La Corte Suprema se respeta: Petro se equivocó y el ataque contra el Palacio de Justicia es un golpe a la democracia que pone al país en alerta. Editorial de Vicky Dávila

Ver sitiado el Palacio de Justicia esta semana removió la herida que dejó en los colombianos el holocausto de noviembre de 1985 tras la sangrienta toma del M-19. Si bien ambos hechos no son comparables, lo cierto es que este jueves los violentos también quisieron poner en jaque la institucionalidad del país. Por fortuna, la Policía logró tomar el control, y los magistrados y demás funcionarios, que permanecieron cercados durante cinco horas, fueron evacuados. Sin embargo, el asedio deja una dolorosa huella en la justicia. Por tal razón, este hecho no se puede repetir y debe ser rechazado por todos.

El presidente Gustavo Petro se equivocó. No midió el alcance de sus mensajes en X y terminó incentivando una protesta en contra de la Corte Suprema de Justicia el día que se votaba para elegir fiscal general. En las últimas semanas, aunque nadie está por encima de la ley, ni siquiera un jefe de Estado, Petro se victimizó, habló de un golpe de Estado en curso y de una ruptura institucional. Esto, a raíz de las investigaciones contra su hijo Nicolás, funcionarios de su círculo más cercano y las presuntas irregularidades que rodearon la financiación de su campaña presidencial. Hay que ser categóricos: el presidente debe tener todas las garantías para defenderse.

En todo caso, sus seguidores se enardecieron y en tiempos de redes sociales es muy fácil que se prenda la mecha y todo se salga de control. Lo mismo le pasó a Donald Trump cuando, asegurando que le habían robado las elecciones, alentó a una turba de fanáticos que terminó tomándose el Capitolio, en Washington. O a Jair Bolsonaro en Brasil. Todo terminó muy mal. Las vías de hecho jamás pueden ser el camino.

En medio de la crisis, tal vez el presidente perdió su mejor oportunidad. Aunque debió condenar el ataque contra el Palacio de Justicia y rodear a la Corte Suprema, no lo hizo. En cambio, terminó justificando los hechos al decir que “la protesta del pueblo no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia”. Pero la realidad es tozuda. Los que permanecieron acorralados en el palacio fueron los 23 magistrados que, en su autonomía, tienen la misión de elegir el reemplazo de Francisco Barbosa sin amenazas ni presiones, y con todas las garantías.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, en diálogo con SEMANA, advirtió que lo que el país presenció fue un “secuestro colectivo”. Por eso, la imagen de una Corte confinada es perturbadora para la democracia. Los magistrados deben cumplir con sus obligaciones constitucionales y eso no está en discusión. Como tampoco lo están su independencia y la separación de poderes.

La Corte se respeta. Nadie la puede arrinconar, tampoco se debe rendir. Hay pruebas de que los violentos estaban dispuestos a todo. Algunos ondearon las banderas del M-19, en una clara afrenta contra la justicia y las víctimas, y otros intentaron ingresar al complejo judicial a la fuerza. A Petro, como presidente, le hace mucho daño la profunda carga simbólica de este ataque contra el Palacio de Justicia.

Lo cierto es que, por momentos, nadie parecía actuar con la urgencia requerida para frenar ese violento acoso contra la Corte. Cuando la Policía intervino finalmente para desbloquear, los manifestantes lanzaron piedras y botellas. Ahora, hay quienes quieren minimizar lo que todo el país vio en vivo en los medios de comunicación.

En la versión del Gobierno y sus alfiles mediáticos, solo fueron cuatro personas, por diez segundos, “tratando de violentar una puerta”. Si fue así, lo incomprensible es por qué los magistrados y los demás funcionarios de las altas cortes permanecieron atrapados en sus despachos durante cinco horas. Y, además, si fue un acto sin violencia y los magistrados trabajaban tranquilamente en sus oficinas, como dicen Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ¿por qué la Corte, en su comunicado, habló de “asedio” y recalcó que se afectó “gravemente el derecho a la libertad de locomoción”? Un magistrado habría tenido la idea, incluso, de una renuncia en bloque.

El alto tribunal aseguró que lo sucedido “puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”. La Corte también alertó sobre el grave efecto del ataque: “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la Justicia”. Imposible romantizar semejante amenaza contra los magistrados, que, con razón, le exigieron garantías al Gobierno.

Por eso, el esfuerzo del jefe de Estado y de algunos de sus funcionarios por negar que alentaron la jornada se estrella de frente contra las evidencias. De hecho, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, salió a acompañar las marchas y en varias entidades dieron la tarde libre, como ocurrió en el Sena. En las últimas horas, el Gobierno decidió culpar a la prensa y etiquetarla como de “ultraderecha”. La Corte, por su parte, desmintió todas las versiones de la Casa de Nariño “dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos”.

Que no haya dudas: una cosa es el derecho a la protesta, y otra, ambientar un hostigamiento contra la Corte Suprema de Justicia, cuyas consecuencias pudieron haber sido devastadoras. El día del ataque, ver salir a los magistrados en medio de una nube de uniformados resultó no solamente triste para Colombia, sino inquietante de cara al futuro. ¿Quién gana con una justicia paralizada por amenazas? Nadie. Pierden todos, con excepción de los criminales.

También es inevitable pensar que hay en marcha una estrategia calculada para desprestigiar a los investigadores y jueces, así como para presionar el resultado de procesos clave que afectan a la Casa de Nariño y sobre los cuales el país espera resultados pronto. O un plan para perseguir a la oposición. La Corte Constitucional también ha sido blanco de los ataques de Palacio. Desde allí la han señalado de no dejar gobernar.

Las más incómodas con lo que está ocurriendo, sin duda, deben ser las ternadas para llegar a la Fiscalía, que se convirtieron en la manzana de la discordia. Hay un sector que tiene prevenciones y temores sobre el papel que podrían desempeñar y, desde ya, sin que alguna haya sido elegida, las tienen etiquetadas como “fiscal de bolsillo” a raíz de la presión que se está ejerciendo a la Corte desde el Gobierno. Esto resulta inconveniente, porque cualquiera que sea la fiscal necesita legitimidad para asumir los inmensos retos del ente acusador en un país como Colombia. Ninguna se ha pronunciado sobre el asedio a la Corte.

Hoy, lamentablemente, la elección de la próxima fiscal está manchada y, según los resultados de las últimas rondas, el voto en blanco es mayoría. ¿Acaso la terna es inviable y requiere cambios? Si la Corte elige pronto, habrá quienes piensen que los magistrados se arrodillaron y se dejaron presionar. Si se demoran, entonces, habrá quienes consideren que no están cumpliendo con su deber. Lo mejor es que tengan todas las garantías para que, en su sabiduría y en sus tiempos, puedan elegir libremente.

De hecho, este proceso se inició hace siete meses cuando el presidente presentó, de forma muy anticipada, la terna. Luego vino su modificación y aún hoy el fiscal Barbosa no ha concluido su período. Lo termina este lunes 12 de febrero. ¿En qué está retrasada la Corte? La regla ha sido un período de interinidad en la Fiscalía que se ha extendido durante meses mientras el alto tribunal ha tomado sus decisiones.

Petro está en la obligación de cuidar la democracia, cumplir la Constitución, proteger las instituciones, rodear la Justicia y dar ejemplo. El caos y cualquier paso en falso pueden ser catastróficos para él y para el país.