de que personas del círculo familiar de Larry Changa se encontraran en territorio colombiano, por lo que se dispuso de un equipo especializado en la persecución de prófugos que se desplazó a la región del Eje Cafetero, en donde se logró ubicar al cabecilla del Tren de Aragua”.

Lo que el poderoso criminal no sabía era que desde su paso por Chile ya le venían haciendo seguimiento los investigadores con el propósito de conocer sus movimientos, actividades económicas y con qué personas se relacionaba. La información de inteligencia señala que Changa estaba al mismo nivel de Niño Guerrero y Johan Petric, fundadores del Tren de Aragua, dos de los cuales se encuentran prófugos de la justicia.

El cerebro de la investigación de la Interpol en Colombia habló en exclusiva con SEMANA y reveló detalles del proceso para capturar al escurridizo criminal, según la Policía.

“Hace aproximadamente tres meses, en el marco de la cooperación policial internacional que manejamos con Interpol Chile, nos llega una información por parte de la Policía de ese país, donde nos manifiestan que posiblemente alias Larry se encontraba en territorio nacional. Esto basado en información que obtuvieron de su círculo familiar cercano y de alguna de sus personas de su confianza, donde al verificar bases de datos y las redes sociales se veía que podían estar acá en territorio nacional”, indicó el investigador de la Interpol Colombia.

La información que había obtenido la Policía sobre Changa no era falsa, al hacer las indagaciones se estableció que había ingresado a Colombia por Cúcuta hace aproximadamente dos años.

Valiéndose del poder económico que le generaban las rentas criminales del Tren de Aragua, Changa tenía como modus operandi abrir puntos de comida rápida para dar apariencia de ser un hombre honesto, trabajador y con buena visión para los negocios.

Lo que había detrás de todo esto, según los investigadores que le seguían la pista a Changa, era una estrategia para perfilar a ciudadanos con fuertes ingresos económicos para luego convertirlos en sus víctimas de secuestros y extorsiones, como sucedió en Chile.

La medida tomada por la compañía contempla en suspender en determinado horario durante seis o siete horas el servicio de energía eléctrica.

Una de las voces que se alzaron fue la Orlando Jiménez, directivo de Undeco, quien habló con Caracol Radio Barranquilla, asegurando que esta medida no tiene en cuenta a las personas que sí se encuentran al día con los pagos.

“No es un buen mensaje para la comunidad. Pareciera que se quisiera castigar a los honestos, honrados, a los puntuales, pero no es un buen mensaje que se le manda a la ciudadanía. Nosotros en estos sectores tenemos comerciantes que están al día, pero hay totalizadores que miden la energía en general”, precisó.

Entre tanto, con el mismo medio de comunicación habló Norman Alarcón, representante de la Liga de Usuarios en el Caribe, asegurando que esta medida no tiene en cuenta que las personas afectadas están en condición vulnerable.

“Supremamente preocupante esta medida, teniendo en cuenta que es ilegal porque la suspensión del servicio eléctrico generalizado lesiona a usuarios que ya pagaron su factura. Además, de esta forma se viola la sentencia de la Corte Constitucional T193 de 2012, que estableció que los sectores vulnerables que tienen protección constitucional, no les pueden suspender el servicio eléctrico”, añadió.

Desde el municipio de Luruaco, Atlántico, el personero municipal realizó una acción preventiva con el que buscan frenar la medida. De igual manera, para mañana martes 23 de julio, la comunidad ha programado manifestaciones en una de las importantes vías que comunica a Barranquilla con Cartagena con el fin de llamar la atención de las autoridades del orden nacional.

La medida de Air-e

La compañía Air – e tomó una radical decisión para enfrentar la crisis que hay en el recaudo del servicio de energía en tres departamentos del país. De acuerdo con las proyecciones, los efectos serán sentidos por 191.000 usuarios.

La medida consiste en interrumpir el fluido eléctrico por horas por el incumplimiento en los pagos que suman un billón de pesos. Los saldos rojos están en 37 sectores y zonas rurales de 21 municipios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El tiempo en el que las personas no tendrán luz se calculará con base en dos factores: los indicadores de recaudo y la reducción de la demanda. Hay lugares donde estarán desconectados por tres horas y en otros por seis.

Air – e aclaró que no se trata de una suspensión, corte o interrupción generalizada del servicio: “Se está aplicando el período de continuidad que se pactó en el acuerdo, tal y como lo establecen las normas”, se lee en un comunicado.

En el siguiente documento se describen los municipios, barrios, fechas y horarios en los que se aplicará la suspensión del servicio de energía; también se resume la deuda acumulada por la que están sufriendo las afectaciones.

Sectores donde Air - e interrumpirá el servicio de energía por horas. by Juan Diego Mercado Hidalgo on Scribd

Air – e insistió en que está apegada a la norma: “Las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía están autorizadas a aplicar los períodos de continuidad en aquellas zonas donde se incumplen las metas de recaudo pactadas”.

Esta medida, de momento, no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, la empresa mostró disposición para continuar en las conversaciones con las administraciones municipales y la comunidad que los lleven a una solución.

Según las autoridades, este sujeto mediante amenazas le hacía una exigencia de 10 millones de pesos a un empresario de Sabanalarga, Atlántico, con el fin de no realizarle atentados contra su familia y los empleados de la empresa.

“En un operativo llevado a cabo en el barrio 7 de agosto del municipio de Sabanalarga por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula, en un trabajo articulado con la Fiscalía, logran la captura en flagrancia de un individuo por el delito de extorsión, el cual se identificaba como integrante de los Rastrojos Caleños”, dijo la Policía del Atlántico en medio de un comunicado de prensa.

De igual manera, señalaron que: “La captura se realiza en flagrancia, momentos en que estas personas, recibían de su víctima, la suma de $1.500.000, durante el operativo de captura se logró incautar el dinero, celular de donde realizaban las amenazas y una motocicleta”.

El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y fue judicializado por el delito de extorsión. Ahora, un juez con funciones de control de garantías deberá definir su situación jurídica.

Desde el Gaula del Atlántico dieron a conocer que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para seguir afectando a estas organizaciones criminales que está afectando la economía, principalmente de comerciantes y empresarios en el departamento.

De igual manera, señalaron que tienen disponible las 24 horas del día, la línea contra la extorsión 165, con el fin de que las personas que sean blanco de los delincuentes puedan denunciar de manera oportuna y evitar casos que lamentar.

Capturan a peligroso extorsionista de ‘Los Rastrojos Caleños’ en el Centro del Atlántico. La operación fue adelantada por el Gaula de la Policía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/anx6TmWSKx

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 22, 2024

¿Cómo castigan en Colombia la extorsión?

En Colombia, el delito de extorsión está tipificado en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000). La pena para quienes cometan extorsión puede ser bastante grave, dependiendo de las circunstancias específicas del caso. Por lo general, las penas incluyen prisión y multas económicas significativas.

Las penas específicas por extorsión pueden variar dependiendo de factores como el tipo de extorsión (si es simple o agravada), la gravedad del daño causado, si se utilizan armas, si hay víctimas vulnerables involucradas, entre otros. Por lo general, las penas pueden ir desde varios años de prisión hasta más de una década, especialmente en casos graves.

Además, Colombia cuenta con leyes específicas para combatir la extorsión, como la Ley 1271 de 2009, que tiene como objetivo prevenir, investigar, perseguir y sancionar este tipo de delitos de manera más efectiva.

Es importante mencionar que el sistema judicial colombiano busca ser contundente en la persecución y sanción de la extorsión debido a la gravedad de sus implicaciones para las víctimas y la sociedad en general.

Las palabras de Day se dieron en respuesta a un mensaje que publicó la periodista Doña Pily, quien opinó en su cuenta de X sobre algunas de las decisiones que ha tomado Camargo desde que llegó a la Fiscalía para reemplazar a Francisco Barbosa. La comunicadora mencionó el inicio del juicio contra el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez; el cambio de fiscal que lleva el caso de Nicolás, y la más reciente: acabar con el grupo que lo investigó.

“No se tomen la molestia de disimular. El hijo negado duerme tranquilo”, dijo la periodista.

Estas últimas palabras fueron las que generaron la respuesta de Vásquez, que en un primer momento respondió de manera sutil: “Ni tan tranquilo”.

Posteriormente, un usuario señaló que a Nicolás, quien actualmente mantiene una relación con Laura Ojeda, no le va a pasar nada y el caso no va a avanzar si la mujer no presenta alguna prueba. Ante esto, Day fue clara afirmando que todavía se desconocen muchas cosas, incluso habló de supuestos videos.

“Hay muchas cosas contundentes que no han salido a la luz. Entre ellas varios videos”, escribió.

En otro mensaje, la expareja de Petro Burgos sostuvo que ella los tiene en su poder y acompañó sus palabras con un emoticón.

Esta no es la primera vez que Vásquez hace una advertencia en este sentido, ya que hace algunos meses también había escrito en su cuenta de X: “No me subestimen… ¡sé más de lo que digo!”.

Las declaraciones de Day han sido una de las piezas clave del proceso que lleva a la Fiscalía sobre la financiación no reportada de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de 2022 y el supuesto dinero del que se habría adueñado el primogénito del jefe de Estado colombiano.

Hay muchas cosas contundentes que no han salido a la luz.
Entre ellas varios videos…

— 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) July 22, 2024

La decisión que favorece a Petro Burgos

Antes de estas nuevas palabras de Day Vásquez, una gran polémica desató la decisión de la Fiscalía de acabar con el Grupo de Tareas Especiales que justamente se conformó para adelantar las investigaciones derivadas de este escándalo que en su momento puso en jaque al Gobierno.

Para muchos, esta determinación favorece de manera clara al hijo del máximo mandatario de Colombia.

No obstante, el ente investigador ha sostenido que los procesos que estaban en manos del fiscal Mario Burgos pasarán a un reparto en la dirección de Finanzas Criminales, donde saldrá un fiscal encargado que asumirá el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se adelantan en contra de Nicolás.

La Fiscalía sostuvo que el único objetivo es garantizar la transparencia en este caso, por lo que indicó que se sometió a reparto las investigaciones y será un fiscal de lavado de activos el responsable de estar al frente del proceso.

“El pasado 20 de julio se realizó el tradicional y emblemático desfile militar en homenaje a nuestra independencia y en reconocimiento al pueblo colombiano y su fuerza pública. Esta trascendental celebración fue, sin embargo, resquebrajada por la inédita demora de más de dos horas del presidente de la República, sin explicación oficial alguna”, manifestaron las asociaciones inicialmente en el comunicado.

Para los veteranos de las Fuerzas Militares, el Día de la Independencia de Colombia es una fecha de la mayor relevancia para el país: “Por su insuperable connotación histórica que reafirma el espíritu de nuestra identidad nacional, y en especial porque representa el inicio de la lucha por la construcción de una nación libre y soberana. Esta celebración fortalece el orgullo nacional y es una oportunidad para recordar y honrar la memoria de los héroes de la patria que contribuyeron a nuestra independencia”.

“Estas celebraciones son encabezadas por el primer mandatario y pretenden fortalecer la unidad nacional y el vínculo de la sociedad colombiana, su fuerza pública y las autoridades civiles de los diferentes poderes”, agregaron.

En el texto, las asociaciones afirmaron que los continuos retrasos del presidente en la asistencia a eventos son un “nefasto precedente” y un “irrespeto” a los colombianos.

“El desconsiderado retardo del primer mandatario a la apertura de los eventos constituye un nefasto precedente; la excesiva demora y la apática actitud durante el corto período de su atención a los mismos constituyen un irrespeto a todos los colombianos, a los ciudadanos asistentes a la ceremonia y a los hombres y mujeres de la fuerza pública”, expresaron.

“La descomedida tardanza constituye además una falta de respeto hacia nuestra historia, nuestros héroes, nuestros valores y símbolos patrios, y hacia todos los elementales principios que nos identifican como país”, subrayaron en el texto en el que agradecieron a los colombianos las “muestras de cariño” para la fuerza pública.

“A nuestros hermanos colombianos presentamos nuestro reconocimiento por su amor patrio en esta fecha emblemática y nuestro agradecimiento por sus generosas expresiones de cariño con los miembros de la fuerza pública. Alentamos a nuestros compatriotas a continuar apoyando y rodeando a todos los soldados, policías, marinos y aviadores que luchan sin descanso por permitir un futuro próspero y seguro para todos los colombianos”, sostuvieron.

La masacre ocurrió exactamente en la vereda Aguafría, donde hallaron los cadáveres con disparos y la comunidad dio aviso a las autoridades civiles y judiciales, que investigan lo ocurrido.

De las cinco personas asesinadas solo se conoce la identidad de dos, que son: Hernando Vela Bautista, Eliécer Bautista Díaz, quienes eran familia y se dedicaban a la agricultura en esta zona del país.

Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación son los que asumieron las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió en este caso que tiene conmocionada a la comunidad.

En diálogo con RCN Radio Huila, el alcalde del municipio de Hobo, Yhon Alber Mora, indicó que fue la misma comunidad la que dio aviso de lo que había ocurrido y que las autoridades investigan lo sucedido, pues entre las víctimas hay personas que, al parecer, no eran de la zona.

“Hace unos días, lo que comenta la comunidad es que llegaron varias personas cerca donde sucedieron los hechos, pero no se sabe nada de ellos, digamos en términos de su procedencia, desconocemos por completo quiénes son, quiénes eran”, dijo el mandatario.

SEMANA conoció que en uno de los cadáveres dejaron un cartel con un mensaje que en estos momentos está en poder de las autoridades que se encuentran investigando lo ocurrido.

Además, que en este momento las autoridades adelantan un consejo extraordinario de seguridad en Neiva, donde están analizando las medidas a tomar por estos hechos que han generado terror entre los residentes de Hobo.

La comunidad de esta población y de la zona rural han asegurado que en este territorio las disidencias de las Farc tienen el dominio completo sin que la fuerza pública pueda hacer algo.

De igual manera, sostuvieron que este grupo armado ilegal tienen horarios para poder transitar en esta zona, carnet para los habitantes y si van a realizar cambios o algunas actividades diferentes a las habituales, deben solicitar un permiso a los terroristas.

Otros ataques de las disidencias de las Farc

El Ejército Nacional confirmó que en las últimas 24 horas han sostenido violentos combates contra las disidencias de las Farc en zona rural de Argelia, sur del Cauca. Por estos hechos, hay cinco soldados heridos y un número indeterminado de disidentes muertos.

Inicialmente, los combates tenían como protagonistas al frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, que busca quedarse con el control del Cañón del Micay, principal corredor para sacar droga hacia el Pacífico sur.

“A raíz de las confrontaciones armadas ilegales que se han venido presentando en los últimos días entre las estructuras de la Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, aquí en el Cañón del Micay, en los corregimientos de Sinaí y El Mango. Esto ha generado que muchas de las familias allí presentes se hayan tenido que desplazarse hacia otros sectores, y con el ánimo de recobrar la tranquilidad en nuestras poblaciones, se lanza una operación muy importante sobre estas áreas”, indicó el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca.

Sobre los soldados heridos, precisó que ya fueron trasladados a diferentes centros asistenciales en Cali.

“En las últimas 24 horas se han sostenido combates con estas estructuras, combates que nos han dejado cinco soldados heridos, que han sido evacuados a diferentes hospitales de Cali y, a su vez, ha dejado un indeterminado número de muertos y heridos por parte de las estructuras criminales que quieren esta área del Cañón del Micay. Así las cosas, se esperan refuerzos con el ánimo de contribuir a la seguridad y tranquilidad que merecen los colombianos de bien que habitan esta región del país”, señaló.

El cese de actividades, que fue anunciado hace varias semanas, se realizará en protesta contra las plataformas digitales y con el objetivo de que las autoridades tomen medidas contra ellas por considerarlas como ilegales.

“La ilegalidad está desbordada. Entre motos y carros particulares nos están llevando a la quiebra, por eso nos unimos y nos solidarizamos en esta jornada de paro del 23 de julio”, dijo recientemente Manuel Gil, líder del gremio de taxistas en la capital del país.

Adicionalmente, los conductores de Bogotá piden mayores controles y medidas para garantizar su seguridad. En ese sentido, denunciaron que hay cerca de 70 puntos en la ciudad en los que son víctimas de hurto.

En la jornada de este martes estas serán las zonas de concentración:

- Autopista norte con calle 170

- Localidad de Suba

- Localidad de Engativá

- Localidad de Fontibón

- Techo

- Autopista Sur

- Santa Librada

- 20 de Julio

Reuniones

En varias oportunidades, durante los últimos meses, el gremio de taxistas en Bogotá se ha reunido con las autoridades distritales y nacionales, pero se mantienen en su idea de que la única solución es acabar este “negocio” de las plataformas o regularlo de la misma forma que a los taxis. Los paros realizados hasta ahora han desatado problemas en la movilidad en Bogotá, especialmente en la vía que conduce al aeropuerto El Dorado, uno de los puntos preferidos por los conductores. En abril pasado una protesta que se extendió por varias horas terminó en desmanes que obligaron a intervenir a la Policía.

Hace unos días, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que procederá con investigaciones a todas aquellas empresas que intervienen en la operación de servicios de carro por aplicaciones, dando de esta forma una respuesta a las quejas de los taxistas.

“Como autoridad única de protección de la libre competencia, inició investigaciones contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, DiDi y Cabify en Colombia”, señaló la entidad a través de un comunicado.

La Superintendencia dejó ver que el propósito de estas actuaciones es determinar si las investigaciones habrían infringido el régimen de “protección de la competencia y competencia desleal administrativa al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas”.

A primera hora, por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, se tomó la decisión de ponerle fin al llamado Grupo de Tareas Especiales que justamente se conformó para adelantar las investigaciones derivadas de este escándalo.

Ante separación del caso por recusación al anterior fiscal, @FiscaliaCol somete a reparto en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales impulso del proceso e indagaciones contra el ciudadano Nicolás Petro Burgos. pic.twitter.com/2Npj36TzVw

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 22, 2024

Posteriormente, al fiscal Burgos le llegó una carta en la que pide que en el menor tiempo posible le entregue todo el material probatorio con el que cuenta en este caso.

