Los agricultores cuentan por qué le temen a la reforma tributaria

Ninguno se conoce, pero en la cabeza de todos ronda el mismo pensamiento: la reforma tributaria. En el calor de Magangué, la tierra del bocachico, el pescador Omar Guarín vislumbra un futuro desolador si se aprueba el impuesto de IVA a las redes de pesca. Mientras tanto, en medio de las colinas Belén, en Boyacá, el productor de papa Darío Carreño piensa cómo podrá obtener ganancias con un impuesto a los plaguicidas que equivale al 8 por ciento de la venta de su papa. Y al norte de Boyacá, en Curití, José Delio Porras, un curtido artesano, cree que grabar las fibras vegetales con IVA de 19 por ciento dejaría sin sustento a los cultivadores y artesanos que viven del fique en Colombia. 

En la historia reciente, ninguna Reforma Tributaria había suscitado tanta polémica como la presentada el 6 de abril al Congreso por Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público. Este proyecto de ley, con el que el Gobierno Nacional espera recaudar 25,4 billones de pesos, contempla varios puntos que preocupan a varios de los sectores del campo y el agro colombianos. Varias propuestas han sido tan polémicas que, Jorge Bedoya,  presidente de la máxima asociación gremial agropecuaria del país, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), calificó la reforma como “indolente con el campo colombiano”.
 

IVA a los plaguicidas: ¿Jaque a los paperos?

El año pasado, los cultivadores de papa sufrieron por una caída histórica en los precios de su producto, que llegó a pagarse a $15 mil la carga. La crisis fue tal, que muchos  tuvieron que vender su cosecha a precios irrisorios a orillas de las carreteras. Uno de esos cultivadores es Fidel Salazar, representante en Boyacá de la junta directiva del Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Salazar afirma que uno de los impuestos verdes propuestos en la reforma, que impone una tarifa del 8 por ciento a los plaguicidas, equivale al 40 por ciento de los costos de producción de la papa. 

“Nosotros, los productores de papa, vivimos en la agricultura del azar, de la suerte”, dice otro productor, Darío Carreño, quien afirma que la crisis del 2020 trajo pérdidas del 50 por ciento en el costo de producción. Según cuenta, en los últimos meses los costos de pesticidas y otros insumos han subido sin pausa. El bulto de fertilizante pasó de $80 mil a $118 mil, un alza de cerca del 40 por ciento. “Un costo más alto, como el que propone la reforma, terminaría por quebrarnos a los pequeños y medianos agricultores”,  asegura Salazar.

Otro tema que preocupa a los cultivadores es el IVA a los sistemas de riego, las cosechadoras, los tractores y la gasolina. El IVA del 19 por ciento a estas herramientas y productos, dice Carreño, “nos pone unos costos de producción imposibles de cubrir”. Hoy en día, los productores alcanzan el punto de equilibrio al vender la carga de papa por 60 mil pesos. De aprobarse la reforma, calculan que subiría a 80 mil.

Salazar recalca que otro problema que no se ha atendido es el de la declaración de renta que tendrían que presentar quienes ganen más de $1,6 millones mensuales. La mayoría de cultivadores en Boyacá forman parte de la informalidad laboral y “muchos de ellos están preocupados porque no saben cómo justificar sus impuestos ni presentar declaraciones de renta. No saben cómo tributar. Un gran número vive, como es mi caso, aislado, sin comunicación. Seguramente terminarán incurriendo en sanciones por no presentar sus declaraciones. Va a ser un tema muy confuso”, dice el cultivador.

Productores de pollo

Los productores de pollo del país comparten algunas preocupaciones con los cultivadores de papa. El impuesto a los plaguicidas, dicen, es muy preocupante. De acuerdo con Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, en los países estacionales la llegada del invierno erradica las malezas de los cultivos. Colombia, al ser tropical, necesita de los agroquímicos en todos los cultivos: el arroz, el algodón, la caña, la papa. Moreno dice que “se aspira a que Colombia se vuelva a ser un gran productor de maíz cuando se solucione el tema de tierra, pero estos impuestos van a desincentivar la producción de maíz a gran escala porque suponen un sobrecosto a gran escala”.

El impuesto a los plaguicidas no es la única inquietud de paperos y productores de pollo. Ambos sectores consideran que las importaciones son una amenaza para la competitividad de los productos nacionales. En la actualidad, al país llegan unas 100 mil toneladas de pollo cada año, la mayoría provenientes de Estados Unidos. “Ahora todos estos productores americanos sí van a tener una devolución del IVA de toda su cadena —dice Moreno—. Mientras tanto, nosotros vamos a quedar en una gran desventaja. Además, frente al tema de costos, estas devoluciones aplican a todos los productores: el pequeño, el mediano y el grande”. 

El pollo, que en la reforma pasa de exento a excluido, termina pagando un IVA por los sobrecostos a su cadena productiva. Por ejemplo, por el plástico de un solo uso, que por el decreto 1500 exige su manejo en la industria del pollo. “Es una ironía porque se nos va a encarecer el producto por cumplir la ley”, afirma Moreno.
 

