Abortar en zonas remotas de Colombia
En la ruralidad, muchas mujeres ni siquiera logran acceder a su derecho a abortar en las tres causales aceptadas. Lo impiden el desconocimiento, el miedo y las barreras estructurales, mientras el Estado no tiene respuesta.
Encuentra aquí lo último en Semana
Abortar supone transitar un largo camino para una mujer que vive en Putumayo. Como el departamento solo cuenta con dos centros médicos de nivel dos, no hay lugares que realicen el procedimiento legalmente. Es necesario llegar a Mocoa, pagar 60.000 pesos por un pasaje de bus hasta Pasto y recorrer ‘el trampolín de la muerte’, una carretera sin pavimentar de 150 kilómetros, construida hace 90 años, que serpentea al filo de un abismo.
El 2 de marzo la Corte Constitucional desistió de pronunciarse sobre la ponencia del magistrado Alejandro Linares que buscaba despenalizar el aborto antes de las primeras 16 semanas de gestación. De ese modo, siguieron vigentes las tres causales que rigen desde 2006: cuando el embarazo represente riesgo para la vida o la salud de la madre, sea producto de una violación o el feto presente malformación.
Más allá del fallo, en la mayoría de zonas rurales de Colombia el Estado aún no ofrece garantías para que las mujeres accedan a los servicios de salud. La organización Médicos Sin Fronteras recogió datos de 428 mujeres que buscaron ayuda para abortar. De ellas, el 88 por ciento afirmó que tuvieron al menos un obstáculo para acceder al procedimiento. Abortar en la Colombia remota implica dilaciones,
maltratos, altos costos, largos viajes y procedimientos riesgosos que ponen en peligro la vida de las mujeres.
Uruguay, que legalizó el aborto en 2012, redujo de 40 a 8 por ciento la mortalidad materna por esta causa, según el International Journal of Gynecology and Obstetrics. © Esteban Vega La Rotta
Según datos del Instituto Nacional de Salud, en 2019 hubo en Colombia 477 muertes maternas registradas, de las cuales 298 ocurrieron en etapas tempranas: durante el embarazo, el parto y hasta los 42 días de finalizada la gestación. El mismo estudio indica que la tasa de mortalidad en el país es de 46,73 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Las regiones que presentan las peores cifras son Vichada, Buenaventura, Vaupés, Amazonas y Guainía, que superan las 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Hallar cifras actualizadas sobre aborto en zonas rurales es prácticamente imposible. El Instituto Guttmacher realizó el estudio más reciente en 2011. La falta de datos se debe, según Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s Link Worldwide, “a los problemas del sistema general de salud, que no llega a todo el territorio, y si llega, en los centros no tienen la capacidad de reportar datos sobre el tema”.
Muchas barreras impiden a las mujeres someterse a un aborto en las regiones rurales. Una de ellas es la ausencia de servicios, que conduce a demoras costosas y peligrosas. Según Ángela Martínez, abogada y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Nariño, en municipios como Barbacoas o El Charco el ginecólogo solo va una vez al mes. Como el médico que atiende todos los días no está capacitado para identificar, por ejemplo, una malformación del feto, el diagnóstico puede llegar muy tarde.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, en 2019 se registraron en Colombia 477 muertes maternas
Entonces comienza un viacrucis. La mujer debe tomar por su cuenta varios medios de transporte para llegar a Pasto, pues la EPS solo los cubre cuando la causa es acceso carnal violento. Al llegar encontrará que en todo el departamento de Nariño no hay una institución que atienda casos que superen la semana 20. “Al final —dice la abogada Martínez—, deben viajar al Valle del Cauca. Cuando llegan, ya ha avanzado mucho la edad gestacional. En muchos casos, ocurre el alumbramiento”.
También denuncian en zonas rurales que las instituciones no cubren todas las causales de aborto amparadas por la ley. “Unas solo atienden casos de violencia sexual, otras solo los de malformación incompatible con la vida intrauterina, otras desconocen la causal de afectación o riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. Y lo hacen abiertamente, de acuerdo con quien asume el agenciamiento o la gerencia de las instituciones de salud”, dice Martínez.
Lejos de Pasto, en Norte de Santander, viven una situación igual de compleja. Allí la violencia crece y, con ella, la falta de presencia del Estado. Para movilizarse por el Catatumbo muchas veces hay que ir a pie o a caballo. Las principales razones por las que las mujeres interrumpen su embarazo están relacionadas con violencia sexual, no solo de grupos armados, sino de sus propios familiares.
Para Alejandra Vera, directora de la corporación Mujer, Denuncia y Muévete, la negligencia de las entidades prestadoras de salud plantea la principal dificultad en Norte de Santander. Como dice ella, “en Tibú hay un hospital de primer nivel en donde no brindan ayuda o información. Cuando las mujeres llegan para someterse a un aborto, les dicen cosas como que es un pecado. Y si no desisten, llaman al inspector de la Policía para que las judicialice”. Otro caso similar ocurrió en Ocaña, donde funcionarios del hospital llamaron a la Policía, un agente grabó a la paciente y subió el video a redes sociales. “Los mismos funcionarios ponen las barreras para que las mujeres no puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”, asegura Vera.
En estos contextos, muchas mujeres desconocen sus derechos y eso se convierte en uno de los agravantes. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que saben que el aborto es legal en algunos casos es del 40 por ciento en las zonas rurales, una cifra que contrasta con el 60 por ciento en las zonas urbanas.
La otra barrera común tiene que ver con la objeción de conciencia. Los médicos en Colombia pueden negarse a hacer el aborto amparados por el artículo 18 de la Constitución. No obstante, quien sea el único médico (como ocurre en muchos municipios) debe obligatoriamente remitir a la paciente a otro o, si no lo consigue, realizarlo aun contra su voluntad. Pero muchos facultativos rurales objetan aunque no haya médicos en muchos kilómetros a la redonda. “Les dicen ‘objeto conciencia, váyase’, y mandan a las mismas pacientes a buscar otro profesional a pesar de que la sentencia de la Corte dice que son ellos quienes deben buscarlo”, cuenta la abogada Alejandra Coll.
Garantizar estos derechos en zonas rurales alejadas como Putumayo, el Pacífico nariñense, el Urabá antioqueño y otras implica acciones pedagógicas sobre salud sexual y reproductiva, el acceso a anticonceptivos y que las mujeres y los prestadores de salud conozcan y reconozcan el derecho al aborto. Ciertamente la Corte no cambió el marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero el país debe aplicar un enfoque territorial para atender la realidad de muchas mujeres en las zonas rurales.