En un documento en exclusiva por SEMANA, la subdirectora de talento humano le pidió al fiscal Mario Burgos que haga entrega inmediata de todos los asuntos que tenga a su cargo en los próximos cinco días hábiles.

Pese a que se argumentó en un principio que el retiro del fiscal Mario Burgos se debía al proceso que le abrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, resulta extraño que se le retire de todos los procesos que tienen que ver con este escándalo y que cuenta con varias líneas de investigación.

Entre estas, se destaca la investigación contra Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y quien será testigo de cargo de la Fiscalía General en el juicio contra el exdiputado.

La misma Vásquez tiene dos expedientes activos por violación de datos personales. Esto por haber contactado a dos agentes de policía para que hackearan los celulares de Laura Ojeda, actual compañera sentimental de Nicolás Petro, y de Génesis Leal, su mejor amiga.

Como lo reveló recientemente el mismo fiscal Burgos, Day Vásquez, como muestra de su compromiso con la administración de justicia, aceptará cargos.

“La señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro va a aceptar su responsabilidad por la violación de datos personales de Génesis (Leal) y de la señora Laura Ojeda, su señoría. Eso es colaboración también con la administración de justicia”, manifestó el delegado del ente investigador el pasado 9 de julio.

En su intervención, el fiscal manifestó que Day Vásquez ha “seguido dando información relevante para la investigación que ha sido corroborada de manera efectiva por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación”.

Day Vásquez será testigo en el juicio contra Nicolás Petro y seguirá entregando información novedosa en contra del hijo del Presidente, revela la Fiscalía. https://t.co/Lec0VeyxkE pic.twitter.com/jxgEezmPqa

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 9, 2024

En otro de los apartes de su intervención, el fiscal Burgos anunció que cuenta con todas las pruebas documentales y testimoniales para presentar en el juicio contra Nicolás Petro Burgos.

El exdiputado por el Atlántico, quien sigue con una restricción para no salir de Barranquilla sin permiso, es procesado por recibir altas sumas de dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y el empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta, en mayo de 2022.

Este dinero fue utilizado por Petro Burgos para el pago de deudas personales, la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla y la adquisición de un vehículo de alta gama.

Para ese momento, el entonces diputado manejaba parte de la campaña Petro Presidente 2022 en el departamento del Atlántico.

Para el próximo miércoles 24 de julio quedó fijada la audiencia en la cual un juez de control de garantías de Barranquilla definirá si levanta o no todas las medidas restrictivas que existen desde hace un año contra Day Vásquez.

En esta audiencia, como todo parece indicar, no estará presente el fiscal Burgos.

"No entiendo cuál es el show". Miguel Polo Polo se presenta ante la Corte Suprema y asegura que no se retractara de los señalamientos contra Gustavo Bolívar. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/1jylpWezNy

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 22, 2024

Polo Polo aseguró que sigue firme en sus declaraciones y no plantea ningún tipo de conciliación y retractación. “Yo no entiendo cuál es el show ni el escándalo”, aseveró el congresista.

Recordó que ha asistido a todas las diligencias judiciales a las que ha sido citado, manifestando que la semana pasada, curiosamente, fue citado tanto a audiencia de indagatoria como de conciliación.

Frente a esta compleja situación, su abogado, quien no se encuentra en el país, le pidió a la Corte Suprema una reprogramación de la primera diligencia.

Sorpresivamente, hoy le notificaron su conducción bajo el argumento que no asistió a la indagatoria. “Yo soy una persona que siempre ha caminado sobre la legalidad y aquí estoy dándole la cara a la justicia”.

Por esto cuestionó el hecho que se ordenara su conducción con policía, pues no existía razón alguna. “Yo no soy un delincuente, nunca he cometido ningún tipo de delito”, aseveró el representante por las negritudes.

El congresista indicó que no tiene pensado ningún tipo de retractación. “Los hechos son públicos, son de conocimiento público, ustedes saben qué dijo (Gustavo) Bolívar, y qué hizo Bolívar durante el paro nacional. Yo creo que la realidad no se puede borrar”.

En este proceso que se inició por denuncia de @GustavoBolivar se han realizado muchas audiencias desde el año pasado y a todas @MiguelPoloP ha comparecido.

Como su abogado también he asistido a todas las diligencias que se han programado.

Miguel Polo Polo jamás se ha… https://t.co/kIWIK5qj4l

— Jhonatan Peláez (@JhonatanPelaezS) July 22, 2024

Espera que el próximo viernes, para cuando está citada la conciliación, el caso se cierre, pues no es necesario seguir colapsando el sistema judicial colombiano.

Polo Polo fue denunciado por el delito de injuria por el excongresista y ahora director nacional del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar. Esto debido a unas publicaciones hechas en su cuenta de X en las cuales lo señalaba de tener vínculos directos con la financiación de la primera línea, que generó caos y destrucción durante las marchas de noviembre de 2021.

“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el paro y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista’ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, trinó el representante.

En un intento previo de conciliación en septiembre pasado, Polo Polo y Bolívar no lograron llegar a un acuerdo. Bolívar se negó a aceptar, argumentando que Polo Polo lo había acusado de financiar actividades delictivas y asesinar niños, desafiando al representante a la Cámara a presentar pruebas que respaldaran estas afirmaciones.

Para ese momento, Bolívar indicó que “el representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebés y, por eso, yo lo traje a la Corte Suprema para que muestre las pruebas. El juez le dio una semana para presentar esto y, si no las encuentra, le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”.

El próximo viernes 26 de julio, Polo Polo y Gustavo Bolívar se verán una vez las caras en un intento de conciliación.

La escena ocurrió en un barrio de la ciudad de Cartagena, la mujer resultó ser una asistente fiscal de la dirección seccional de la Fiscalía en el departamento de Bolívar y de acuerdo con quienes grabaron el video, ella se enfureció cuando le reprocharon por estar mal parqueada.

Otro conductor que pasaba por la misma zona, de manera insistente le pidió parquearse bien y mover el vehículo que dejó en uno de los costados de la vía, hubo un altercado y, aparentemente, para “solucionar” la situación, la asistente de fiscal se lanzó con un arma y enfrentar a quien le reprochó por su forma de parquear.

Cuando la funcionaria sacó su arma y le reclamó al hombre que grababa el video, se observa en su mano izquierda lo que sería el arma que utilizó para increpar a su rival, el hombre que por varios segundos retrocedió tras la amenaza de la funcionaria.

• Funcionaria: Se mete con las mujeres, viene a tratarlas mal.
• Conductor: Te voy a denuncia,
• Funcionaria: Hágale, lo veo, atrevido.
• Conductor: Atrevida tú que está obstaculizando la vía y saca pistola.

Hasta el momento el hecho no pasó de ser más que un enfrentamiento entre dos conductores por un vehículo mal parqueado, con el agravante del arma utilizada como una forma de atemorizar al otro. Ahora, cuando se conoció que la protagonista este video es una funcionaria pública, asistente de Fiscal, el contexto cambia.

SEMANA se comunicó con la Fiscalía para conocer una versión de los hechos y desde el ente acusador advirtieron que una vez se conoció el video, con la confusa escena, se logró identificar que efectivamente se trata de una funcionaria de la entidad, adscrita al departamento de Bolívar, en el cargo de asistente de Fiscal.

Adicionalmente, se abrió una investigación formal para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la bochornosa escena con la funcionaria pública, armada y tratando de enfrentarse al otro conductor, simplemente en un acto de intolerancia.

Aseguran fuentes del ente acusador que la funcionaria dijo tener todos los documentos en regla para portar ese tipo de arma y que lo hizo en el propósito de defenderse, pues el hombre, que aparece grabando el video, trató de atacarla y ella no tenía otro mecanismo de defensa que el arma en su vehículo.

Sin embargo, quienes hacen la denuncia advierten que se trató de un grave hecho de intolerancia, cuando a ella le reclaman por mover el vehículo se enfrenta al resto de conductores, como no se quedaron callados y le reclamaron por su comportamiento, ella decide sacar su arma en un evidente tono de amenaza.

Lo que esperan los ciudadanos que increparon a la mujer por estar mal parqueada, es que se adelanten las correspondientes investigaciones disciplinarias, pues resulta no solo una bochornosa escena, típica de la intolerancia que deja muertos, la actitud de la funcionaria resulta peligrosa, en su vehículo lleva este tipo de armas y la usa como respuesta para enfrentar a quienes le reclaman por su poca cortesía al volante.

Ahora, la capital del Atlántico tendrá un segundo Malecón que estará ubicado en el suroriente de Barranquilla, que también apoyará a la recreación de los barrios que rodean esta zona.

En su cuenta en X, Alejandro Char, alcalde de la ciudad, aseguró que lo que buscan es poder mejorarle los espacios a la comunidad, pero sobre todo ser referente a nivel país e internacional con este nuevo espacio en la ciudad.

“Siete meses después de mi posesión vuelvo a Rebolo con grandes noticias! Ya llegaron las primeras vigas galvanizadas para cubrir la herida de este arroyo de una vez por todas y convertirlo en un parque lineal con múltiples espacios para el disfrute de nuestra gente. Estamos cada vez más cerca de que el Gran Malecón del Suroriente sea una realidad, ¡sí se puede!”, dijo el mandatario.

De igual manera, agregó que: “Estamos aquí en pleno suroriente de Barranquilla, estoy muy contento porque llegaron las primeras vigas. Nosotros nos posesionamos el 29 de diciembre en ese puentecito y ya están las vigas avanzadas para que esta tragedia –que tiene más de 60 años– llegue a su final. Con estas vigas vamos a lograr tapar de una vez por todas el arroyo, desde la calle 30 hasta el caño de la Auyama, y arriba de esa tapa un parque con mucho espacio para la gente”.

Y es que Char aseguró que la comunidad le reclamó seguridad en la zona, por lo que con la llegada de este nuevo espacio van a reforzar los controles policiales.

“Esto, que era un sitio al que todos le dábamos la espalda, que era un basurero a cielo abierto contaminante, se convertirá en un espacio para el disfrute de todas las familias. Estoy muy contento de que en menos de siete meses de habernos posesionado, y de haber llegado, ya estamos acá instalando las primeras vigas para que esta tragedia llegue a su final, no hay mal que dure 100 años”, precisó.

Proceso de construcción de vigas

Las vigas empleadas para este proyecto miden entre 16 y 20 metros de longitud y se construyen en talleres certificados y especializados. Previamente, estas vigas pasan por un proceso de soldadura en secciones de 8 a 10 metros con accesorios de anclaje, perforación de vigas y por último son galvanizadas en caliente para garantizar la durabilidad y la vida útil.

Reconocimiento mundial

Desde el año 2019, el Gran Malecón, de Barranquilla, ha recibido una calificación de 4.5. sobre 5, se posiciona entre el “10% de cosas que hacer más populares del mundo”, según Tripadvisor, la plataforma que recoge opiniones y calificaciones de las personas que realizan actividades turísticas.

Por medio de un comunicado de prensa, desde la administración distrital indiciaron que trabajan para este lugar sea reconocido no solo en Colombia sino en todo el mundo.

“Este reconocimiento refleja el trabajo constante que se realiza diariamente para posicionarlo como el lugar preferido por barranquilleros y visitantes, ocupando el puesto número 1 de 107 cosas por hacer en la ciudad, gracias a las acciones que se emprenden desde diferentes áreas que tienen relación con la experiencia, el servicio, agenda de actividades culturales, atracciones, espacios para toda la familia, en cada uno de los sectores y conexión con el río Magdalena”, precisaron.

Y es que de acuerdo con Tripadvisor, en total el Gran Malecón ha recibido 327 opiniones (reseñas) de visitantes, 239 valoraciones como excelente y 75 muy buenas, que se traducen en un puntaje de 4.5 sobre 5.

Sobre el atemorizante hecho ocurrido en las últimas horas, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dijo que instalar una bandera de la guerrilla hace parte de una campaña de propaganda del ELN, pero -señaló- que eso no quiere decir que haya presencia del grupo criminal en la ciudad.

“Las prácticas usuales de estos grupos armados ilegales, la colocación de banderas, de pendones, de grafitis, pretenden hacer ver una presencia que en muchas de las ocasiones en realidad no se tiene, que es más una campaña de propaganda para hacerse notar, dada la facilidad en cualquier lugar del territorio de instalar estos símbolos de esas organizaciones o hacer grafitis, que, sin embargo, no demuestran la presencia ni la acción efectiva en un territorio de estas organizaciones”, dijo el ministro Velásquez.

Por su parte el director de la Policía, el general William Salamanca, indicó que se investiga para dar con el paradero de los responsables de la instalación de dicha bandera, pero además saber si el ELN está pagando a jóvenes para que instalen dichos elementos.

“Son acciones para intimidar y la inteligencia de la Policía está verificando si hay dineros que les pagan a las personas por colocar las banderas. La ubicación de estas banderas no implica que haya una presencia como tal del ELN, pero está la inteligencia en esta tarea y su verificación”, dijo el director de la Policía, el general William Salamanca.

Hay que mencionar que en las últimas semanas se han conocido varias informaciones sobre la presencia de banderas del ELN en vía pública, en diferentes regiones del país. Estos hechos llaman la atención pues se vienen dando tras la reaparición de alias Pablito, el temido cabecilla del ELN que se daba por muerto y quien era jefe de los frentes en Norte de Santander y a quien le atribuyen ser el cerebro del atentado a la General Santander.

SEAMANA conoció que la reaparición del sanguinario jefe guerrillero se daría para fortalecer la presencia en las principales ciudades del Frente de Guerra Nacional. La experiencia criminal de Pablito, daría para ser el candidato perfecto para instruir a jóvenes para que hagan parte de la guerrilla del ELN y cometan acciones terroristas.

El pasado 17 junio Antonio García, máximo comandante del ELN, entregó conclusiones del VI Congreso de la guerrilla, y allí no pasó desapercibido para las agencias de seguridad del Estado, un video de alias Pablito.

Allí García, habló de diferentes temas, entre ellos apoyo irrestricto a la constituyente de la que ha venido hablando con insistencia el presidente Gustavo Petro, pero más allá de los temas políticos, un hecho que centró la atención de los analistas de información de las agencias de seguridad del Estado fue la presencia en los videos del ELN de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.

Por esa razón, desde la Sala Penal del alto tribunal salió una propuesta para habilitar los preacuerdos en delitos graves contra menores de edad, homicidios, lesiones personales, entre otros.

Esa propuesta que ya estuvo en poder de la Comisión de Expertos que crean la reforma a la Justicia, en un principio pronosticaba que iba a dejar en libertad a pederastas y terroristas, pero fuente del alto tribunal explicaron que el caso regresó a la nueva ministra de Justicia, quien será la encargada de volverla a presentar con puntos reales sobre los beneficios que tendrán los acusados por delitos graves

Con esta explicación, la Corte Suprema de Justicia trata de descongestionar el sistema penal acusatorio que se viene represando desde hace 20 años, y el cual consistía en llevar a cabo una parte mínima de los procesos por el sistema ordinario y la mayoría de los casos sería procedimientos abreviados, como allanamiento de cargos o preacuerdos.

Pero la prohibición de esas herramientas en ciertos delitos, como contra menores de edad, ha dejado casos que duran años en la etapa judicial y nunca dejan un fallo condenatorio, lo que se transforma en un aumento inevitable a los niveles de impunidad en el país.

Frente a esa situación, la Corte Suprema y la Fiscalía se unieron para presentar una reforma a ley 906 que podría combatir la impunidad y no otorga a los señalados de ese tipo de delitos graves beneficios como la suspensión de la condena, prisión domiciliaria o libertad condicional.

Altas fuentes del tribunal le explicaron a SEMANA que la reforma que presentaron al Gobierno, se trata de darle una rebaja mínima a quienes acepten cargos en delitos contra niños y contra la vida. Con esa estrategia, se busca que a través de preacuerdos y rebajas de pena, exista penas “inmediatas y razonables” en casos que normalmente terminan en las estadísticas de impunidad.

Uno de los objetivos principales de esa reforma es sacar del entorno social al imputado y lograr condenar a los señalados de delitos graves. Sin embargo, con el retorno de esa iniciativa al despacho del gobierno, se incumplió la primera que hizo el exministro de Justicia, Néstor Osuna, de presentar esta reforma el pasado 20 de julio.

Otra de las modificaciones importantes que lleva esta idea de la Corte Suprema sobre el sistema penal acusatorio colombiano, se basa en los principios de oportunidad, los cuales estarían generando problemas a quienes colaboran con la justicia, pues en la mayoría de ocasiones ese beneficio termina suspendido hasta que inicie la etapa de juicio.

Con la reforma a la justicia que propone la Corte Suprema y la Fiscalía, también se estaría buscando la forma de que el beneficiario de un principio de oportunidad puedas declarar de manera anticipada para que pueda brindar una colaboración real que permita destapar escándalos de corrupción o grandes estructuras de crimen.

Uno de esos casos tiene que ver con los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes acudieron a esa herramienta para poder lograr menores condenas a través de la información que suministran para poder destapar la olla de corrupción que se cocinó en la UNGRD.

• En días pares, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
• En días impares, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
• La restricción aplica en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor, este martes 23 de julio los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán pico y placa, y no podrán circular en el horario establecido.

Pueden circular los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

En cuanto a los taxis, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los que no pueden circular son el 3 y 4.

Pico y placa solidario

El pico y placa solidario es un programa que les permite a los conductores elegir la periodicidad con la que desean poder circular libremente por la ciudad sin las restricciones del pico y placa tradicional, a cambio de una “contribución solidaria”.

Los bogotanos podrán pagar para obtener un permiso que les permita transitar sin el pico y placa por un día, un mes o un semestre.

Las tarifas de estos permisos varían dependiendo de factores como el impacto ambiental del vehículo, la capacidad económica del propietario y si el automóvil está registrado en Bogotá o en otra ciudad.

Según la Alcaldía, los recursos recaudados por el pico y placa solidario se destinarán al sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Además, buscan incentivar un uso más racional del vehículo particular y promover conductas de “pilera, paciencia y prudencia” en las vías.

Las autoridades aseguran que esta medida solidaria no solo contribuye a descongestionar el tráfico, sino que también beneficia a quienes tienen menor capacidad económica y a los vehículos con menores emisiones contaminantes, al ofrecerles tarifas preferenciales.