La desprotección de los pescadores artesanales

Lejos de las discusiones de gremios, políticos y gobernantes, en Magangué (Bolívar), Omar Guarín se pregunta cuántos años más sobrevivirá la pesca artesanal, un oficio al que se dedican más de 200 mil personas en la gran cuenca Magdalena-Cauca. Guarín es una de esas personas. Este pescador, quien aprendió las habilidades de su padre, cree que la reforma debe ajustarse; de lo contrario, en sus palabras, vendrá una “debacle total”.

Guarín considera que subir el IVA a la gasolina del 5 al 19 por ciento será un fuerte golpe para los pescadores. En Magangué, las faenas de pesca cubren largos trayectos de navegación hasta el río San Jorge, río Cauca y las ciénagas más amplias y profundas donde la cantidad de pescado es mayor. “Imagínese usted: si en cada jornada gastamos 100 mil o 150 mil pesos en gasolina, ¿cómo será si les suben al combustible? Y, de ñapa, quieren meterle IVA a las redes”.

Para los pescadores artesanales, las redes son una herramienta fundamental. En la actualidad, un kilo de malla -del que se usa para pesca en aguas continentales- cuesta 80 mil pesos. Para una red de pesca se necesitan al menos 5 o 10 kilos: es decir, de 400 mil  a $800 mil. En promedio, cuenta Guarín, cada 4 meses se debe cambiar de red, pues se deterioran con facilidad. 

“Como no tenemos incentivos ni opción de créditos blandos, para poder pagarlas nos toca recurrir a los ‘gota a gota’, que cobran una tasa de usura del 200 por ciento. Terminamos trabajando para ellos —dice Guarín—. Así es muy complejo subsistir, y peor pagando las redes un 19 por ciento más caras”. 

Para Adriana Cadena, directora de la Mesa Confederación Nacional de Pesca Artesanal, el impuesto a las redes supone también una amenaza para los planes de ordenamiento pesquero, en los que se contempla que los pescadores cambien sus redes ilegales por unas legales. Este plan abarca varias regiones, entre ellas el Golfo de Urabá, Córdoba y Cesar. “El IVA a las redes interrumpiría estos procesos que buscan la conservación, pues los costos para los pescadores van a subir los precios”, cuenta Cadena.

El sector pesquero también vive una crisis por cuenta del pescado foráneo. El 70 por ciento del que se consume en Colombia es importado. A esto se suma una realidad que afecta a los pescadores artesanales y es la alta tasa de analfabetismo, que en algunas regiones alcanza el 36 por ciento. En ese escenario, la presentación de declaración de renta y demás trámites tributarios se complica. 

 no
El Fique: una fibra en desventaja

Quien visita Curití, vuelve a casa con una cartera, un tapete o unos alpargates de fique. Esta fibra natural es un patrimonio de este municipio de la provincia de Guanetá. Por décadas, las cosechas de cebolla, papa, maíz y otros productos se cargaban en sacos de fique, pero la llegada del plástico, con todo y su contaminación, arrasó con su producción. Hoy un saco de plástico cuesta $900, mientras que uno de fique vale $2.200. “Las fibras vegetales representan hoy una gran oportunidad para el cuidado del medio ambiente. Por eso nos deja muy desconcertados el impuesto del 19 por ciento contemplado por la reforma tributaria”, dice José Delio Porras, gerente de Ecofibras, en Curití.

El fique es un cultivo de economía campesina del que dependen más de 46 mil familias en 7 departamentos: Cauca, Antioquia, Nariño, Santander, Boyacá, Caldas y Risaralda. Porras explica que el fique ha sido un cultivo de zonas marginales y de conflicto: zonas de narcotráfico y minería. “Es —cuenta— un sector que no ha tenido atención del Gobierno en investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica. Pero que el cultivo le ha aportado  mucho al país, porque todas las cosechas de café se empacan en costales de fique al igual que las de cacao”.

Los productores y artesanos de fique temen que se apruebe el IVA al fique, pues los dejaría en desventaja frente a las importaciones de India y Pakistán, y del yute, una fibra proveniente principalmente de Brasil que no paga aranceles y con la que no pueden competir en términos de costos de producción. “Si a eso le sumamos el IVA a la gasolina y a otros insumos, quedamos totalmente fuera del mercado”, dice Porras, para quien el Estado ha incentivado las importaciones y no la producción nacional.

Muchos de los cultivadores de fique viven en zonas donde no hay vías ni servicios. En Cauca, por ejemplo, la población indígena que siembra esta fibra es muy numerosa. Como sucede con los pescadores, la tasa de analfabetismo es muy alta. “Algunos ni siquiera llegan a primaria”, cuenta Porras. 

Otros sectores se han unido a estos reclamos. Muchos consideran que el agro saldrá perjudicado de aprobarse una polémica reforma tributaria que en el campo parece no ser bien recibida.

Te puede interesar: La guardiana de semillas nativas del sur del Tolima