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Fernando Ruiz Gómez  Columna Semana

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Dra. Piedad, no tendría presentación

La disponibilidad, oportunidad, calidad y transparencia de la información es una necesidad; no solamente para la formulación de políticas, sino también para el debate democrático informado.

Fernando Ruiz
22 de julio de 2024

En días pasados, una reconocida profesora e investigadora de la Universidad Nacional preguntaba en su cuenta de X cómo en la Encuesta de Calidad de Vida 2024 que había realizado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se notó la ausencia del cuestionamiento sobre la disposición y entrega de medicamentos a la población de parte del sistema de salud. Una inquietud que siempre estuvo incluida en las encuestas nacionales, por 30 años, y que constituye uno de los indicadores más importantes para establecer qué tan completa y oportuna es la dispensación de medicamentos a los colombianos.

Pero no es la única. Desde la presentación de la encuesta realizada por el Dane en agosto de 2023 se anunció que se excluirían 23 preguntas y subpreguntas relacionadas con el uso de servicios de salud como hospitalización y urgencias. Esto nos lleva a un completo apagón sobre la oportunidad y calidad de los servicios de salud y se rompe la serie que permitió (en el pasado) el estricto seguimiento al sistema de salud.

Se elimina también, por ejemplo, la pregunta sobre embarazo actual en los albores de la mayor crisis demográfica que pueda enfrentar el país en los últimos 50 años, con la evidencia de reducción de la tasa de natalidad y que se ha acentuado en la pospandemia. Esto quiere decir que las políticas demográficas quedarán desfasadas a la presentación de los registros de nacimientos, cuya recolección y consolidación se hace naturalmente con dos años de retraso.

No obstante, lo más crítico es que el Dane excluyó el indicador más importante sobre la protección social en salud para el ciudadano -y el evaluador por excelencia del aseguramiento en salud del ciudadano-: el gasto de bolsillo. Ese pilar mide cuánto gastamos en salud los colombianos de nuestro propio bolsillo. De cada 100 pesos invertidos en tratamientos y medicamentos, qué tanto paga el Estado a través de la seguridad social y cuánto cada ciudadano en la recuperación de nuestra salud.

Es un índice tan relevante, que la propia Corte Constitucional ha mantenido constantes requerimientos de medición y reporte al Ministerio de Salud asociados al cumplimiento de las órdenes emanadas de la sentencia T-760 de 2008, el Auto 496 de 2022 y otros autos y órdenes vigentes. El gasto de bolsillo es un indicador global de comparación entre los países del mundo y es de reporte esencial para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de la cual Colombia hace parte y la que el actual gobierno gusta referenciar siempre que algún indicador no nos favorece.

Hago especial énfasis en el gasto de bolsillo en salud de Colombia -que para 2023 se situó en el 15 %- porque ha venido reduciendo sustancialmente, es el segundo menor del continente y uno de los menores en el mundo. ¿Por qué se quiere eliminar precisamente cuando el gobierno ha pretendido reformar el sistema de salud y lanzar un nuevo “modelo”? ¿Por qué eliminar de las estadísticas oficiales los indicadores que permitirán el seguimiento y evaluación de las reformas y de la propia gestión administrativa del gobierno, orientada a “posibilitar la crisis” del sistema de salud?

Eliminar de la Encuesta de Calidad de Vida estos indicadores (gasto de bolsillo en salud y la entrega de medicamentos) despierta suspicacias. Un instituto técnico e independiente, como el Dane, no debería permitirse esos “lujos” en un país que ha sido respetado internacionalmente por la idoneidad y constante esfuerzo por indicadores de calidad en la información pública. La disponibilidad, oportunidad, calidad y transparencia de la información es una necesidad, no solamente para la formulación de políticas, sino también para el debate democrático informado. Es asimismo lo que propenden las guías de las Naciones Unidas en lo referente a relevancia, imparcialidad y acceso.

Ni el Dane ni los centros de investigación, ni el ya casi inexistente Departamento Nacional de Planeación (DNP), deben dejar de hacerse y responder a estas preguntas. Pero también valdría la pena que el recién instalado Congreso de la República se las dirigiera directamente al Dane.