Según las autoridades judiciales, estos casos ocurrieron en medio de una pugna entre bandas criminales por un posible ajuste de cuentas.

Uno de los casos que se registró fue en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, donde ocurrió un doble crimen y las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Nelfy Manuel Arrieta Yepes, 22 años, y Ever Enrique Sánchez Valencia, de 45 años.

Según el reporte entregado por la Policía de Barranquilla, estas personas se encontraban reunidas, cuando fueron atacados a disparos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Los criminales tras el ataque huyeron y ahora son buscados por parte de las autoridades para que respondan ante la justicia. La principal hipótesis de los investigadores de este caso es que tenga que ver con la guerra por la venta de estupefacientes, pues Sánchez Valencia se dedicaba, según la Policía, a comercializar drogas.

Dos menores de edad terminaron heridos

En el municipio de Soledad, Atlántico, dos menores de edad terminaron heridos en medio de hechos criminales aislados. El primero tuvo lugar en el barrio Ciudad Paraíso, donde fue asesinado Osvaldo José Canedo Julio, de 23 años, y un menor de 17 años de edad que se encontraba cerca recibió uno de los proyectiles que dispararon los sicarios.

Malherido, el joven fue llevado hasta un centro asistencial cercano, donde se encuentra bajo observación de los profesionales de la salud.

Y es que el segundo hecho criminal se registró en la carrera 11B con calle 51, barrio Ciudadela Metropolitana, donde asesinaron a Ennel Yoeliz Fonseca González, conocido como ‘Todo’, de 26 años.

Según la Policía, la persona asesinada se encontraba conversando con otros hombres, cuando un pistolero lo sorprendió a disparos hasta dejarlos sin vida.

En medio del ataque, un menor de 12 años de edad, que estaba cerca, terminó herido y lo trasladaron hasta un centro médico.

En Barranquilla

En el barrio La Luz, suroriente de Barranquilla, un hombre fue asesinado, cuando se encontraba en un billar de razón social Los Almendros. Se trata de Jean Carlos Cervantes Orozco, alias El Viejo, quien quedó sin vida en las afueras del lugar.

La Policía de Barranquilla dio a conocer que la víctima mortal estaba conversando por una llamada en las afueras del billar, cuando lo asesinaron.

Además, que esta persona había sido capturada en el año 2022, pues lo acusan de ser integrante de la banda Los People, quienes se dedicaban a cometer supuestos hurtos y fleteos en diferentes zonas de Barranquilla y el Atlántico.

Hasta el lugar llegaron integrantes de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía de Barranquilla, quienes asumieron las pesquisas de este nuevo hecho de sangre que ocurre en el Atlántico.

En lo que va del mes de julio han ocurrido en todo el Atlántico, 55 muertes violentas.

Tras la compleja situación de orden público, el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, aseguró que en las próximas horas llegarán más hombres de la institución militar al departamento para contrarrestar el accionar violento de los hombres de Mordisco.

Sobre el accionar violento de los brazos Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, el comandante del Ejército, el general Cardozo, dijo: “La situación en el Sinaí, Cauca, fue de confrontación entre estructuras armadas, con cinco soldados heridos. Se evacuaron tres soldados y se espera evacuar dos más. Se brinda seguridad a los pobladores amenazados por grupos armados. Se enviarán más tropas y unidades para fortalecer las operaciones en la zona”.

El Ejército confirmó además que los dos militares que faltaban por ser evacuados ya salieron de la zona y fueron trasladados a centros médicos para su respectiva valoración, aclarando que presentan heridas de gravedad.

Sin cese al fuego

Al no mostrar acciones de paz, el gobierno del presidente Gustavo Petro optó por suspender el cese al fuego que había establecido con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y mantener la tregua en las operaciones militares únicamente con los hombres de Alexander Díaz, alias Calarcá, antiguo socio de Mordisco.

De acuerdo con el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, se espera que en los próximos meses se definan unas zonas de concentración en donde estarán los 1.700 hombres de Calarcá agrupados.

“Van a estar en sectores de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander. Se deben concentrar. La mesa de diálogo que ha venido trabajando esas semanas logró llegar a ese acuerdo, que es importante, porque eso no lo hemos logrado ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo, cuando tuvimos cese al fuego con ellos”, dijo el almirante Cubides.

Agregó: “No es que vaya a haber departamentos completamente para los de Calarcá, no. Son sectores puntuales georreferenciados donde sabemos que ellos van a estar ubicados y tienen que permanecer allí”.

Así mismo, indicó el alto mando militar: “En este momento no se han definido todavía. Es parte de la mesa de diálogos y los acuerdos que vendrán de aquí para allá en estos tres meses. Por eso la importancia es que en esos tres meses tiene que haber resultados para que el cese continúe”.

Frente a la no entrega de armas que anunció Calarcá en entrevista con SEMANA, dijo el comandante de las Fuerzas Militares: “Es el pulso de fuerzas cuando estamos negociando, usted se pone duro y usted anuncia cosas como para presionar al adversario, para que baje la presión y es precisamente por eso que este individuo (Calarcá) manifiesta que no va a entregar las armas (...), si en tres meses no hay ningún avance, el cese al fuego se acaba y vuelve la contundencia de las Fuerzas Militares”.

El reconocido endocrinólogo Óscar Rosero contó en su cuenta de X cómo fue su caso, asegurando que no es algo exclusivo de la Universidad Javeriana, ya que a él, le ocurrió algo parecido en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Por ahora, la historia tiene más de 75 mil visualizaciones en la red social:

“Siempre quise estudiar en esa universidad, es pública y tenía las mejores referencias. En pregrado no pase, a pesar de mis Icfes de 353, esa era una espina que tenía. Cuando termine medicina general en la Corpas, obviamente me presente a la UIS, en el examen tuve el mejor puntaje, estaba feliz, la entrevista era solo un requisito”, contó el profesional de la salud en la red social.

De igual manera, contó que todo inició muy bien, aunque rápidamente sus sueños se desplomaron cuando empezaron los maltratos. “El día de la entrevista muy emocionado me encontré con la realidad, dos profesores y un jefe de residentes de medicina interna, muy serios ellos, empezaron la entrevista, las preguntas de rigor, de donde soy, por qué la universidad”, dijo en su cuenta personal.

“Luego vino el maltrato: Usted siendo de la Corpas, ¿por qué se vino para aquí? Si ustedes solo saben formular yerbas. ¿Su mamá es maestra, de dónde va a sacar dinero para vivir aquí? ¿Tiene computador (año 2001)?, ¿si no tiene, de dónde va a sacar dinero para comprarlo?, ¿su tío es profesor aquí, usted sabe que él es del sindicato y aquí no queremos más sindicalistas?”, contó Rosero acerca de lo vivido apenas en la entrevista.

Finalmente, relató que con todo ese contexto, él prefirió tomar distancia, no sin antes responder de la misma forma a los hostiles entrevistadores. “Intenté moderarme y contesté la primera, la segunda no aguanté y empecé a contestar también con hostilidad. Terminé la entrevista y dije: Ni loco meterme en ese nido de abusadores. Al final pusieron la nota más baja en la entrevista, aun así pase. Obvio no me fui para allá”.

Como extra, el endocrino volvió a hacer la salvedad de que estos hechos no son exclusivos de la Universidad Javeriana, sino que es un fenómeno mucho más extendido. “El tema no es solo de la Javeriana, Todas las universidades deberían tomarse en serio el tema y aprovechar la coyuntura”, finalizó en su cuenta de X, Rosero.

La advertencia de la autoridad ambiental se hace en momentos en que las precipitaciones comienzan a ser más frecuentes en algunas zonas del territorio, lo cual facilita la proliferación de la Achatina Fulica, que encuentra el hogar perfecto en antejardines, patios y solares, en andenes, zonas verdes y parques, en construcciones abandonadas, viveros, lotes deshabitados, cementerios, malecones, canales de aguas lluvia y entre los escombros, entre otros.

Desde las direcciones regionales de la CAR en Sumapaz, Gualivá, Tequendama y Alto Magdalena, donde la presencia de esta especie es mayor, se vienen realizando jornadas de sensibilización e información a la comunidad, para que con el conocimiento claro y completo de los riesgos que representa especie pongan en conocimiento de la autoridad ambiental su presencia o realicen el control y eliminación, de acuerdo con los protocolos recomendados por los técnicos.

Un gigante silencioso y peligroso

El caracol gigante africano es el molusco terrestre más grande (20 cms de alto por 30 de largo y 16 de alto) y es parte de las 100 especies más peligrosas del mundo, por la amenaza que representa para los cultivos y en general para el medio ambiente, por su capacidad reproductiva y destructiva.

Se reproduce exponencialmente, al punto en que una sola pareja puede llegar a tener unos 128 millones de individuos en un lapso de dos a dos y medio años. A esto se suma que en temporadas secas el caracol se esconde bajo la tierra buscando humedad y vuelve a salir en tiempo de lluvia.

Se alimenta de todo tipo de plantas y follaje por lo que puede echar a perder cultivos y jardines y el riesgo se extiende a la salud humana, pues este molusco también se alimenta de materia fecal animal y humana por lo que hospeda diversos agentes patógenos, infecciosos que al contacto con su caparazón o con la baba pueden ocasionar enfermedades como la meningitis eosinofílica (es decir que destruye las células que ayudan a mantener defensas en el cuerpo).

En la jurisdicción de la CAR, dada la variedad de pisos térmicos y climas y la alta riqueza florística, el caracol africano encontró las condiciones ideales. Recientes investigaciones apuntan a identificar que la entrada al país de esta especie se produjo hace cerca de dos décadas por vía terrestre, en transportes de carga, a través de los ríos o por el intercambio de material vegetal entre viveros.

La CAR ha identificado la presencia de caracol africano en 38 de sus municipios, siendo la región más afectada la del Alto Magdalena, así como Sumapaz, Tequendama y la zona de Gualivá, frente a lo cual se vienen implementando las acciones definidas en el Plan de Prevención, Control y Manejo.

Recientemente, un equipo de investigadores de la CAR realizó un estudio de caracterización de los hábitats para su posterior captura y análisis en laboratorio con el fin de determinar qué peligros representan tanto para el ambiente como para las personas, teniendo en cuenta que los registros apuntan más a entornos urbanos y suburbanos que a las zonas rurales.

Con el resultado de la información primaria se identificaron 36 tipos de bacterias, 7 tipos de parásitos y al menos 12 especies de hongos, lo cual representa un alto riesgo para los recursos naturales y desde luego, para la salud de las personas.

Mediante talleres y charlas, la entidad informa a la comunidad qué hacer en caso de encontrar caracol africano en sus predios o casas y de qué manera puede eliminarlo y disponerlo de tal forma que no genere riesgos para la salud ni para el ambiente.

Desde la Plazoleta de Lourdes, el Alcalde Mayor indicó que “esta acción es parte del esfuerzo que estamos haciendo para mejorar la movilidad en el marco de las obras del metro de Bogotá, que tiene ya frentes de obra que iniciaron en la Avenida Caracas. Esto va a tener obviamente una afectación en la movilidad de todo este corredor oriental de Bogotá”.

El mandatario capitalino dijo igualmente que “creemos que es fundamental poner orden en las vías alternas a la Caracas para garantizar, que la ciudad se siga moviendo en ese sentido. Consideramos que esta figura va a permitir mejorar la movilidad del transporte público por la vía y va a ayudar a mitigar el impacto que tiene la construcción del Metro”.

La operación del nuevo carril preferencial en este sector de Bogotá permitirá ordenar el tráfico vehicular, mejorar la seguridad de los diferentes actores viales y optimizar los tiempos de viaje de los usuarios de transporte público en el corredor de la carrera 13, en el cual se desplazan 54 rutas. Actualmente, este corredor cuenta con 43 paraderos.

La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que “a partir de hoy y hasta el 7 de agosto estaremos con un despliegue de cultura ciudadana en el sector, informando a los diferentes usuarios, residentes, comerciantes y a las diferentes instituciones educativas que tenemos aquí. El 28 de julio se inicia con comparendos pedagógicos y a partir del 22 de agosto se impondrán comparendos sancionatorios. El valor de la multa es de $572.600″.

Este carril preferencial ayudará a mitigar el impacto que pueden generar los cierres de las estaciones de TransMilenio y los carriles para vehículos particulares, por las obras que se adelantan en la Avenida Caracas por la Línea 1 del Metro.

Con esta medida, se prevé beneficiar a más de 60.000 usuarios del componente zonal del SITP, que realizan cerca de 127.000 viajes al día en este corredor. Las rutas del SITP que circulan por la carrera 13 conectan principalmente a los habitantes de las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero y Santa Fe.

Los carriles preferenciales son aquellos ubicados en el costado derecho de la vía, de uso preferencial para los vehículos del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP y los buses de transporte público intermunicipal de corta distancia que cuenten con paraderos especiales para ese servicio.

El correo que está bloqueado es J01prctopcolombia@cendoj.ramajudicial.gov.co, donde había contactos y otras informaciones de carácter reservado. Ahora, están en poder de delincuentes.

Este medio de comunicación dialogó con una fuente ligada al caso, quien aseguró que todo ocurrió por un descuido por parte de uno de los trabajadores de ese juzgado.

“Lo que sabemos hasta el momento es que se perdieron todos los contactos del juzgado, los datos de las plataformas como Life Size y One Drive. Y es que lo más grave es que durante el fin de semana utilizaron la cuenta para enviar por lo menos 60 direcciones electrónicas para así robar información”, precisaron.

De igual manera, la fuente indicó que ya el correo lograron bloquearlo, pero abundante la información que lograron obtener los delincuentes.

“Una persona que labora en el juzgado no tuvo en cuenta las precauciones de seguridad. Al correo del juzgado llegó un mensaje en el que pedían colocar contraseñas así como otros datos, la persona lo introdujo y así lograron ingresar a nuestro sistema”, explicó la fuente a SEMANA.

Tras lo ocurrido, desde el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia, Atlántico, alertaron a las autoridades como la Fiscalía General de la Nación, Comisión de Disciplina Judicial, la Procuraduría General y al Consejo Superior de la Judicatura.

“Ya todo lo alertaron desde el juzgado afectado e incluso hay una denuncia penal, pero lo que pasó es sumamente grave porque así como ocurrió en Puerto Colombia puede ocurrir en otros juzgados del Atlántico o del país. Aquí fue claro que una de las personas que labora en el lugar no tuvo en cuenta las recomendaciones de seguridad y este es el lamentable resultado”, puntualizó la fuente.

Ahora, será la Fiscalía la que investigue lo ocurrido para poder dar con los responsables de este caso que tiene que ver con delitos informáticos.

¿Cómo castiga Colombia los delitos informáticos?

En nuestro país, los delitos informáticos los regula Ley 1273 de 2009, que es conocida como la Ley de los Delitos Informáticos, pues define y sanciona una serie de conductas que afectas a los sistemas informáticos.

A continuación, les contamos cómo se clasifican los delitos informáticos en Colombia:

Acceso abusivo a un sistema informático: se castiga con pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de 50 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Uso de software malicioso: pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de 50 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Violación de datos personales: pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Daño informático: pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de 50 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fraude informático: pena de prisión de 48 a 120 meses y multa de 50 a 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la decisión tomada por el juez de conocimiento se determinó que se superaron, por mucho, los tiempos establecidos por la ley para el inicio del juicio contra el exfuncionario, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y peculado por uso.

Rodríguez, quien ya fue citado a juicio, deberá responder ahora en libertad por presuntamente conformar una “sociedad criminal” con Manuel Antonio Castañeda, más conocido como el ‘narcochofer’, para traficar estupefacientes usando vehículos blindados; así como el trasladado, como si de una plataforma de transporte se tratara, de cantantes vallenatos que no tenían ningún riesgo ni esquema de seguridad.

La Fiscalía General mencionó entonces subdirector de la UNP tenía la función de “controlar, disponer y coordinar las asignaciones de los vehículos de custodia de la UNP, sin dejar registro alguno dentro de la entidad, aprovechando dicha condición para pasar desapercibido en los retenes de las carreteras”.

El primero de los eventos, según reza el escrito de acusación, ocurrió el 10 de diciembre de 2022. Ese día las autoridades capturaron a Manuel Castañeda en el departamento de Cauca, al encontrar 168 kilos de cocaína empacados dentro del vehículo en varios paquetes. Este carro pertenecía, según el ente acusador, al esquema de seguridad del exsubdirector. “Usted actuó dolosamente porque conocía que aportaba el vehículo asignado a su esquema de seguridad para transportar cocaína”, explicó la Fiscalía durante la imputación.

El primer hecho se habría registrado el 6 de junio de 2022, cuando movilizaron en una camioneta de la UNP 20 kilos de cocaína, desde el municipio de La Plata, Huila. Utilizando el mismo modus operandi, movilizaron en otro vehículo 150 kilos de cocaína. Meses después, según fuentes humanas, se cargó la camioneta asignada al mismo Rodríguez Rozo para escoltar un camión cargado con una tonelada de marihuana.

En diciembre de 2022 se presentó el suceso que dejó al descubierto la organización. En las vías de Caloto, Cauca, fue retenida la camioneta adscrita a Rodríguez, cargada con 150 kilos de cocaína. “Para realizar estas conductas dentro de la organización criminal, le correspondía a usted, señor Ronald Rodríguez Rozo, aportar el medio de transporte, lo cual realizaba aprovechando su condición de funcionario público de la UNP. Igualmente, se tiene que usted tenía la plena disponibilidad del parque automotor por su cargo”, detalló el fiscal del caso.

Rodríguez Rozo, quien fue detenido en su apartamento en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, se declaró inocente de estos hechos. En la diligencia judicial se indicó que durante el allanamiento a su vivienda le encontraron 60 millones de pesos en efectivo en una caja fuerte. Este dinero, del cual se pidió que pase a cadena de custodia, sería parte de las actividades delictivas que ejecutó.

Igualmente, fue señalado de “arrendar” los vehículos blindados de la UNP para movilizar a cantantes vallenatos que, por obvias razones, no contaban con las condiciones de riesgo de líderes sociales y dirigentes políticos.

“En las conversaciones que tiene Ronald Rodríguez con el señor Manuel Castañeda sobre el préstamo de los vehículos para el traslado de los artistas y el cambio de los vehículos a personas que se encuentran con esquema de seguridad asignado, esta información se da por la extracción”, precisó la fiscal.

La investigación fue adelantada por el contralor de Cali, Pedro Antonio Ordónez, quien habló en exclusiva con SEMANA. “Hemos cerrado un ejercicio de control fiscal y encontramos 15 hallazgos administrativos, todos con incidencia disciplinaria, otro con incidencia penal, y siete de ellos los calificamos con un detrimento patrimonial por más de 43 mil millones de pesos”.

Este proceso incluyó la revisión de los procedimientos administrativos y legales relacionados con la gestión de cartera, cobro coactivo, y la recuperación de deudas. Se aplicaron pruebas de auditoría detalladas para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y se examinaron los controles internos y los riesgos asociados para determinar la eficacia y eficiencia de los procesos y procedimientos empleados en la recuperación y recaudo de la cartera.

En este sentido, se logró determinar que, durante 2023, Emcali enfrentó múltiples problemas administrativos y legales en el manejo de su cartera vencida, lo que resultó en pérdidas significativas y presuntas irregularidades.

“Este detrimento corresponde a la gestión de cartera. Emcali presta unos servicios y para hacerlo debe hacer la gestión de cobro, nosotros hicimos una auditoría a esta actividad en Emcali para la vigencia 2023 y encontramos mucha irregularidad en esta actividad gerencial, como por ejemplo, las cuentas no cobradas a los usuarios, preescribir cuentas sin los debidos soportes, no adelantar la gestión del cobro persuasivo y coactivo, o liquidar mal los impuestos sin los soportes de intereses de mora”, precisó el contralor Ordóñez.

El manejo irregular de las cuentas de Emcali, especialmente en lo que respecta a las cuentas no cobradas a los usuarios debido a prácticas y políticas deficientes, es de especial preocupación para el ente de control. Se destacan acciones como la prescripción de deudas de suscriptores morosos sin los debidos soportes y descuentos en intereses moratorios que carecen de justificación. Además, se han realizado descuentos sin acuerdos de pago previos. Lo más alarmante de esta situación es la ausencia de actos administrativos por parte de los Comités y Subcomités de Cartera y Recaudo, lo cual viola no solo la ley sino además las normas que rigen al interior de la entidad.

Los hallazgos

Manejo Inadecuado de la Cartera de Utilities y Telecomunicaciones: se evidenció que Emcali no cumplió con los requisitos legales y administrativos necesarios en el proceso de saneamiento de la cartera de servicios de utilities (energía, acueducto y alcantarillado) y telecomunicaciones (telefonía e internet). Las resoluciones emitidas carecían de detalles cruciales como análisis financiero, identificación de deudores y autorización adecuada para aplicar medidas como la prescripción y el castigo de deudas. Esto resultó en un manejo generalizado y no específico, poniendo en riesgo la validez de estas acciones.

Falta de Control y Autorización en Descuentos de Recargos por Mora: Emcali aplicó descuentos por mora sin la emisión de los actos administrativos requeridos ni la debida justificación. Esta práctica no solo incumplió con los principios de transparencia y legalidad sino que también causó un detrimento económico significativo a la empresa.

Ineficiencia en la Gestión de Cobro de Cartera Vencida: se observó una gestión ineficaz en el cobro de deudas, lo que llevó a la prescripción y pérdida de la posibilidad de recuperar montos significativos adeudados a Emcali. La falta de iniciativas de cobro coactivo o judicial en tiempos adecuados resultó en pérdidas financieras importantes.

Saneamiento Inadecuado sin Cumplir Requisitos Legales: se realizaron saneamientos de cartera sin cumplir con los requisitos legales, sin expedición de acto administrativo apropiado ni la autorización necesaria. Estas acciones no solo representaron un manejo ineficiente y antieconómico sino que también pudieron haber beneficiado indebidamente a terceros a expensas del patrimonio público.

En total, estos problemas administrativos y de control internos han causado un detrimento patrimonial por $43.268.387.650, levantando preocupaciones sobre la integridad de los procesos internos de dicha entidad.

El contralor puntualizó que estos ejercicios de control corresponden al año 2023, porque antes la entidad distrital no tenía potestad para investigar a Emcali. “Tengo que indicar que para los años 2022, 2021 e incluso 2020 la responsabilidad de control fiscal, respecto a Emcali, era exclusivamente de la Contraloría General de la República, por tanto nosotros no podíamos intervenir en Emcali dado que era potestad de la Contraloría General”.

En su cuenta de X, Polo Polo manifestó que está dispuesto a presentarse ante el alto tribunal en compañía de su abogado. “Siempre honro y respeto a la justicia y siempre he caminado a la verticalidad y la legalidad”.

A la opinión pública le informo que me acabo de enterar por mi abogado @JhonatanPelaezS que la corte acaba de emitir una orden de conducción hacia mi persona. Le informo a la @CorteSupremaJ que ya me dispongo a asistir a la diligencia. Siempre honro y respeto a la justicia y…

— MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) July 22, 2024

La Sala de Instrucción que lleva el caso informó: “La citación estaba notificada para hoy a las nueve de la mañana (...). Polo Polo no asistió a la citación y el magistrado instructor ordenó su conducción”.

El caso arrancó cuando el hoy director de Prosperidad Social instauró ante la Corte Suprema de Justicia una querella contra el congresista de la circunscripción especial afro, por los delitos de injuria y calumnia, luego de que lo vinculó con el suicidio de dos de sus trabajadores y el financiamiento de la primera línea.

En ese momento, la Corte Suprema de Justicia confirmó que “la Sala abrió esta investigación al estudiar una denuncia que hizo en su contra el exsenador Gustavo Bolívar por un tuit en el que el congresista Polo Polo lo relaciona, supuestamente, con dos suicidios de extrabajadores del senador, el financiamiento de la primera línea, entre otros hechos”.

Y es que el caso arrancó el pasado 23 de agosto, cuando el representante a la Cámara hizo serias acusaciones contra Bolívar en la red social X, cuando este era candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En sus redes sociales, asegúro: “Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes –endeudados con el banco– se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista´ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”.

La citación a indagatoria para que Polo Polo resolviera la querella que le impuso Bolívar se conoció desde el pasado mes de mayo, pero hasta el momento no se sabe por qué no asistió a la Sala de Instrucción, y al magistrado Héctor Javier Alarcón, quien lleva el caso, le tocó conducirlo de manera obligatoria para que se presentara en la diligencia.

En un intento previo de conciliación en septiembre pasado, Polo Polo y Bolívar no lograron llegar a un acuerdo. Bolívar se negó a aceptar, argumentando que Polo Polo lo había acusado de financiar actividades delictivas y asesinar niños, desafiando al representante a la Cámara a presentar pruebas que respaldaran estas afirmaciones.

Para ese momento, Bolívar indicó: “El representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebés y, por eso, yo lo traje a la Corte Suprema para que muestre la pruebas, el juez le dio una semana para presentar esto y, si no las encuentra, le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”.

En este momento, ese estudio de celdas es determinante en el escándalo que tiene contra las cuerdas al gobierno de Gustavo Petro: el de la UNGRD. La justicia le pidió a Claro compartir las sábanas de tráfico de datos de la línea celular de Sandra Ortiz, la entonces alta consejera para las regiones.

La exfuncionaria es señalada de haber sido la persona encargada de recibir la millonaria suma que iba de esa entidad al entonces presidente del Senado, Iván Name. Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla han confirmado que a ella le entregaron 3.000 millones de pesos con el fin de aceitar las reformas del gobierno en el Congreso.

El encargado de llevar ese dinero fue Sneyder Pinilla. El exsubdirector de la UNGRD narró en una entrevista con SEMANA cómo le pasó esa suma. “La plata me la entregan en efectivo, y yo se la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name”. Es decir, a Sandra Ortiz. “Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando. Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo, porque no subo a hacer la entrega directamente a Name. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name) para informarle que todo ya estaba listo”.

En su interrogatorio ante la Fiscalía, Olmedo López, quien era el jefe de Pinilla, entregó más detalles de cómo se hizo esa vuelta. El exfuncionario además aportó los chats que intercambió con Ortiz. Las imágenes son del 11 de octubre de 2023, un día antes de que se diera la entrega. La consejera estaba desesperaba y comenzó a marcarle de manera insistente: a las 9:02 a. m., a las 9:26 a. m., a las 9:28 a. m., a las 10:21 a. m., a las 10:23 a. m., a las 10:47 a. m. y a la 1:22 p. m.

La presión solo cesó cuando finalmente, según ellos, se dio la entrega de la plata en el Tequendama Suites, en donde vivía Ortíz y que fue pagado por el poderoso Dapre, liderado en su momento por Carlos Ramón González.

Ortiz siempre ha dicho que ella no recibió esa plata y que, por supuesto, tampoco se la llevó a Name. Pero su celular la compromete.

“Una vez exportados los registros, se revisó y verificó a través de la herramienta filtro los eventos entre las celdas de tráfico de datos identificadas con las variables fecha y hora de origen, dirección y coordenadas geográficas con latitud y longitud, con el fin de realizar ubicación en el software SIC Google Earth Pro”, señala el reporte judicial sobre esa prueba.

El 12 de octubre, las celdas de su celular muestran que efectivamente ella estuvo en el Tequendama Suites y luego en el norte de Bogotá, exactamente en el sector de la residencia del presidente del Senado, Iván Name.

Los investigadores judiciales acudieron con esta información a la Superintendencia de Notariado y Registro. Y allí encontraron que en el punto al que fue Sandra Ortiz, el presidente del Senado, Iván Name, tiene un apartamento registrado a su nombre. La misma información la confirma el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Además de esto, una serie de chats que aparecen los informes forenses reconstruyen, cronológicamente, el relato de Pinilla y López. Allí hablan de las reuniones, de los puntos de encuentro, de la urgencia de obtener los recursos y lo que tanto se esfuerzan en rechazar Name, Calle y Ortiz.

En el caso de Sandra Ortiz, también están las facturas que pagó la Presidencia de la República por sus constantes estadías en el Tequendama se convierten en una evidencia difícil de negar. Ella rechazó los señalamientos, negó las reuniones y advirtió que se trataba de “afirmaciones calumniosas”, pero su celular terminó por ubicarla en los sitios que la incriminan.

Igualmente, con el pasar de los días se siguen revelando nuevos detalles con respecto a este lamentable caso, el cual ha causado bastante consternación en el país. Asimismo, se conoció hace poco la última carta que dejó la joven antes de morir.

El mensaje, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, fue escrito a mano por la misma residente, quien quiso despedirse de esa manera de sus colegas, de los que señaló que aprendió algo de cada uno y les deseó mucho ánimo.

“A todos los residentes, gracias. De cada uno me llevo muchas enseñanzas. Siempre los llevaré en mi corazón, ¡ustedes sí pueden! Ánimo”, fue el pequeño texto que la joven escribió, provocando todo tipo de reacciones y comentarios.

Incluso, otros residentes de la misma facultad han decidido romper el silencio y hablaron este fin de semana sobre las “malas” prácticas internas de algunos docentes. Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos Jaramillo, reconocido médico colombiano.

El profesional de la salud manifestó en las redes sociales que la pasó tan mal en esos años de estudiante, que decidió no continuar, puesto que los maltratos y abusos que tuvo que vivir fueron demasiado fuertes.

“Es demasiado aterrador. No es solamente un estudiante. En honor a ella (Catalina) hago este video, en honor a ella cuento cómo esa gente acaba con los sueños de una persona, cómo esa gente los hace sistemáticamente”, expresó el doctor, visiblemente afectado.

Luego, sentenció: “Esto ocurrió en las narices de ellos, por culpa de ellos, ellos permiten, lo hacen, pertenecen a esta escala. Es algo que viene siendo así desde hace muchos años. Siempre ha sido normal que a los residentes los maltraten, los atropellen, los acaben. Como te dicen a ti desde el primer día: ‘Hermano. Esto es un tema de aguantar’”.

¿Qué dijo la Universidad Javeriana?

Frente al impacto que tuvo el doloroso deceso de la residente de medicina, la Universidad Javeriana de Bogotá se pronunció este domingo, 21 de julio, por medio de un comunicado de prensa en el que expresó sus condolencias a la “familia, amigos, compañeros y profesores” de la joven que perdió la vida.

El centro educativo precisó que revisará e indagará con respecto la existencia de situaciones que no estén en línea con su modo de proceder. Asimismo, anunció que tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el bienestar de todos los estudiantes.

“Sabemos que la formación médica es retadora y desafiante, y que en algunos casos implica mucho estrés y presión por las responsabilidades que conlleva, por ello, escucharemos y revisaremos todo lo que la comunidad pueda aportar y sugerir para seguir implementando todas las medidas que correspondan como Facultad y como Universidad”, concluyó en el documento.

La Corte Suprema de Justicia detalló que el representante a la Cámara fue citado a una diligencia de indagatoria en un proceso que se adelanta en su contra por el presunto delito de injuria, por parte del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

La Sala de Instrucción que lleva el caso informó que “la citación estaba notificada para hoy a las nueve de la mañana (...) Polo Polo no asistió a la citación, y el magistrado instructor ordenó su conducción”.

El caso arrancó cuando el hoy director de Prosperidad Social instauró ante la Corte Suprema de Justicia una querella contra el congresista de la circunscripción especial afro, por los delitos de injuria y calumnia, luego de que lo vinculó con el suicidio de dos de sus trabajadores y el financiamiento de la primera línea.

En ese momento, la Corte Suprema de Justicia confirmó que “la Sala abrió esta investigación al estudiar una denuncia que hizo en su contra el exsenador Gustavo Bolívar por un tuit en el que el congresista Polo Polo lo relaciona, supuestamente, con dos suicidios de extrabajadores del senador, el financiamiento de la primera línea, entre otros hechos”.

Y es que el caso arrancó el pasado 23 de agosto, cuando el representante a la Cámara hizo serias acusaciones contra Bolívar en la red social X, cuando este era candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En sus redes sociales, asegúro que “Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista’ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”.

La citación a indagatoria para que Polo Polo resolviera la querella que le impuso Bolívar se conoció desde el pasado mes de mayo, pero hasta el momento no se conoce por qué no asistió a la Sala de Instrucción y al magistrado Héctor Javier Alarcón, quien lleva el caso, le tocó conducirlo de manera obligatoria para que se presente en la diligencia.

En un intento previo de conciliación en septiembre pasado, Polo Polo y Bolívar no lograron llegar a un acuerdo. Bolívar se negó a aceptar, argumentando que Polo Polo lo había acusado de financiar actividades delictivas y asesinar niños, desafiando al representante a la Cámara a presentar pruebas que respaldaran estas afirmaciones.

Para ese momento, Bolívar indicó que “el representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebés y, por eso, yo lo traje a la Corte Suprema para que muestre las pruebas. El juez le dio una semana para presentar esto y, si no las encuentra, le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”.

De acuerdo con las autoridades, se trata de alias Ratón, quien tiene antecedentes por múltiples asesinatos, hurtos, lesiones personas y tráfico de estupefacientes. “A través de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante diligencia de registro de allanamiento, lograron la captura de Anthony López por los delitos de porte ilegal de armas de fuego en jurisdicción del barrio Bastidas”, señaló el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Santa Marta.

El alto oficial subrayó que l momento de consultar antecedentes a alias Ratón se logró constatar la vigencia de una orden judicial por el delito de homicidio con circunstancia de agravación en hechos ocurridos en el sector del barrio Pescadito en el año 2021.

“Esta persona llevaría una trayectoria de más de cinco años al servicio de la estructura delincuencial Clan del Golfo, Anthony también sería el presunto responsable de tres homicidios ocurridos en los barrios Bastidas, Juan XXIII, Ondas del Caribe y presentaba antecedentes por hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes”, agregó el coronel Bernal.

Asimismo, precisó que en las diligencias de allanamiento se encontraron tres armas de fuego, dos proveedores de pistola, seis cartuchos calibre 38 y tres radios de comunicación. Esta persona figuraba en el cartel de los más buscados de la Gobernación del Magdalena y por información que permitiera dar con su paradero se ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de pesos.

Frente a esto, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, escribió en su cuenta de X: “Me confirman las autoridades que en las últimas horas se logró la afectación a la estructura David Meza Peña del Clan del Golfo con la captura, por orden judicial, de alias Ratón, uno de los más buscados en Santa Marta y quien se presume es el responsable de tres homicidios ocurridos en los barrios Bastidas, Juan XIII y Ondas del Caribe. Gracias al trabajo articulado con Fiscalía y Policía se ven los resultados”.

Escuche la entrevista con Vicky Dávila

Desde que se conoció su deceso, decenas de médicos han salido a narrar su propia historia. Uno de ellos es el destacado médico Carlos Jaramillo, uno de los más reconocidos del país. En entrevista con SEMANA, el doctor hizo una cruda narración del dolor que vivió en su residencia de cirugía en la Javeriana, al punto que decidió renunciar. Estas son sus frases más impactantes.

1. “ Siempre ha sido normal que a los residentes los maltratan”

El reconocido médico dijo que según la experiencia que él vivió, los maltratos dentro de los centros médicos son normal en el ambiente hospitalario. “Es demasiado aterrador. No es solamente un estudiante. Esto no es que “ay, pobrecita la maltrataron solo a ella y ya”. Es algo que viene siendo así desde hace muchos años. Siempre ha sido normal que a los residentes los maltratan, los atropellan, los acaban. Como te dicen a ti desde el primer día: “Hermano. Esto es un tema de aguantar”, dijo en diálogo con SEMANA.

2. “Un profesor me llamó a pedirme perdón”

De igual manera, Jaramillo contó que él se retiró de la residencia de cirugía de la Universidad Javeriana por los malos tratos recibidos y las presiones de las cuales era víctima en su momento, algo que si bien dudó en su momento, califica que es la mejor decisión que ha tomado en su vida.

“Hace como año y medio tuve un profesor que me llamó a pedirme perdón por todo lo que me había maltratado. Y luego, me pidió ayuda porque estaba mamado de la cirugía y quería dedicarse a hacer algo como lo que yo hago hoy en día”, dijo el profesional de la salud a SEMANA.

3. “Me empezaron a tratar con xenofobia”

Carlos Jaramillo contó que a pesar de tener una gran hoja de vida tras estudiar medicina en la Universidad de la Sabana y haber continuado con sus estudios en Estados Unidos, recibió el rechazo de sus compañeros en la Universidad Javeriana al entrar en la residencia solo por venir de otra institución educativa y no de la misma del Hospital San Ignacio.

“El primer impacto para mí, fue que me empezaron a tratar con xenofobia. Sí, xenofobia por no ser Javeriano. Decían que mi plaza ya se la habían prometido a otro que se quedó sin estudiar por mí. Era de frente. Me decían “el de la Sabana”. El maltrato en una residencia comienza cuando uno llega”, contó Jaramillo.

4. “No tienes hora de salida”

Sobre los horarios que se manejan en las residencias médicas de las universidades, en este caso del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, Carlos Jaramillo también criticó el cómo los horarios son sumamente difíciles y poco definidos para todos los que viven en dicha profesión.

“Hay que llegar allá todos los días a las 5:30 de la mañana, no tienes hora de salida, pero nunca es antes de las 6: p. m., y cada cuatro días, debes pasar toda la noche. Eso es lo que se llama quedarse de turno. Eso es lo normal. Llegas a las 5:00, porque a las 6:00 empiezas a pasar revista y a las 7:00 ya empiezas a operar o a estar en urgencias”, narró el médico.

“Piensen como se sienten después de una noche de no haber dormido. Imagínense cómo se toma una decisión sobre la vida de una persona y cómo son tus habilidades después de llevar 36 horas sin dormir, de manera repetida por dos años. Uno entra con toda la ilusión de este mundo, después de haber sido elegido por encima de una multitud, pero son cuatro años en los que te dicen todo el tiempo que eres lo peor que ha existido”, dijo sobre cómo hizo para soportar todas estas situaciones.

5. “Llegaban borrachos al turno”

Finalmente, Jaramillo tuvo suficiente y pasó su carta de renuncia a la Universidad Javeriana luego de una experiencia negativa que lo marcó a él y lo hizo dejar de lado cualquier sueño por ser médico residente. Pero que además, según cuenta a SEMANA, también demuestra el pesado ambiente que se vive en los recintos.

“Yo tenía que ponerle a un paciente un catéter central. Llamé al profesor y le dije necesito subir al paciente que sale de cirugía para poner ese catéter. Nos vemos allá. Él se quedó dormido. Cuando llegó, yo ya había puesto el catéter, porque, si no, el paciente se me moría. El cirujano me dijo que los próximos fines de semana que yo no tuviera turno iba a tener un turno de castigo por haber desacatado la orden de haberlo esperado. Es decir, para él era más importante que yo había desacatado la orden que atender un paciente que se estaba muriendo y que se iba a morir si yo no lo intervenía porque él se quedó dormido”, contó.

Pero además, asegura que dichos episodios eran más comunes de lo que se podría pensar en principio. “Vi profesores que llegaban borrachos al turno y nos dejaban a los residentes operando solos. Llegaban con tufo y decían que no los levantaran a menos de que llegara una persona herida por un helicóptero. Ese era el chiste”, dijo el médico.

6. “Es como un gallinero. Las gallinas de arriba cagan en las de abajo”

Así mismo, narró que son los mismos residentes que llevan más años dentro de la institución son los que maltratan en primer lugar a los que recién ingresan a trabajar dentro de las residencias, pero es un ciclo que se perpetúa, ya que estos son maltratados por sus superiores, y así sucesivamente en todo el recinto de salud.

“Ellos son los primeros maltratadores, junto con los profesores, porque a ellos mismos los maltrataron. Eso es como un gallinero. Haz de cuenta que las gallinas de arriba cagan en las de abajo y las de arriba a las de abajo. Y las de abajo cagan en las de más abajo. Todos los que ya fueron maltratados se sienten en capacidad de maltratar”.

7. “Me pegaban con las pinzas de acero”

Sobre si el maltrato era directo o más indirecto, Jaramillo no dudo en contar su experiencia y cómo los tratos se volvían directas agresiones físicas por cosas tan simples como ser zurdo, algo que está mal visto para los cirujanos más experimentados.

“Era más directo, de frente. Pero también había formas indirectas de hacer presión y ejercer una presión muy fuerte. Entonces, por ejemplo, maltrato directo es que le peguen en las manos por operar con la mano izquierda porque eres zurdo. Yo soy zurdo y me pegaban en las manos. Me pegaban con las pinzas de acero cuando estaba operando. Y me decían: “opere con la derecha”. Eso va en detrimento del paciente”, narró Jaramillo a SEMANA.

8. “Me advirtieron, además, que iba a tener grandes repercusiones”

Jaramillo contó que cuando pasó su carta de renuncia, el director del programa lo llamó a reclamarle por su salida de la residencia, a la cual aseguraron que no entendían las razones a pesar de los maltratos, además de tratarlo de malagradecido y amenazarlo con que la decisión iba a afectarle su vida por abandonar el recinto de salud.

“Cuando yo pasé mi carta de renuncia a la residencia, me llamó al otro día el que era en ese momento el director del programa a decirme que yo era malagradecido. Que ellos me habían recibido sin ser javeriano, y que no entendían por qué yo estaba tomando esa decisión. Me advirtieron, además, que iba a tener grandes repercusiones en mi vida. También me preguntaron si iba a dejar tirado el turno de la noche y me reprocharon que si era consciente de que estaba dejando a mis compañeros clavados. Es decir, yo era un irresponsable porque tenía turno esa noche”, dijo a SEMANA.

9. “Les pasan el codo para sentir los senos de ellas”

Sobre las mujeres, el médico también dice que el acoso sexual es bastante común. “Pero también cosas como las estrategias de coqueteo de algunos maltratadores con las estudiantes. Las tratan mal para que los odien tanto que después a la más mínima atención los aman. Profesores que se les paran detrás a las estudiantes mientras están operando, y les rozan las nalgas. O les pasan el codo para sentir los senos de ellas. Es asqueroso”.

10. “Lo clavan con el argumento de que “detrás suyo hay 200 personas más”

Sobre por qué no hay una legislación que los proteja, Jaramillo asegura que sí existe, pero en las residencias se olvida totalmente a propósito por los líderes del centro médico.

Hay una ley firmada por el presidente Santos que establece los horarios y la cantidad de horas y todo que puede trabajar un residente. Les tiene sin cuidado. A uno lo clavan con el argumento de que “detrás suyo hay 200 personas más que se quedaron por fuera y que darían la vida por estar aquí y ninguno de ellos se va a quejar”. A eso se suma que los médicos son los únicos que son terriblemente duros con sus colegas. Yo no he visto nunca a los abogados ni a los diseñadores cascándoles a otros abogados o a otros diseñadores.

Hizo un nuevo pronunciamiento en esta ocasión fue el Ministro De Defensa Iván Velázquez quien le pidió celeridad a la fiscalía General de la nación en las investigaciones para establecer responsables en este caso de corrupción en la entidad del Estado.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le respondió a Olmedo López por la presunta financiación al ELN, tras el escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo. El ministro dijo: “el Gobierno no está financiando al ELN”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/OnA7vU9kFw

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 22, 2024

Las declaraciones del Ministro Velásquez se dieron en relación a lo afirmado recientemente por Olmedo ante la Corte Suprema de Justicia en donde aseguró que el gobierno nacional tendría planeado financiar a la guerrilla del ELN a través de algunos convenios hechos que se tendrían proyectados en el departamento de Arauca.

Sobre dichas afirmaciones de Olmedo López, el Ministro De Defensa Iván Velázquez, aseguró que el gobierno nacional no está financiando al ELN y que si se hubiera dado una situación de estas habría sido al margen de la ley y sin autorización de funcionarios del Estado.

“El gobierno no está financiando al ELN, de manera que no hay desde el gobierno ninguna disposición ni intención ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal”, dijo el ministro Velásquez.

Agregó que: “lo que ha dicho el señor Olmedo López acerca de una intención que se tendría para celebrar convenios o contratos con partes interesadas desde ese grupo ilegal es una acción, en el evento que hubiera ocurrido sin instrucción del gobierno, sin participación del gobierno”.

Así mismo el ministro le pidió celeridad a la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones en este grave caso de corrupción nacional. “Tiene que ser en todo caso objeto de demostraciones, es lo que pedimos además en general, con todo lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la respuesta pronta mientras más rápida, mucho mejor para el país de parte de la Fiscalía General de la Nación”, añadió.

El expediente

Un informe forense que conoció SEMANA con la cronología exacta de todo este escándalo, advierte cómo los tres personajes coincidieron en este restaurante para concretar los detalles de ese millonario contrato, también que Olmedo López se conociera, personalmente, con el contratista, y de paso celebrarle el cumpleaños al entonces director.

Hay que mencionar que SEMANA reveló la peligrosa libreta que buscaba el ELN en el lío de la UNGRD y que aterra a Olmedo López. En el interrogatorio ante la Fiscalía, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, planteó la relación entre los contratos en Arauca y ese grupo armado ilegal.

“Muchas de las obras que se hacen en el departamento de Arauca, necesariamente, deben contar con la bendición o la orden para su ejecución del ELN”, dijo López ante las autoridades judiciales competentes.

“Veníamos de unos paros en la región de Arauca, donde la UNGRD tuvo que participar, donde era clara la influencia guerrillera en ese paro y lo que nos quedaba claro era que las obras en Arauca se hacían si el ELN decía. Si no había permiso del ELN, no se hacía”, reveló López.

Sin embargo, se conoció una sentencia donde resulta salpicado Aroch Mugrabi. Se trata del documento condenatorio del exsenador Luis Alfredo Ramos donde un testigo afirma que el empresario habría sido enlace entre el Bloque Centauros de las Autodefensas y Ramos para, supuestamente, suministrarle recursos para sus campañas.

El testimonio está consignado en la sentencia SP1243-2022 Radicación No. 60511 de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Gerson Chaverra donde deja en firme la condena contra el expresidente del Congreso Luis Alfredo Ramos.

El testigo se llama Andrés de Jesús Vélez, quien participaba en la estructura criminal de Miguel Arroyabe, en el bloque Centauros. “Cuando él (Miguel Arroyave) nos dice a las personas que hay que, digamos apoyar y ayudar, me encomienda a mi hablar con Alberto Aroch Mugrabi y me dice que esos dineros que están canalizando como apoyo a las autodefensas, en vez de seguírselo dando a Miguel (Arroyave), en adelante se los den a Luis Alfredo Ramos”, dice un fragmento del documento.

La Corte Suprema le da plena validez al testimonio de Vélez puesto que así lo deja consignado en su sentencia del supuesto apoyo de grupos paramilitares a Ramos, a través del empresario Aroch Mugrabi

La sentencia agrega: “Narró el testigo constarle que existió una relación entre Ramos Botero y Arroyave, de la cual se enteró a través de la orden dada por éste para que el Bloque Capital y Alberto Aroch Mugrabi, con quien el Comandante sostenía una relación cercana, se entregaran recursos de la organización al político Ramos (entre los años 2001 y 2002)”.

Según el testigo, el empresario, supuestamente, hacía los aportes de dinero a las campañas políticas por instrucciones de grupos paramilitares. “Fue minucioso y explícito en narrar la conexión existente entre el Bloque Centauros y el Bloque Capital y de los aportes que a éste hacia Aroch para la protección de sus negocios, emolumentos que por orden de Arroyave debían ahora dirigirse a la campaña de Ramos”, reitera el documento.

Por esa razón, ahora el reconocido empresario podría responder por estos señalamientos sobre los que la justicia deberá determinar su veracidad, pero se suma al dossier de procesos en contra de Aroch Mugrabi.

Sentencia by Publicaciones Semana S.A.

Para el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, todo lo que ha ocurrido en este caso podría terminar en impunidad porque ya han pasado más de ocho años. “En este caso es evidente que va a ocurrir la prescripción apenas 1 año y medio en una diligencia que puede tomar hasta un año como es la audiencia preparatoria y un juicio oral como este tan complejo con más de 100 testigos pues evidente que no se va a poder evacuar”, dijo.

Alberto Aroch Mugrabi vuelve a los tribunales por presunto enriquecimiento ilícito

Aunque no se había vuelto a hablar de su supuesto enriquecimiento ilícito y de las millonarias inversiones inmobiliarias, entre ellas la del centro comercial Gran Estación, el empresario Alberto Aroch Mugrabi tendrá que volver a poner la cara ante la justicia el miércoles 6 de marzo.

Aunque un juez declaró en marzo del año pasado que era improcedente la extinción de dominio que se había realizado contra varios de sus multimillonarios bienes, la Dian y la Procuraduría consideran, como ya lo han planteado, que estos deben pasar a manos del estado pues con sus movidas habría afectado el erario público.

En los documentos la entidad y el ente de control advierten que con las importaciones ficticias realizadas a través de empresas del citado empresario se habrían afectado las finanzas del estado. Era tal la fortuna de Aroch Mugrabi que su extinción de dominio fue clasificada como una de las más grandes de la historia, con más de 700 mil millones de pesos en bienes.

En un documento radicado por la Dian, se solicita que se revoque la decisión de un juez de extinción de dominio sobre los bienes del empresario Aroch Mugrabi.

Para la entidad, el juez no valoró las pruebas que existen en la Fiscalía sobre el ilícito dar la apariencia de legalidad de los dineros ingresados y extraídos del país. Para la Dian, esto dejaría en evidencia que:

“Al aparentar un origen en movimientos de comercio exterior los mismos eran lavados y sobre estos dineros, cuyo origen es altamente desconocido, y sobre los cuales ni siquiera es posible rastrear su origen” dice el documento.

La conclusión, en el documento que reclaman que se mantenga la extinción es que, “demostrada entonces la existencia de las conductas punibles, las causales invocadas y los elementos necesarios para la procedencia de la extinción de dominio se solicita se revoque la declaratoria de improcedencia de la extinción de dominio sobre la totalidad de los bienes involucrados en el presente trámite de extinción y en su lugar se den por probadas las causales de extinción planteadas por el Fiscal de conocimiento”.

Por su parte, la Procuraduría también considera que debe mantenerse la medida que afecta los bienes del empresario de los sectores inmobiliario y de textiles.

“Mediante sus empleados el señor Aroch Mugrabi manejaba las operaciones irregulares, es decir que tenía el control de las operaciones, utilizando a sus empleados como intermediarios para realizar las operaciones” dice el texto de la Procuraduría.

Para la procuraduría se habla de la existencia de un patrimonio surgido mediante prácticas opacas, “existen pruebas que permiten concluir que existió un patrimonio surgido de la nada y con escaso reconocimiento social y construido mediante prácticas opacas, de operatividad, empleabilidad bancarización y formalización”.

“Por lo anteriormente considerado, este agente del Ministerio Público solicita de manera respetuosa al honorable Despacho competente para el conocimiento de la impugnación, revocar el fallo proferido por el Juez 2 Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en el caso de la referencia, y decretar la extinción del derecho de dominio de los bienes inmuebles, automotores, cuentas bancarias y sociedades comerciales identificadas”, concluye la solicitud que en su momento hizo la Procuraduría.

La bandera fue puesta en el puente ubicado en la avenida Villavicencio, cerca del centro comercial El Ensueño y la Universidad Distrital del sur. La presencia del símbolo de esta guerrilla ha generado preocupación entre los residentes y las autoridades locales.

El hallazgo fue reportado por transeúntes que se dirigían a sus trabajos y estudios, quienes de inmediato informaron a la Policía Metropolitana de Bogotá. Inmediatamente, las autoridades llegaron al lugar para determinar cómo llegó allí y quiénes son los responsables. Se especula que podría tratarse de una célula urbana de esa guerrilla que opera en Bogotá.

Este incidente se suma a una serie de apariciones de símbolos del ELN en diversas partes de la ciudad en las últimas semanas, lo cual ha sido interpretado como una intimidación a la comunidad y las autoridades, así como una señal de presencia por parte del grupo insurgente.

El pasado 4 de julio, otra bandera del ELN fue colgada en un puente del suroriente de Bogotá. Según indicaron entonces las autoridades, la bandera fue colgada en un puente peatonal del sector de Chuniza, en la localidad de Usme. Al parecer, también haría parte de las acciones propagandísticas del grupo guerrillero en varias zonas del país, con motivo de su aniversario número sesenta.

Ante este panorama, las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en la zona y han reiterado su compromiso de garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, los comerciantes de los sectores donde han aparecido las banderas han expresado su inquietud y han pedido mayor vigilancia para prevenir actos similares en el futuro, más aún cuando en agosto pasado la Policía Nacional ordenó extremar medidas tras posibles amenazas terroristas del ELN en Bogotá.

Para esa fecha, la institución advirtió que a la capital del país se desplaza alias William, reconocido dinamizador de acciones de este grupo armado en el departamento de Norte de Santander. Además, este sujeto también se desempeñaría como explosivista y francotirador. Asimismo, al parecer, otros integrantes también se estarían desplazando hasta la ciudad para poder adelantar estas acciones terroristas.

La doctora Cindy Viviana Rodríguez, presidenta de Anir, ha sido una de las voces más contundentes en denunciar esta problemática. Rodríguez afirmó que el caso de Catalina Gutiérrez ha sido “el Florero de Llorente” que ha impulsado a otros médicos a compartir sus experiencias de abuso. En solo dos días, la ANIR ha recibido más de 20 denuncias provenientes de distintas ciudades del país.

“Sí, conocemos casos, incluso ahorita que estamos haciendo recepción, hemos recibido algunos que son muy crueles, realmente con situaciones alarmantes, y pues el número va aumentando. Tenemos tanto residentes activos como médicos ya especialistas egresados, que dicen que ellos pueden hablar ya sin el miedo, pues sin que les puedan tener en cuenta para sus calificaciones, me parece que lo que está pasando con el caso de Catalina es que se quitaron un poquito los miedos y están saliendo a hacer denuncias públicas”, aseguró la doctora Cindy Rodríguez en entrevista con Blu Radio.

Rodríguez destacó que el problema del maltrato hacia los residentes es un fenómeno cultural que ha persistido a lo largo del tiempo: “Es una cultura jerárquica y muy violenta. Profesores mayores suelen decir que ellos soportaron peores condiciones, como turnos de 72 horas sin descanso, y esperan que las nuevas generaciones pasen por lo mismo”, agregó.

Piden investigación en caso de Catalina Gutiérrez

La Anir, previamente, solicitó una exhaustiva investigación sobre la extraña muerte de joven médica, al mismo tiempo que expresó su pesar y solidaridad con los familiares y compañeros.

“Con profunda tristeza, hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra compañera residente de cirugía de la Universidad Pontifica Javeriana. Extendemos nuestro abrazo solidario en estos momentos de congoja y esperamos que la unión y amor, sean las herramientas que permitan fortalecerse en frente a este suceso”, expresó la Anir en un comunicado.

En la misiva, la asociación subrayó la necesidad urgente de abordar las condiciones que enfrentan los residentes en su formación.

“Observamos con preocupación como situaciones de maltrato han sido constantes durante el proceso formativo en el pre y postgrado; en donde a los residentes se les ha irrespetado el número de horas y los post turnos reglamentados. Lamentable, muchas universidades conocen estas dificultades, pero con indiferencia secundan y se vuelven cómplices al no tener una política y medidas reales contra el maltrato”, enfatizó la asociación.

Por su parte, la Universidad Javeriana lamentó la pérdida de Catalina y expresó sus condolencias a su familia, amigos y compañeros a través de un comunicado.

Inicialmente, los combates tenían como protagonistas al frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, que busca quedarse con el control del Cañón del Micay, principal corredor para sacar droga hacia el Pacífico sur.

“A raíz de las confrontaciones armadas ilegales que se han venido presentando en los últimos días entre las estructuras de la Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, aquí en el Cañón del Micay, en los corregimientos de Sinaí y El Mango, esto ha generado que muchas de las familias allí presentes se hayan tenido que desplazar hacia otros sectores, y con el ánimo de recobrar la tranquilidad en nuestras poblaciones, se lanza una operación muy importante sobre estas áreas”, indicó el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca.

Sobre los soldados heridos, precisó que ya fueron trasladados a diferentes centros asistenciales en Cali. “En las últimas 24 horas se han sostenido combates con estas estructuras, combates que nos han dejado cinco soldados heridos, que han sido evacuados a diferentes hospitales de Cali y, a su vez, ha dejado un indeterminado número de muertos y heridos por parte de las estructuras criminales que quieren esta área del Cañón del Micay. Así las cosas, se esperan refuerzos con el ánimo de contribuir a la seguridad y tranquilidad que merece los colombianos de bien que habitan esta región del país”.

Asimismo, El Ejército Nacional logró que cuatro integrantes del Estado Mayor Central de las Farc se entregaran en el departamento del Cauca. Además, las tropas rescataron a una menor de edad que había sido reclutada por la Segunda Marquetalia.

Los dos grupos criminales tienen una guerra a muerte por el control territorial y, a la vez, enfrentan a la fuerza pública, que trata de retomar la seguridad. Casi todos los días hay combates, detonación de explosivos y violentas amenazas.

La ofensiva de los soldados de la Tercera División facilitó el sometimiento de cuatro sujetos que estaban enfilados hace cuatro años en la subestructura Carlos Patiño, uno de los brazos más sanguinarios de la organización que comanda alias Mordisco.

Durante un evento de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, la procuradora Cabello anunció que “estamos muy avanzados. Está en etapa de juzgamiento las investigaciones contra el señor Olmedo, el señor Sneyder, y algunas otras personas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Estamos interviniendo activamente ante la Fiscalía y la Corte Suprema en las investigaciones que hay con algunos congresistas”.

Todo este proceso en el ente de control, arrancó cuando el procurador Marcio Melgosa llegó con un grupo de funcionarios de la entidad hasta la Unidad de Gestión de Riesgo a adelantar una inspección para verificar todos los soportes de la contratación y la ejecución del presupuesto público en la UNGRD.

“Estamos haciendo un estudio, unas inspecciones y vigilancia que hicimos en la Unidad de Gestión de Riesgo y ante la Fiduprevisora de carácter preventivo, que prontamente vamos a dar anuncios sobre situaciones adicionales que podrían generar investigaciones disciplinarias a corrupción relacionada en la UNGRD distintas a los carrotanques”, advirtió la procuradora Cabello.

SEMANA reveló recientemente varias pruebas que develarían todo el entramado de corrupción que se armó alrededor de la UNGRD, a partir de las relaciones que habrían existido entre los exdirectivos de la entidad con altos funcionarios del gobierno Petro y varios congresistas.

En entrevista con esta revista, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, aseguró que del contrato de los carrotanques para suministrar agua a La Guajira, se direccionaron 4 mil millones de pesos para los expresidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de apoyar las reformas del Gobierno nacional.

Por su parte, el exdirector de la entidad, Olmedo López, señaló al congresista Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación que investiga la financiación de la campaña Petro presidente, de supuestamente venderse al Gobierno. En esos señalamientos, López también sacó a relucir otro puñado de congresistas involucrados, entre ellos, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.

Por petición de la defensa del representante a la Cámara, Andrés Calle, el magistrado Francisco Farfán, citó al presidente Gustavo Petro; al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y al secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, para que entreguen su versión sobre lo sucedido en el escándalo de corrupción.

En ese despacho también han llegado altos funcionarios del gobierno como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortíz; el exdirector del Dapre y actual director del DNI, Carlos Ramón Gonzáles; y el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo.

El festejado era el entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López. En un mismo restaurante en el norte de la capital, se encontraron los tres protagonistas de este escándalo de corrupción: Sneyder Pinilla, el exsubdirector; Luis Eduardo López, el contratista, y el mismo Olmedo López.

Un informe forense que conoció SEMANA con la cronología exacta de todo este escándalo, advierte cómo los tres personajes coincidieron en este restaurante para concretar los detalles de ese millonario contrato, también que Olmedo López se conociera, personalmente, con el contratista, y de paso celebrarle el cumpleaños al entonces director.

En los chats que fueron aportados por la defensa de los implicados a la Fiscalía, de cara a concretar lo que sería un principio de oportunidad, se logra ver cómo ese día en el restaurante Olmedo López conoce al contratista y además comparten números de teléfono, hasta las fotografías del pequeño detalle que tuvieron con el exdirector de la UNGRD.

El hecho podría ser una simple casualidad o un evento común si no se tratara del director de una entidad que estaba por definir quién sería el contratista de un millonario negocio que previamente estaba pactado y que tenía en juego los recursos para abastecer de agua a los niños del departamento de La Guajira.

La foto de Olmedo López soplando la velita resulta bastante particular, sobre todo ahora que se conocen los detalles de este escándalo de corrupción, de cómo se diseñó el contrato, la asignación que hicieron y la entrega de sobornos que salieron con destino a congresistas, como el mismo López lo reveló a la Fiscalía, así como a la Corte Suprema de Justicia.

Luego de esta reunión, se empiezan a conocer detalles de lo que se convirtió en este escándalo de corrupción, de cómo los carrotanques nunca llegaron a las zonas para las que estaban dispuestos, y de cómo se descubrió que el famoso proyecto para llevar agua a los niños del departamento de La Guajira no fue más que un entramado criminal para sacar recursos públicos con el ánimo de sobornar congresistas.

En el informe forense también hay conversaciones y detalles de un trabajo de investigación para determinar las fechas, horas y lugares donde estuvieron los protagonistas, justamente con quienes han negado su participación en este escándalo. La defensa de los implicados solicitó a los jueces de control de garantías ubicar los registros de llamadas, con la georreferenciación, para demostrar que efectivamente estuvieron donde otros negaron estar.

“Según el reporte de tráfico de datos de la línea celular (se reserva), el señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez se encontraba en la ciudad de Montería en horas de la mañana, luego se dirigió al municipio de Puerto Escondido, y en las horas de la tarde nuevamente a Montería, cerca del hotel GHL y, posteriormente, muy cerca de la calle 62, Edificio en la Castellana”, advierte el documento.

Toda la información recopilada, los hallazgos que hizo la Fiscalía y los aportes que entregue la defensa de los implicados, serán presentados en audiencias de control de garantías el próximo jueves para la imputación de cargos en contra Sneyder Pinilla, Olmedo López y el contratista Luis Eduardo López.

En la acción judicial, conocida en exclusiva por SEMANA, se revela que los magistrados en la sesión del 8 de febrero de 2024 fueron víctimas de amenazas e intimidaciones de parte de un grupo de manifestantes que realizaron todo tipo de marchas en inmediaciones al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para exigir la inmediata elección de la nueva fiscal general.

Para los demandantes, esto representó un “modo de presión” de los manifestantes que rodearon todo el edificio judicial, impidiendo la salida de los magistrados. “Realizaron un ‘bloqueo violento’ e ilegal del acceso al edificio donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no solo afectó gravemente el derecho a la libertad de locomoción, sino que puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.

En este sentido, se considera que los magistrados no tuvieron libertad ni mucho menos garantías a la hora de sesionar para elegir a la nueva fiscal general. “Dicha situación causó que se desplegaran operativos de seguridad en inmediaciones del Palacio de Justicia, en aras de garantizar la seguridad en el sector, circunstancia que pone en evidencia las situaciones de violencia y constreñimiento del que fue objeto el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

Por esto, no dudaron en advertir que se vulneraron los principios democráticos de participación que exigen la Constitución y la ley. “En síntesis, plantearon que ‘el asedio y la violencia físico y psicológico, así como la presión sobre la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de elección de fiscal general de la nación, van en contra de estos propósitos estatales, debilitando la convivencia pacífica y la efectividad de los principios constitucionales’”.

Frente a estas situaciones que alteraron el orden público y la debida elección, los demandantes aseguran que la elección de Camargo no estuvo enmarcada en los principios de libertad, independencia, autonomía electoral, separación y equilibrio de poderes que era exigible.

Igualmente, citaron las publicaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X que convocaban a diferentes organizaciones sociales para que marcharan frente al Palacio con el fin de agilizar la elección de la nueva fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa Delgado.

Fue así como reseñaron varias notas periodísticas que organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas bloquearon las puertas de acceso del Palacio de Justicia. “Durante el proceso eleccionario, la Corte Suprema de Justicia estuvo permeada de presiones e interferencias constantes para que, de manera ágil, se eligiera a la fiscal general de la nación, circunstancias que fueron descritas en el acápite anterior”.

Conflicto de intereses

En otro de los apartes de la demanda, se advierte que Gustavo Petro no podía enviar la terna para el cargo de fiscal general por presentar un claro conflicto de intereses. Primero que todo, su hijo Nicolás Petro Burgos era investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Para esa fecha, ya había sido imputado y estaba pendiente de un llamado a juicio.

Igualmente, su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, era indagado por presuntos ofrecimientos ilegales a narcotraficantes en lo que fue conocido como el Pacto de La Picota. Por esto, la demanda advierte que no podía enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia, pues debía respetar el principio constitucional de equilibrio de poderes.

“El señor Gustavo Petro Urrego debió abstenerse o declararse impedido para postular la terna para la selección del fiscal general de la nación ‘toda vez que su hijo y hermano están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por los punibles antes descritos, de los cuales tiene relación incluso directa con la misma campaña electoral de Gustavo Petro para la Presidencia año 2022′”, aseveraron.

Finalmente, cuestionaron el hecho que solamente se postularan mujeres (Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo), pues se presentó un desconocimiento del derecho a la igualdad y a la equidad de género.

En la admisión de la demanda, el alto tribunal negó la medida cautelar que pedía retirar a Camargo de sus funciones mientras se tomaba una decisión de fondo. Esto debido a que no se presentó la urgencia o necesidad.

Este es el documento completo

Consejo de Estado admitió d... by Rafael Pérez-Becerra

Esta mañana, en las primeras horas, se produjo un enfrentamiento que, según los voceros del sindicato, obedece a la presión que están ejerciendo, desde la dirección de vigilancia y control de la entidad, para que levante la huelga, la cual, se inició por los incumplimientos en los que estaría incurriendo el Ministerio.

La batalla campal que se vive cada mañana en el Ministerio de Trabajo, en medio de la huelga. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vPlcAb7cHQ

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 22, 2024

En medio de la huelga que adelantan varios sindicatos del Ministerio de Hacienda se han dado diversas circunstancias.

La hora cero fue el 31 de mayo. Desde entonces, han acudido a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que tuvo su reunión anual para ese momento.

Los sindicatos han denunciado penalmente a la ministra Gloria Inés Ramírez, por no brindar garantías en medio de la protesta, que implica el paro de cientos de funcionarios, según los acontecimientos transcurridos.

Para esa ocasión, la denuncia, que fue dirigida directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, con el propósito de “poner en conocimiento la presunta conducta punible en la que al parecer está incurriendo la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez Ríos por actos atentatorios en contra de nuestro derecho de asociación y libertad sindical al intentar interrumpir la huelga legalmente declarada por los trabajadores del Ministerio del Trabajo el día 21 de mayo de 2024″.

Intentos en mesa de negociación

En la etapa inicial de la huelga, 33 direcciones territoriales y 3 oficinas especiales, a través de las cuales laboran más de 2.500 trabajadores del ministerio, sin contar con contratistas, empezaron el cese de la actividad laboral.

La razón de la huelga es que los trabajadores consideran incumplido un pliego que tiene 78 puntos e incluye temas como el de una bonificación pactada, luego de que se produjera la escisión del entonces Ministerio de la Protección Social y el Ministerio del Trabajo quedara independiente, pero con trabajadores que ganaban menos en relación con sus pares.

Entre los puntos hay de todo, desde dotaciones que no se dan, hasta el incumplimiento de concursos internos, cuyas vacantes se están llenado a dedo, según denuncias.

Directora de inspección

Según la CGT (Confederación General del Trabajo), la directora de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo, “ya la persona encargada de esa dependencia (Luz Ángela Martínez Bravo) ya había sido suspendida por presiones indebidas en el 2015, en la Alcaldía de Gustavo Petro”.

El fallo del ente de control exploca que se declara “”responsable disciplinariamente a William Dau en su condición de alcalde de Cartagena 2020-2024, para la época de los hechos, por encontrarse probado y no desvirtuado y en consecuencia imponerle sanción disciplinaria, consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo durante el término de 9 años”.

En el fallo también se halló como responsable disciplinario a su exdirector del Departamento Administrativo de Salud, José Fortich Rebollo, quien fue sancionado por la misma cantidad de tiempo con relación a los contratos que habrían presentado irregularidades en medio de la pandemia del COVID-19.

La investigación disciplinaria contra el exalcalde de Cartagena arrancó el 29 de abril de 2020, cuando inició una indagación preliminar contra los dos exfuncionarios por el contrato que firmaron para comprar 10 mil pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19 con la empresa Ventas, Distribución y Marketing LTDA, la cual aparentemente no tenía “la capacidad para ejecutar el objeto contractual”, según la Procuraduría.

“Lo anterior, permite predicar con grado de probabilidad que William Dau, en su condición de alcalde de Cartagena, para la época de los hechos, con su actuar pudo haber incurrido en la falta disciplinaria prevista por el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 724 de 2002, vigente para la época de los hechos” citó la Procuraduría.

El ente de control también detalló que el exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Fortich Rebollo, al parecer desconoció el principio de economía de la contratación estatal, al justificar la elección del contratista dentro del contrato para suministrar 10 mil pruebas para diagnosticar Covid-19.

FALLO IUC-D-2020-1506379 by dlandinezc

Con las pruebas en poder de la Procuraduría, se pudo concluir que el exalcalde Dau firmó el contrato por 725 millones de pesos sin realizar cotizaciones con otras empresas, para adquirir las pruebas rápidas para el diagnóstico del virus. “En los documentos allegados del proceso no existe constancia de las empresas a las que se les solicitó la cotiazación para realizar el análisis del sector”, dice el fallo.

El ente de control también advirtió que el exmandatario municipal suscribió el contrato sin tener en cuenta las recomendaciones mínimas para contratar durante la emergencia sanitaria, y hasta existió un incumplimiento por parte del contratista porque no pudo entregar las 10 mil pruebas que se contrataron.

La Procuraduría aclaró que la empresa “Ventas, Distribución y Marketing LTDA (...) no contaba con la disponibilidad de las pruebas contratas, situación que ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato No. 008 de 2020, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia”.

El Ministerio de Salud también confirmó que dicha empresa tampoco tenía el aval para importar pruebas Covid-19, y tampoco se encontraba habilitaba por el Invima para comercialización de pruebas rápidas, siendo un requisito que se exigía para la comercialización de ese producto, y para contratar dentro del objeto contractual.

Hace tan solo seis días, la Procuraduría ya había sancionado al exalcalde de Cartagena por un periodo de cuatro meses, al referirse de manera irrespetuosa y desobligante contra los directivos de la Universidad de Cartagena, en medio del proceso de selección que se adelantaba en 2020 para elegir al contralor distrital de la ciudad.

El verdadero inconveniente para Emcali no fue exactamente que por más de dos décadas una sola empresa controlara este sistema, sino que, tras todo este tiempo, la modernización y avance en el alumbrado público haya sido mínima, casi nula, lo que significó un retraso y obsolescencia en el mismo.

Cabe recordar que Cali tiene el segundo alumbrado público más grande del país solo por detrás de Bogotá y superando a ciudades como Medellín y Barranquilla. De las más de 180.000 luminarias que componen este sistema, tan solo 60.000 son LED, las restantes son en sodio, las cuales consumen más energía y emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero.

“Evaluando el proceso de los últimos 24 años, se determinó un proceso de sectorizar la ciudad en tres zonas, para que a través de tres contratistas, se aumentara el número de personas trabajando por mejorar el alumbrado público de la ciudad. En este sentido, desde el pasado 24 de mayo se abrió un proceso de invitación pública bajo el manual de contratación de Emcali para que la operación, modernización y mantenimiento se hiciera de manera diferente a como se ha llevado en los últimos años”, explicó José Insuasti, gerente de Energía de Emcali.

Asimismo, aseguró que en estos momentos, el alumbrado público se encuentra en evaluación de ofertas una vez se cerraron la recepción de las mismas, y se evalúa las calidades, competencias, indicadores financieros y de idoneidad de las diferentes firmas para analizar cuáles serán adjudicatarias de esta invitación pública.

Polémica por cantidad de adendas durante el proceso

Frente a este tema que ha generado gran polémica, especialmente en el sector político de la capital vallecaucana, Insuasti aseguró que esto se debe al gran interés que ha generado el poder participar de esta invitación pública. “Se llevó a que se contestaran más de 300 preguntas durante el tiempo de observaciones, y aun después de terminado este proceso, se continuó recibiendo preguntas de interesados sobre claridades, asignaciones del proceso, calidades técnicas de las luminarias, y por ello ha sido necesario que Emcali amplíe cada una de las instancias para responder, observar y presentar las ofertas y evaluarlas”, comentó el gerente de Energía al respecto.

De igual forma, confirmó que, hasta el momento, hay nueve adendas que “permiten que este proceso sea abierto, competitivo, garantista, precisamente llevando a que todas las observaciones puedan ser respondidas y con base en ellas, los interesados en participar de este proceso abierto y transparente, lo puedan hacer”.

Procuraduría envió carta a Emcali por este proceso de alumbrado público

Insuasti contó detalles de la mesa de trabajo que se adelantó con la Procuraduría General de la Nación, entidad que envió una carta a la empresa caleña respecto a este proceso que se adelanta. Según el funcionario, este permitió vislumbrar “la necesidad de contar con la continuidad de la operación del alumbrado público, de la cual Emcali en la actualidad realiza la administración, el suministro de energía, la supervisión de la realización de todas las actividades”, las cuales, aclaran desde la entidad, se realizará a través de “terceros idóneos”.

Según la conclusión de la Procuraduría en esta auditoría, “este proceso está bien llevado y nos invitaba a comunicarlo mucho más ampliamente con la ciudadanía. Y por eso, a través de los medios radiales, televisivos y escritos, hemos ido a contarles qué se pretende con el alumbrado público. Por ello, se invitó a que la ciudadanía consultara la página de contratación, hiciera las observaciones, y de ser necesario, se ampliaran los tiempos como se ha venido haciendo, para tener más garantías y la transparencia que se está pidiendo”.

“Hemos respondido a todas las preguntas y señalamientos que han realizado los entes de control, la ciudadanía, los proponentes, los voceros, y cualquier persona interesada en que a la ciudad le vaya bien. Por ello, seguiremos adelante en este proceso hasta que se determine lo contrario, y en ese sentido, se garantizará que la transparencia del proceso, hasta su adjudicación, permita que el alumbrado público de la ciudad llegue a la mejor conclusión”, expresó Insuasti.

Por último, aseguró precisamente que esa conclusión es que la ciudad tenga un alumbrado público moderno, una ciudad iluminada y que le cumpla a los caleños en el marco de las competencias de Emcali.

Según Gutiérrez, se trata de un decreto que expidió Daniel Quintero en el que, supuestamente, les abrió la puerta a empresarios para que construyeran edificaciones en un parque ambiental de Medellín. Precisamente, por estos hechos, la Fiscalía ya empezó a investigar por el presunto delito de prevaricato.

Todo empezó en el año 2019, cuando los propietarios de Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados que está ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, le ofertaron a la Alcaldía su predio de manera gratuita para que fuera tenido en cuenta como una compensación de obligación urbanística.

La transacción se oficializó en diciembre de 2019 entre los privados y la Alcaldía, donde se registró que el sitio estaba avaluado en 2.711 millones de pesos. El plan era construir el Parque Ambiental Valle del Software y su ejecución quedó en manos de Daniel Quintero, quien se posesionó en enero de 2020.

Frente a esto, Daniel Quintero se defendió y señaló que, efectivamente, el contrato de cesión anticipada de obligaciones urbanísticas sobre el predio denominado Aguas Vivas “se celebró el 27 de diciembre de 2019, a solo cuatro días de la finalización del periodo de la Alcaldía de Federico Gutiérrez”.

Ojalá la justicia actúe. Días antes de dejar su cargo, alias Fico firmó un contrato por el lote de Aguas Vivas que buscó defraudar al fondo de obligaciones urbanísticas. El Consejo de Estado anuló la escritura y se compulsaron copias a la Fiscalía por manipulación de tierras. https://t.co/xMRWYZWgPl

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 21, 2024

“Con esa operación se cumplió la entrega jurídica del bien inmueble al patrimonio del municipio, quedando pendiente la entrega material, la cual solo podría operar si se realizaban unas obras que el cedente nunca realizó”, señaló Quintero, haciendo mención al Decreto 2502 de 2019, que además resaltó “solo se publicó hasta el 31 de diciembre”.

Por eso, el exalcalde insistió en que aunque el predio Aguas Vivas ingresó jurídicamente al patrimonio del municipio de Medellín, no se realizó compensación o pago alguno por él, ya que “la cesión aprobada por la alcaldía de Federico Gutiérrez no cumplió los requisitos legales”.

En ese orden de ideas, resaltó: “No hubo planeación y con ello se menoscabó el principio de economía establecido en el artículo 25 numeral 12 de la Ley 80 de 1993″, y además que “la cesión solo podía recaer sobre zonas urbanas y no rurales, como ocurrió con el predio Aguas Vivas”.

También explicó que para tal efecto “los cedentes debían ser titulares de una licencia urbanística o beneficiarios de derechos de construcción”; así como que se “establecieron obligaciones de intermediación inmobiliaria a cargo del municipio de Medellín, que no son compatibles con la Ley 136 de 1994″.

Quintero explicó que ante la complejidad jurídica y técnica presentada frente al predio, se propuso una fórmula de conciliación, que saneara las “graves irregularidades” que tenía, a través de la cual se garantizaba el pago de un menor valor, mediante la modalidad de enajenación voluntaria, con una metodología de precios menor a la que había proyectado.

Según explicó Quintero, la suma ascendía a $ 48.234.427.227, “que el Distrito de Medellín dejaría de recaudar por concepto de obligaciones urbanísticas y en la fórmula de conciliación se redujo al valor comercial base de 2019 que equivale a $ 40.509.311.965, con un ahorro de $ 7.725.115.262″.

“Con dicho arreglo se habría consolidado a favor del erario público un ahorro mayor a los diez mil millones de pesos con relación al sobrecosto con que la administración de Federico Gutiérrez adquirió el bien mediante una ruta ilegal”, señaló Quintero Calle.

Además, el exmandatario resaltó que esa fórmula no buscaba absolver las irregularidades de la anterior administración, sino sanear el proceso de adquisición del inmueble, lo cual se hizo, según él, bajo la vigilancia de los órganos de control, que se vincularon al proceso el 15 de septiembre de 2021.

También destacó que la Sección Tercera del Consejo de Estado “no encontró lesión alguna al patrimonio público ni un acto contrario a los intereses generales del Distrito de Medellín, pues su análisis condujo simplemente a resaltar que a través de la conciliación no es dable corregir los graves yerros cometidos en la Escritura Pública 5762 del 27 de diciembre de 2019 y que, si se requiere el inmueble, se debe negociar nuevamente”.

Por eso, le envió un contundente mensaje al actual mandatario, en el que le cuestiona la denuncia: “¿Se refiere usted al contrato de Aguas Vivas que firmó usted el 27 de diciembre, cuatro días antes de dejar el cargo? ¿El mismo que pretendía que 48 mil millones de obligaciones urbanísticas pasaran a los dueños del predio? ¿El mismo por el que demandaron a la Alcaldía por 50 mil millones? ¿El mismo por el que compulsaron copias a la Fiscalía contra su administración después de que el Consejo de Estado estableciera de que era una estafa? Le deseo suerte en los tribunales”.

¿Qué dice Federico Gutiérrez?

En la denuncia hecha por el actual mandatario distrital, aseguró que la administración de Daniel Quintero tomó la decisión de hacer un avalúo comercial adicional sobre esta tierra: pasó de 2.711 millones de pesos a 42.000 millones de pesos. En efecto, volvieron a aparecer los dueños de Aguas Vivas y pidieron ser indemnizados, alegando que la Alcaldía se había enriquecido sin justa causa.

En contravía del concepto dado por los profesionales de la Alcaldía de Medellín, la administración de Quintero se aventuró a conciliar con los dueños de Aguas Vivas y ofertó 40 mil millones de pesos por un predio que ya le pertenecía al distrito. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se opusieron.

En contravía del concepto dado por los profesionales de la Alcaldía de Medellín, la administración de Quintero se aventuró a conciliar con los dueños de Aguas Vivas y ofertó 40 mil millones de pesos por un predio que ya le pertenecía al distrito. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se opusieron.

Después de este tropiezo y sin dar ningún tipo de dinero, la Alcaldía se desprendió del terreno y lo devolvió a sus dueños en octubre de 2022, respaldando indirectamente el argumento de los privados, de que se había dado un enriquecimiento sin justa causa, elemento que fue cuestionado por los jurídicos del distrito, pero no se tuvo en cuenta.

La noticia que hoy causa revuelo es que, ocho meses después de haber entregado a Aguas Vivas a los dueños iniciales, Daniel Quintero firmó un decreto en el que habría modificado el uso del suelo del sector y cambiado las reglas del juego del terreno, con base en la denuncia que llegó esta semana a la Fiscalía.

El documento se expidió el 12 de mayo de 2023 y, además de Quintero, lo acompañó la firma de los titulares del Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría de Innovación Digital y Secretaría General, a cargo de Fabio Andrés García Trujillo.

Se aprobaron en la zona construcciones de una altura máxima de dos pisos, siempre y cuando estuvieran destinadas a la educación, investigación y formación; también “hoteles de negociación de tecnología, centros de educación digital y para el trabajo innovador y las actividades comerciales necesarias para el buen funcionamiento”.

A juicio de la administración de Federico Gutiérrez, estas personas habrían cometido el delito de prevaricato, porque habrían asumido funciones que no les correspondían, pues la única entidad autorizada para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial es el Concejo, por donde no se discutió el asunto.

Una de las víctimas más reciente fue el periodista John Galvis, de 29 años, quien murió tras haber sido abordado por dos delincuentes que lo apuñalaron en medio de un atraco ocurrido durante la medianoche del pasado miércoles 17 de julio.

El hecho se presentó en el barrio Cortijo, de la localidad de Usme, en el sur de la capital, en momentos en que el joven se movilizaba a pie rumbo a su casa.

Fue en ese instante que Galvis fue abordado por los delincuentes, quienes lo atacaron con armas blancas para tratar de despojarlo de sus pertenencias personales.

Aldemar Galvis, hermano del joven asesinado, narró en City Noticias lo ocurrido. Dijo que a su familiar le pegaron una puñalada en el corazón y, una vez el joven terminó gravemente herido, algunas personas del sector salieron a socorrerlo, capturando inicialmente a uno de los delincuentes que al final logró huir junto a su cómplice en una motocicleta.

Gravemente herido, el periodista fue trasladado al hospital de Meissen, donde falleció al día siguiente tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

“Aquí vale más una maleta con una coca de un almuerzo, que una vida de una persona que tenía todo por delante, que estaba terminando una especialización (...); que la persona que mató a mi hermano pague. Eso no puede ser un caso más, mi hermano no puede ser una cifra más, un número más en un informe maquillado”, agregó Aldemar Galvis en el medio citado.

La inseguridad en Bogotá cambió la vida de muchos

Una reciente encuesta realizada por la Universidad Manuela Beltrán (UMB) reveló que la inseguridad en Bogotá ha llevado a los ciudadanos a modificar drásticamente sus prácticas diarias. Este estudio, desarrollado por el Programa de Investigación Criminal de la UMB, encontró que el 80 % de los encuestados se siente inseguro en la capital, lo que ha provocado cambios significativos en su rutina cotidiana.

Entre los hallazgos más alarmantes, destaca que el 56 % de los bogotanos ha dejado de caminar por la ciudad debido al miedo. Además, el 43 % ha optado por evitar el transporte público y el 36 % prefiere no retirar dinero en cajeros automáticos. La inseguridad también ha impactado otras actividades: los encuestados dijeron que han dejado de pasear mascotas (21 %), ir a restaurantes (18 %), viajar por carretera (16 %) y salir de compras y hacerlo por internet (11 %), que han sido considerablemente restringidas por un porcentaje notable de la población.

Estas medidas no son injustificadas, ya que estadísticas de la Secretaría Distrital de Seguridad reportan que entre enero y marzo de 2024 se han registrado 29.829 hurtos, con un promedio de 320 robos diarios. Aunque este número representa una disminución del 25,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. En este sentido, Paula Andrea Amaya, directora del Programa de Investigación Criminal de la UMB, señaló que “la percepción de riesgo, peligro e incertidumbre son temas centrales de nuestra cotidianidad”.

Ante esta situación, los bogotanos han adoptado varias estrategias para protegerse. La encuesta reveló que el 57 % ha dejado de usar artículos de valor como anillos o cadenas, el 52 % opta por llevar la maleta en el pecho en el transporte público, y el 35 % evita portar tarjetas bancarias o dinero en efectivo. Incluso, un 34 % ha llegado a esconder dinero y celulares en partes íntimas, mientras que un 10 % lleva dos celulares para entregar el de menor valor en caso de robo.

SEMANA accedió a cinco facturas que prueban que el Departamento Administrativo de la Presidencia pagó 22 millones de pesos para que allí se hospedara por cinco meses Sandra Ortiz, la exconsejera de las regiones y señalada de participar como “mensajera”, presuntamente, en el entramado ilegal. Por estas acusaciones, ella es objeto de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía General.

El primer pago fue el 28 de junio de 2023 para compartir la habitación con otra persona por $ 4.165.000; el segundo se repitió el 29 de julio por $ 4.203.200; el tercero fue el 28 de agosto, por las mismas condiciones, por $ 4.165.000; el cuarto fue el 28 de septiembre, con similares pedidos, por $ 4.266.692; el último que se reportó fue el 28 de octubre por $ 5.473.000. Se desconoce quién sería el segundo huésped.

La versión del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, es que en el Hotel Tequendama se habría realizado una reunión el 25 de septiembre para diseñar la posible estrategia ilegal. Con base en sus palabras, allí se encontraron el director de Gestión del Riesgo, Olmedo López, la consejera Ortiz y el senador Iván Name, quien para la época fungía como el presidente del Congreso de la República.

Este comentario coincide con una conversación de WhatsApp que sostuvieron López y Ortiz ese día. A las 7:15 a. m., la consejera le dijo: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la Suit del Tequendama (sic)”. Pinilla reveló la supuesta conclusión de esa cita, referenciando las palabras que su jefe le mencionó: “Necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”.

Pinilla afirmó que, después de esa junta, entre septiembre y octubre, habría acordado reunirse en el Tequendama con la consejera para llevarle 3.000 millones de pesos en efectivo acomodados en maletas negras: “Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”.

El dinero, según su versión, se entregó en dos maletas repletas de efectivo, en billetes de 50.000 pesos y 100.000 pesos: “Yo con esa persona hago el trámite. Un día entrego una parte y al otro día entrego la otra parte, ahí sí juntos vamos y entregamos el completo”, reveló Pinilla. Y agregó: “Yo llego a un sitio donde sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano, entrego ahí y ya luego me salgo”.

Esto habría ocurrido en el Tequendama, residencia que le fue costeada a Sandra Ortiz por el Departamento Administrativo de la Presidencia, en el momento en que era liderada por Carlos Ramón González. Ella se quedó el primer mes en la habitación 2312 y en la 2304 en los cuatro meses restantes. La 2312 figura en un chat de WhatsApp entre ella y López: “Todo listo para el tinto”, dijo López. Ella respondió: “Quedo atenta. Han 2312 (sic)”.

La tragedia de Catalina ha permitido que se revelen otras historias de maltrato que experimentaron residentes de la misma facultad, quienes ahora se suman a las críticas por las prácticas internas en la institución educativa.

Entre ellos está el doctor Rawdy Reales, reconocido por compartir sus conocimientos en plataformas digitales y por su libro Historias que curan.

Por medio de una publicación realizada en su cuenta de Instagram (@soyrawdy), el profesional de la salud relató la experiencia que tuvo mientras terminaba su último año de internado.

De acuerdo con el doctor Rawdy Reales, todo ocurrió con la persona que en ese entonces era su coordinador de internado, un coronel activo del Ejército quien tenía “fama de ser absurdamente estricto, altivo, prepotente y a quien no le temblaba la voz para insultar a cualquiera”.

Para ese momento, él ya había conocido historias que contaban que el coordinador no tenía problema en tratar mal a los estudiantes, de “ineptos, inservibles y brutos, entre otros comentarios negativos” delante de los pacientes.

“Realmente ese era mi mayor temor, más que lo académico, porque tenía absolutamente claro que no iba a permitir que eso pasara conmigo sin importar de quién se tratara”, comentó en su relato.

Durante su rotación, la cual transcurría dentro de la normalidad para él, un cirujano vascular pronunció el nombre de Rawdy Reales de manera despectiva, pues le llamó “costeñito”. “Por lo que inmediatamente, con un tono de voz no muy amable y viéndolo a los ojos, le dije, no es ‘costeñito’, es Rawdy Reales”.

Reales narró que luego de haber solicitado que se le respetara, se produjo un silencio incómodo de parte de todas las personas que estaban en el lugar; notó que el doctor “frunció más el ceño” y luego con un tono de voz de mal genio dijo que la ronda de ese día sería “mucho más académica”.

Segundos después, los compañeros de Reales lo vieron con “cara de pocos amigos”, como señalando que por su culpa ese día de ronda sería más difícil para todos.

“Hizo sufrir a todos, a él le molestó que yo no permitiera que me faltara al respeto”, resaltó Rawdy Reales.

De acuerdo con el doctor Reales, al día siguiente, una compañera del grupo de rotación le comentó apenada que todos los demás compañeros de su grupo se encontraban molestos con él porque hizo que “la ronda de ayer fuera insufrible”, por sacarle el mal genio el doctor.

Ante ese comentario, Rawdy Reales le preguntó a su compañera qué pensaba de lo que había pasado con el doctor, que se burló de su nombre, a lo que ella le dijo,l “no sé”. Posteriormente, Reales le dijo que ella “sí sabía” lo que estaba pasando y que sus demás compañeros se habían acostumbrado a los malos tratos, insultos y la falta de respeto de los “docentes y doctores que se creen más personas que uno”.

“Están tan malacostumbrados que lo normalizaron, para ustedes está bien lo que pasó, pero para mí no. No tolero una falta de respeto, independientemente de quien sea, si hubiese permitido eso, el próximo jueves se hubiese repetido la escena. Ustedes deberían estar molestos por la actitud del docente, no se dieron cuenta de que me llamó despectivamente ‘costeñito’”, le dijo en ese momento Reales a su compañera.

Finalmente, el doctor Rawdy Reales terminó su relato indicando que ninguno de sus compañeros de ese momento entendió que su docente le trató mal y que su grupo, en vez de apoyarlo, lo culpó.

En una extensa entrevista con SEMANA, Jaramillo narró con detalles lo que padeció. Aseguró que la residencia de cirugía era “como un gallinero. Haz de cuenta que las gallinas de arriba cagan en las de abajo y las de arriba a las de abajo. Y las de abajo cagan en las de más abajo. Todos los que ya fueron maltratados se sienten en capacidad de maltratar”.

También narró cómo comenzó a tener asma en medio de la angustia que sentía por los turnos y que muchas veces deseo estar hospitalizado para no tener que ir. “Antes de entrar a cirugía, me tenía que hacer una micronebulización. El neumólogo me incapacitaba, pero yo no podía faltar a mis turnos. Los tenía que cubrir a alguien y ¿quién los iba a cubrir?, pues mis compañeros de residencia. ¿Cómo los iba a dejar yo clavados haciendo turno cada tercera noche y no cada cuarta noche porque yo estaba incapacitado? Entonces lo que a mí pasaba es que deseaba que entrara en un nivel de baja saturación tan grave que me tuvieran que hospitalizar. Yo hacía mis turnos con bronco-espasmo”, contó.

El médico hizo un live en su cuenta de Instagram en la que aseguró que había decidido hablar de su historia tras conocer el deceso de la médica Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de la especialización en cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, la misma que él abandonó.

“Esto se tiene que acabar. Es demasiado aterrador. No es solamente un estudiante. Esto no es que “ay, pobrecita, la maltrataron solo a ella y ya”. Es algo que viene siendo así desde hace muchos años. Siempre ha sido normal que a los residentes los maltratan, los atropellan, los acaban. Como te dicen a ti desde el primer día: “Hermano. Esto es un tema de aguantar””, afirmó.

“En honor a ella hago este video, en honor a ella cuento cómo esa gente acaba con los sueños de una persona, cómo esa gente los hace sistemáticamente”, agregó en su video. Uno de sus compañeros de cirugía, que vive al otro lado del océano, en Islandia, inmediatamente reaccionó a su video. Se trata del médico Óscar David Rubio, quien hoy es cirujano vascular en el hospital universitario de ese país.

“Yo fui compañero de Carlos Jaramillo y todo lo que ha dicho es 100 % cierto, cada sílaba y cada muestra de dolor y rabia”, escribió en su cuenta de Instagram. “Los abusos todos los días desde que entras hasta que puedes huir de la facultad de medicina de la Javeriana no se pueden describir”.

El médico contó que este domingo, cuando vio uno de los videos del doctor Rawdy, otro médico conocido en redes sociales, simplemente se quebró: “Lloré y me devolví como un flash back a esos días y años. Sentí dolor de haber perdido un poco de humanidad en esa residencia... sentí el estrés postraumático. Sentí el dolor en el pecho, pánico y la imposibilidad de dejar de llorar”.

Aseguró que él terminó su residencia y ahora vive fuera del país, donde esos abusos no existen ni se permiten. “El infierno que viví no es necesario... Esos profesores tienen sangre en sus manos”, concluyó.

En ese mensaje, la Universidad Javeriana expresó condolencias a la “familia, amigos, compañeros y profesores” de la residente que perdió la vida.

“Con prudencia y respeto hemos desarrollado algunas acciones para acompañar a sus seres queridos en estos difíciles momentos. Es un acontecimiento muy duro para nuestra comunidad educativa, que nos llama a reflexionar profundamente, y con humildad, sobre la cultura y los modos de proceder en la formación de nuestros médicos especialistas”, dice uno de los apartes del comunicado.

Y agrega: “Si bien se han desarrollado estrategias en este sentido, somos conscientes de que debemos fortalecer nuestro trabajo en el cuidado de nuestros estudiantes, profesores y pacientes. Queremos pedir a la comunidad el mayor cuidado y respeto en el uso de la palabra en estos momentos de vulnerabilidad y tristeza de nuestra comunidad educativa”.

“Durante la semana que inicia se adelantarán reuniones con profesores, espacios de diálogo con residentes de diferentes especialidades y se acompañará dicho proceso amplio de conversación con el apoyo de la Vicerrectoría del Medio, para establecer la mejor ruta de acción”, avanza la comunicación de la Universidad Javeriana.

También señaló: “La Universidad revisará e indagará sobre la existencia de situaciones que no estén en línea con nuestro modo de proceder y tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el bienestar de la Comunidad Javeriana”.

“Sabemos que la formación médica es retadora y desafiante y que en algunos casos implica mucho estrés y presión por las responsabilidades que conlleva, por ello, escucharemos y revisaremos todo lo que la comunidad pueda aportar y sugerir para seguir implementando todas las medidas que correspondan como Facultad y como Universidad”, concluyó el comunicado.

Honramos la memoria de Catalina con los mejores recuerdos que dejó en su paso por la Universidad.

Apreciamos acompañar con respeto, empatía, solidaridad y delicadeza a sus padres, su hermana y demás familiares. pic.twitter.com/oSgMpwcSJ1

— Medicina Javeriana (@MedicinaPUJ) July 20, 2024

Entre tanto, el fallecimiento de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga ha estremecido a la Universidad Javeriana e inundado las redes de mensajes sobre el acoso que se vive en las facultades de medicina del país.

“Honramos la memoria de Catalina con los mejores recuerdos que dejó en su paso por la Universidad. Apreciamos acompañar con respeto, empatía, solidaridad y delicadeza a sus padres, su hermana y demás familiares”, escribió el centro educativo y compartió los datos de las honras fúnebres de la joven.

Casos como el de la residente de la Javeriana se repiten todos los días y nadie hace nada. Tenemos tan romantizado el acoso,la burla,el mal trato entre nuestra comunidad médica. Es la plaga que envenena el alma de supuestamente personas que están para ayudarnos y enseñar.

— ™§ (@DrColorante) July 20, 2024

El tema ha convertido a la universidad en una de las principales tendencias de este sábado. En redes hay decenas de mensajes que cuentan cómo el acoso, la burla y el maltrato son cotidianos en los centros educativos que forman a los médicos del país.

Uno de esos testimonios aparece en la cuenta de Instagram Confesiones Javeriana. La firma María Rey Salamanca, médica egresada de la Javeriana, quien cuenta que también fue residente del programa de cirugía de esa universidad, pero que decidió retirarse “dejando a un lado lo que empezó como un sueño y rápidamente se convirtió en una pesadilla”.

La médica cuenta que necesitó que pasaran cuatro años para encontrar el valor para contar lo que había vivido. “Hoy escribo sin nada que perder”.

Importante artículo realizado por la División de Educación de @ascolcirugia sobre un problema latente en la educación quirúrgica @alvarosanabria @lilitorregrosa @lucardo61 @CiroPedraza @Sebasti19059022 @laurapenagonza1 @liliana62010843 https://t.co/6MIRk2NYue pic.twitter.com/CYMcPuhtXt

— AsColCirugía (@ascolcirugia) June 5, 2023

Rey relató que cuando decidió ingresar a cirugía en la Javeriana muchos le advirtieron que entraría a un escenario de maltrato. “La residencia de cirugía general era asistencialmente extenuante”, sostiene.

Los turnos eran de 18 y 20 horas y habían meses en los que no tenía descanso alguno. “Los valores estaban trastocados y no importaban mis esfuerzos académicos”, agregó. La médica contó que debían memorizar las historias clínicas de más de 60 pacientes hospitalizados y que cuando los olvidaban, eran objeto de burla. Un día que ella no pudo recordarlos, un compañero simplemente le dijo que tranquila, la clave era llegar a las 3 a. m. para que en la revista de las 6 a. m. ya los tuviera claros.

La joven relató que ante esa escena se fue a un salón del hospital y se encontró con un amigo. Ambos se fundieron en un profundo llanto. “Era normal no comer, no ir al baño, no compartir con la familia”, especificó Rey, quien agregó que durante el tiempo que estuvo en esa residencia tuvo que “soportar lo insoportable”.

Por ejemplo, fue víctima de un constante machismo por el hecho de vivir con su novio y quien hoy es su esposo. “María no estudió por lavarle los calzoncillos al marido”, le dijeron en una oportunidad. Otra vez, una amiga le dijo que ella no le caía bien al cirujano porque sonreía demasiado y que debía intentar poner una cara más seria en los turnos.

“El sonido de la alarma se me convirtió en una sentencia todas las mañanas. Respiraba muy profundo para no llorar y apretaba fuerte los ojos”, señaló.

Fue tanta la presión que comenzó a tener síntomas de depresión y tuvo que ser medicada. Por más de que la estudiante decidiera meterle la ficha, al año y medio no pudo más y tomó la decisión de retirarse. Cuando lo comunicó al grupo de cirugía, la coordinadora, además de cuestionarla, también le preguntó si iba a cumplir con el turno de esa noche.

La médica contó que luego encontró la felicidad en el mismo programa, pero en la Universidad del Rosario. “Hoy entiendo que la maldad viene de la falta de comprensión”, puntualizó. “Hoy en día entiendo que no soy débil y que uno de los mayores actos de fortaleza fue salirme de ahí”, concluyó.

El ‘Especial Seguimiento’ que por primera vez utiliza la Contraloría para llevar a cabo vigilancia y control fiscal, se centrará en dos entidades: la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y la EPS Capital Salud.

En desarrollo del ‘Especial Seguimiento’ el organismo de control fiscal prevé conocer en tiempo récord el estado real de los recursos utilizados desde la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y la EPS Capital Salud, además de establecer la calidad en la prestación del servicio y verificar la infraestructura física, entre otros aspectos.

“El ‘Especial Seguimiento’ es una herramienta fundamental y novedosa que nos permitirá en tiempo récord y de una manera expedita conocer el progreso real del Plan Territorial de Salud para el periodo 2020-2024, y la ejecución de los recursos que para su desarrollo se han invertido”, explicó el director del Sector Salud de la Contraloría, Andrés Domínguez García.

“En el caso de la Subred de Servicios de Salud Centro Oriente nos centraremos en examinar cómo se ha gestionado el presupuesto y en qué medida se han cumplido sus objetivos, y cómo estos aspectos han influido en el desarrollo de los proyectos para el mejoramiento de la salud de los usuarios de esta Subred. Ahora bien, en Capital Salud nuestro ‘Especial Seguimiento’ se enfocará en evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual para así determinar si han existido falencias en la gestión que estén afectando el acceso en oportunidad para los usuarios del sistema de salud del Distrito”, precisó el director del Sector Salud de la Contraloría.

El ‘Especial Seguimiento’ que tiene de horizonte de tiempo diciembre, contará con un grupo de auditores del Sector Salud y las conclusiones servirán de insumo para las actuaciones fiscales en el marco del control posterior y selectivo a que haya lugar desde la Contraloría de Bogotá.

Intervención a la Subred Centro Oriente

La Supersalud ordenó en mayo la intervención forzosa administrativa y la toma de posesión de los bienes y negocios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE de Bogotá.

En su momento, la SuperSalud explicó que la medida se tomó “al evidenciar 30 deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que han sido reiterativas desde el año 2022, y que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los pacientes”.

La “atención continúa siendo fragmentada y con poca capacidad resolutiva, sobre todo en los servicios de mediana y alta complejidad. Lo anterior afecta la calidad de la atención en la población de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe”, señaló el superintendente Luis Carlos Leal para la fecha.

Y explicó que en lo que respecta al componente financiero, “la entidad presenta un déficit en los ingresos por prestación de servicios frente a los costos y gastos generados en el ejercicio de su actividad”.

La Secretaría Distrital de Salud hizo un fuerte pronunciamiento lamentando el fallecimiento de la doctora y condenado cualquier tipo de maltrato.

La residente de cirugía general de la Universidad Javeriana perdió la vida en medio de fuertes cuestionamientos de maltrato por parte de sus superiores.

Antes de su fallecimiento, Catalina dejó un mensaje a través de las redes sociales que se ha vuelto viral: “A todos los residentes, gracias, de cada uno me llevo muchas enseñanzas. Siempre los llevaré en mi corazón, ustedes sí pueden, ánimo”.

Este mensaje resonó profundamente entre sus colegas, quienes decidieron romper el silencio y exponer las “malas prácticas médicas”, como le llaman, por parte de algunos residentes superiores y docentes que ejercen presión para “aburrirnos” por “no ser el recomendado de”.

Es así como la Secretaría de Salud de Bogotá no solo se refirió a la muerte de la doctora Gutiérrez, sino que decidió tomar cartas en el asunto.

“Con profundo dolor y tristeza, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá lamenta la muerte de Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de Cirugía de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta noticia nos llena de tristeza, especialmente, al tratarse de una joven y excepcional profesional de la salud, comprometida con el bienestar de los bogotanos”, indicó la entidad.

Así mismo la Secretaría expresó las más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeros, colegas, al gremio de la salud y a la comunidad académica.

De acuerdo con la entidad distrital, la salud mental es una prioridad en Bogotá. “Las universidades y todas las instituciones educativas deben promover entornos saludables, basados en el respeto y el buen trato. Es imperativo fortalecer los programas de bienestar, establecer canales efectivos para la protección psicosocial y fortalecer los programas integrales de salud mental para profesionales y estudiantes en formación”, afirmó.

La entidad distrital puntualizó además que “la salud mental debe estar en el centro de nuestras acciones y nunca, en nombre de la exigencia académica, se debe poner en riesgo la salud de las personas. La protección de la integridad física y mental de cada individuo debe ser nuestra principal preocupación en todo lugar”.

Así mismo, la Secretaría sostuvo que “la salud mental del talento humano en salud es una prioridad que necesita la corresponsabilidad de todos los sectores”.

En ese orden de ideas, la entidad distrital anunció que se activarán mesas de trabajo con las decanaturas y las direcciones de bienestar estudiantil para revisar las acciones que deben fortalecerse, con el fin de proteger la salud mental y física de los estudiantes.

Eso sí, la Secretaría de Salud puntualizó de manera tajante: “Es intolerable el maltrato en cualquier ámbito educativo y laboral, especialmente en la formación de nuestros futuros profesionales de la salud. No debemos permitir que la presión y el estrés se conviertan en factores que pongan en peligro la vida y el bienestar de quienes están dedicados a salvar vidas y cuidar de nuestra salud”.

El nuevo enfrentamiento armado se presenta este domingo en el corregimiento del Sinaí, en zona rural de Argelia, Cauca. Teniendo en cuenta que el combate se encuentra en desarrollo, desde el Ejército Nacional aún no entregan un reporte oficial sobre lo que acontece en la zona.

Combates entre el Ejército y disidencias de Mordisco en el corregimiento del Sinaí, en zona rural de Argelia (Cauca). https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/xmzApNH7Tw

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 22, 2024

Más temprano, un grupo de subversivos del frente Carlos Patiño, que está bajo el mando de alias Iván Mordisco, instalaron un retén ilegal en una vía que comunica a los municipios de Argelia y Balboa.

En medio del retén ilegal instalado este domingo 21 de julio, los delincuentes pintaron varios vehículos particulares, entre estos, de transporte público.

En los automotores, los subversivos pintaron mensajes en los que se aprecia unos que dicen “Frente Carlos Patiño” y “Farc”.

En otro video se pudo apreciar a un disidente dirigiéndose a unos ciudadanos que terminaron en medio de dicho retén ilegal.

“Manejamos un comportamiento como tal. Somos civiles, igual que ustedes, lo único que nos diferencia es esto (mientras señalaba el uniforme que portaba) y los pensamientos que tenemos, de nuestra lucha revolucionaria de una Colombia justa, con una paz con justicia social”, dijo el subversivo frente a un grupo de personas obligadas a escucharlo, entre estas, menores de edad.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, rechazó lo ocurrido en esa zona del Cauca.

“Mientras Petro descansa de la jornada de ayer; los terroristas de las Farc instalan retén en la vía entre Balboa y Argelia, sur del Cauca. Como se puede apreciar, varios vehículos particulares y de servicio público fueron vandalizados”, dijo Cabal en la citada red social.

Mientras Petro descansa de la jornada de ayer; los terroristas de las FARC instalan retén en la vía entre Balboa y Argelia, sur del Cauca.

Como se puede apreciar varios vehículos particulares y de servicio público fueron vandalizados. pic.twitter.com/rekQ565dtI

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 21, 2024

Vale destacar que los anteriores hechos en el Cauca ocurren un día después de un hostigamiento por parte de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco contra uniformados de la Policía Nacional, en el corregimiento Robles, ubicado en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

En esos hechos, tres policías resultaron heridos, siendo trasladados a centros hospitalarios donde se encuentran fuera de peligro.

Entre tanto, un subversivo fue dado de baja, según informó este sábado 20 de julio, el coronel Carlos Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Además, otro subversivo fue capturado, todo por el trabajo conjunto entre la Policía y Ejército Nacional.

“Gracias a ese trabajo conjunto y coordinado, tropas del Ejército se logra capturar a un delincuente, al cual se le incauta un arma de fuego. De la misma manera, personal policial neutraliza a otro delincuente que estaba disparando en contra de los policías y al cual se le halla en su poder un arma de fuego”, dijo el coronel Oviedo.

Y no fue el único ataque de las disidencias de las Farc en esa zona del Valle del Cauca. Este sábado, 20 de julio, la estación de Policía del corregimiento de Potrerito también fue objeto de un hostigamiento, lo que obligó a la Fuerza Pública a realizar operativos que no pasaron a mayores.